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Un nuevo proceso para Cataluña

El que hoy parece un obstáculo insuperable para alcanzar un acuerdo, el derecho a decidir, puede no serlo si se instaura un nuevo clima de relaciones y se confirma que ambas partes quieren entenderse

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Pedro Sánchez se reunirá la próxima semana con Casado, Rivera e Iglesias

EFE

Todo parece indicar que Pedro Sánchez no necesitará del apoyo de los independentistas catalanes para ser investido. Y más si sus cuatro diputados –Junqueras, Turull, Rull y Sànchez– recogen su credencial pero son suspendidos y por tanto no pueden votar. Si además el PSOE no favorece a Esquerra para que entre en la Mesa del Congreso, el nuevo Gobierno se constituirá sin necesidad de negociación previa alguna con ese partido y con el de Puigdemont. La derecha se verá así privada de argumentos para atacar a los socialistas durante la campaña de las municipales y autonómicas. Y el problema catalán, el primero de la política española, podrá ser abordado con tiempo y serenidad.

Está claro que ese conflicto se ha desdramatizado en los últimos meses. Hasta el punto de que el PP y Ciudadanos casi dejaron de hablar del mismo en la última fase de sus campañas. La normalidad, hasta el tedio, con la que se ha venido desarrollado el juicio contra los dirigentes del procés ha contribuido a ello. Normalidad dentro de la sala y, sobre todo, fuera de ella, con movilizaciones solo simbólicas y cada vez más escasas. La división, cada vez más ostensible, entre los dos principales partidos independentistas también ha influido. La opinión pública la ha percibido como una pérdida de fuerza en su guerra con Madrid.

Pero, sobre todo, el asunto ha ido perdiendo intensidad y presencia en las encuestas porque el que más y el que menos, por poco informado que estuviera, ha ido concluyendo que tras la convulsión de septiembre y octubre de 2018 el conflicto no ha ido a más y ha terminado por ser el problema que ha habido siempre con Cataluña…y con el País Vasco. Hay quien dice que no haberlo visto así y seguir exigiendo el castigo más duro contra los independentistas como banderín de enganche de su campaña ha sido el motivo principal del fracaso de Pablo Casado en las generales.

Puede que no sea para tanto, que otros factores expliquen tanto o más en el desastre del PP. Pero sin duda ha contado. Casado y Rivera se han llenado la boca un día y otro denunciando supuestos pactos secreto entre Pedro Sánchez y Quim Torra pero los electores socialistas del 28A no han tenido en cuenta esos mensajes. Porque no se los han creído o porque han llegado a la conclusión de que a palos no se resuelve nada en Cataluña, tal y como les ha repetido el líder del PSOE. Veremos qué se atreven a decir ahora sobre el asunto. Pero da la impresión de que no va a influir mucho en el panorama.

Lo cierto es que por unos u otros motivos, la actitud hacia la cuestión catalana ha dejado de ser el principal baremo para valorar la actuación de las fuerzas políticas españolas, contrariamente a lo que ocurría hace ocho o diez meses. Hoy hay otras cosas importantes. Y puede también que esa pérdida de dramatismo ya se hubiera producido en buena medida el 2 de diciembre del año pasado, cuando los andaluces acudieron a las urnas. Y que los motivos principales del desastre de Susana Díaz y del PSOE andaluz haya que buscarlos en el rechazo, por hartazgo, de muchos electores, entre ellos no pocos socialistas, hacia el régimen clientelar que éste había implantado.

Sea como sea, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez se encontrará con mejores condiciones relativas que el anterior para afrontar el problema catalán y con posibilidades de encontrar un camino viable para irlo encauzando. Sin prisas. De ahí lo importante que el proceso de creación del nuevo marco parlamentario y político no se vea distorsionado por la necesidad de llegar a acuerdos con el independentismo desde un primer momento.

Para iniciar ese camino hace falta tiempo. En general y también para que previamente se aclaren dos cuestiones pendientes. La primera es el resultado del juicio al procés. La segunda estriba en conocer cuál es el reparto real de fuerzas políticas que en estos momentos existe en la escena catalana.

Si la sentencia del Tribunal Supremo convalida el durísimo criterio de los fiscales y del juez Llarena, que visto desde fuera parece insostenible, la justicia española habrá contribuido a colocar de nuevo la cuestión catalana al borde de la implosión y pasará a la historia por haber sido un bombero pirómano más que otra cosa. Si el juez Marchena y sus colegas rebajan las calificaciones fiscales y, sobre todo, eliminan la de rebelión tal y como piden muchos magistrados españoles y sugieren algunos tribunales extranjeros, el panorama será radicalmente distinto.

Y las elecciones catalanas, que llegarán más pronto que tarde, no sólo permitirán comprobar si el independentismo sigue siendo la mayoría minoritaria que decide en el Parlament, sino, sobre todo, cómo se reparten las fuerzas en su interior. Porque si Esquerra supera al partido de Puigdemont en la misma medida en que lo ha hecho en las generales se abriría un nuevo escenario político en Cataluña. En el que el protagonismo lo tendría el partido de Junqueras. Que parece haber renunciado a la vía unilateral, ve posible un acuerdo con el gobierno central y distingue sin ambages a la derecha española de la izquierda. Aparte de eso, las elecciones deberían aclarar si Ciudadanos sigue teniendo en Cataluña la misma fuerza que obtuvo en diciembre de 2017. Y si el PSC sube el parlament lo que lo ha hecho el domingo pasado.

Habrá que esperar unos cuantos meses para que se sepa cómo quedan las cosas en los terrenos citados. Pero si se confirman los pronósticos más optimistas en todos o en buena parte de ellos, un proceso de negociación con visos de alcanzar resultados importantes será posible.

Es pronto para pronosticar sus eventuales contenidos. Pero no para señalar que el que hoy parece un obstáculo insuperable para alcanzar un acuerdo, el derecho a decidir, puede no serlo si se instaura un nuevo clima de relaciones y se confirma que ambas partes quieren entenderse. No mediante una reforma constitucional que elimine el veto al derecho a la autodeterminación, que eso parece imposible en un horizonte mínimamente previsible. Pero sí para encontrar una fórmula de consulta popular sobre la incardinación de Cataluña en España que satisfaga a ambas partes. Sobre todo, si previamente se han alcanzado acuerdos en otros terrenos.

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