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En el nombre de este Estado

Lo cierto es que lo que el Tribunal Supremo ha establecido es que los generales golpistas y Franco fundaron este Estado nuestro, del que esos jueces son parte consciente. Esa siempre ha sido la realidad jurídico política

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Madrid, 23 de julio de 1969.- El Príncipe Don Juan Carlos de Borbón juró esta tarde ante el pleno de las Cortes, lealtad al Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento y a las Leyes Fundamentales del Reino, de acuerdo con la ley aprobada ayer por la cámara y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo noveno de la Ley de Sucesión y en el 50 de la Ley Orgánica del Estado. En la imagen, discurso del presidente de las Cortes, Antonio Iturmendi Bañales, durante el acto.- EFE / jt

El entonces Príncipe Don Juan Carlos de Borbón jura ante el pleno de las Cortes, lealtad al Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento y a las Leyes Fundamentales del Reino EFE / jt

¿Debemos seguir el día a día de los pactos y chalaneos aquí y allí? ¿No sería más conveniente pararse a ver lo que realmente está ocurriendo, hacia dónde vamos? Aparentemente el proceso de crisis de Estado que vivimos desde hace unos años, y que se podría retratar en la sucesión del Borbón Juan Carlos a Felipe con dos modos de interpretar la jefatura del Estado, es algo decisivo. Si no lo es, ya me dirán lo que lo es.

Hace unos días en las redes sociales, porque los medios convencionales prácticamente lo ignoraron de modo muy consciente, se armó un silencioso ruido porque el Tribunal Supremo reconocía formalmente a Franco como jefe del Estado. Es cierto que es algo terrible, pero esa es nuestra terrible realidad. Lo que a muchas personas les parece una anomalía a los magistrados del Supremo les parece lo normal, han vivido eso toda su vida como su normalidad, porque lo es.

De hecho sus biografías son en muchos casos la biología del franquismo judicial y al poner por escrito la realidad seguramente no supieron valorar el eco de la jurisprudencia que dictaban, no supieron valorar que la sociedad ha cambiado a su alrededor, que hay nuevas generaciones que ignoran el origen de este sistema político y se escandalizarían de que les dijesen la verdad.

Lo cierto es que lo que el Tribunal Supremo ha establecido es que los generales golpistas y Franco fundaron este Estado nuestro, del que esos jueces son parte consciente. Esa siempre ha sido la realidad jurídico política. De eso trataba precisamente lo que intentaron hacer aquellos sectores minoritarios que se enfrentaron al Estado y pretendían una ruptura política y jurídica, de eso trató la Transición, de que después de Franco las cosas siguiesen el curso establecido.

El sucesor en la jefatura del Estado, y nuevo jefe de los ejércitos tras Franco, juró lealtad a los principios del Movimiento y al Estado nacido de la rebelión del 18 de Julio. Literal. (Por favor, si tenemos una edad no finjamos ignorancia o inocencia, que es muy feo y ridículo.) Al Supremo sí hay que reconocerle cierta inocencia o ignorancia, pues tan acostumbrado a esa normalidad no recordó que hay que fingir y no es conveniente llamar a las cosas por su nombre pues la clave de la democracia española es el fingimiento, simular que somos libres y hemos decidido todo libremente, empezando por el famoso consenso y la Constitución vigente, monarquía incluida.

En estos días el Supremo va a establecer formalmente más cosas, que la disidencia política es delito. En la práctica ya lo es, pues la cárcel, el exilio y el juicio a la única disidencia política verdadera en todos estos años se ha dado pacíficamente en Cataluña. Cuando el tribunal dicte sentencia condenatoria (está escrita desde hace tiempo) cualquier persona que pretenda ejercer la disidencia pacífica será delincuente y podrá ser encarcelada, tendrá que exiliarse o será juzgada.

Y eso será con el consentimiento de una sociedad que se pondrá de parte de este Estado fundado el 18 de Julio de 1936 que, tras unos momentos en que pareció que sería capaz de aplicar una ley de memoria histórica y de reconocer la existencia de naciones políticas en su interior y renegociar autogobierno, ha evolucionado hacia su origen y ahora está estableciendo en la jurisprudencia lo que ya era su realidad política.

Ahora que ya no hay "rojos" contra los "separatistas" vale todo, la "unidad" del Estado es un valor político absoluto que laminó como apisonadora cualquier valor democrático, "fachas" y "progres" están de acuerdo en que antes que un soberanista que cuestione este Estado ocupe una alcaldía vale cualquier voto, aunque sea de quienes se manifestaron con la extrema derecha. Antes de que vuelva del exilio o salga de la cárcel un preso político catalán deben ponerse de parte de "la ley", aunque los tribunales estén "controlados desde atrás", de parte de este Estado.

La disidencia sigue siendo un vicio que se permite en algunos países democráticos, aquí no.

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