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Unos presupuestos contra la igualdad

En la Edad Moderna el lema “ningún tributo sin ley”, representaba el control de los contribuyentes sobre el poder del rey, y en la Contemporánea la ley de presupuestos aspira a expresar la “voluntad popular” sobre los ingresos por los que el Estado participa en los beneficios del mercado, y sobre los gastos con los que materializa la igualdad real de derechos. Las mujeres hemos sido privadas de la ciudadanía hasta tiempos recientes, en los que el movimiento feminista logró primero el derecho al voto, y ahora demandamos la igualdad en el proceso de toma de decisiones y en el contenido de las decisiones políticas. Por eso, los presupuestos participativos y con perspectiva de género son imprescindibles para la igualdad social y de género y para la democracia real.

La principal aportación de la economía feminista es demostrar que la producción de bienes y servicios no sólo se hace por el Estado y el Mercado, lo que mide el PIB, sino también por el trabajo doméstico no pagado, realizado mayoritariamente por mujeres, en particular el trabajo de cuidados de la infancia y las personas en situación de dependencia. Pedimos el reparto familiar y social de los cuidados, y el principal mecanismo para ello es el desarrollo de los servicios públicos de educación, incluyendo la de 0 a 3 años, de salud y de atención a personas en situación de dependencia.

Ochenta y una asociaciones feministas hemos firmado un manifiesto sobre el Proyecto de Presupuestos del Estado para 2013. No sólo pedimos políticas “específicas” de igualdad, sino que las políticas “generales” no discriminen, por acción o por omisión, a las mujeres. Como las pensiones de la Seguridad Social, el 40,1% del gasto no financiero del Estado, que son inferiores a 700 euros al mes para el 76% de las mujeres y el 36% de los hombres. O las prestaciones por desempleo, cuya partida bajarán un 6,3% mientras el paro ha subido un 16% anual, alcanzando, según la EPA del Tercer trimestre de 2012 a 5.778.100 (46% mujeres), y aumentando en ese trimestre más del doble el número de paradas (68.700 más) respecto al de parados (28.200 más), ligado a la destrucción de 49.500 empleos en el sector público y 47.600 en el privado. Los recortes de servicios públicos y de protección social, junto a la reforma laboral, despiden cada día a 1.000 personas.

El Gobierno ha recortado en diciembre, marzo y julio de 2012 las prestaciones de la ley de Dependencia, de manera que, en vez de avanzar hacia la universalidad, ha excluido a más de 300.000 dependientes moderados y perdido a 9.487 beneficiarios con dependencia severa o grave, y continuará así en 2013, al bajar en 200 millones, un 15%, la partida de prestaciones gestionada por las comunidades autónomas, pese a que solo para atender a las 771.000 personas ya incluidas en el sistema se necesitarían 300 millones más. Con estos recortes el Estado impone a las hijas y familiares, y también a las empleadas de hogar, que mantengan o aumenten su dedicación gratuita o mal pagada a un sistema sexista de cuidados, que la propia exposición de motivos de la ley reconoce como insostenible, por ser incompatible con el empleo y la salud de las cuidadoras, los cambios familiares y el aumento de la esperanza de vida.

La Sanidad Pública, con un recorte del 22,6% respecto a 2012, no podrá ser universal, ni gratuita, ni de calidad. A las medidas ya decretadas, como la exclusión de los inmigrantes sin permiso de residencia y otros colectivos, les sigue el recorte de ciertas prestaciones de su cartera de servicios, como la detección sanitaria de la violencia de género que varias comunidades ya han eliminado, derechos sexuales, reproductivos y de aborto, prótesis y transporte no urgente y repago farmacéutico y sanitario, incluso para pensionistas.

El gasto educativo del Estado se ha reducido casi en un tercio (31%) en los dos últimos años, pasando de 2.843 millones de euros en 2011 a 1.944 en 2013, siendo el mayor recorte, un 68%, en educación compensatoria para el alumnado con dificultades, mientras el aumento del número de estudiantes por aula afecta a la calidad, incluyendo la coeducación y la educación para la igualdad; y la sustitución de comedores escolares por tarteras familiares, del transporte escolar por el familiar y el cierre de colegios rurales, aumentan directamente el trabajo doméstico, y también inciden indirectamente el aumento de las tasas de educación infantil de 0 a 3 años, profesional y universitaria.

Las políticas de igualdad suponen el 0,017% de los Presupuestos del Estado, lo que no las salva de un recorte del 24% respecto a 2012, casi el triple de la media de los ministerios (8,9%); el Instituto de la Mujer pasa de 20,6 millones en 2011 a 13,6 en 2013 y la lucha contra la violencia de género, pese a su persistencia real, baja el 7%, sin contar el IPC del 3,4%. Si se compara con 2011, el recorte es del 39$ en igualdad y del 27% en violencia de género.

Otras medidas son el recorte de la cooperación al desarrollo en un 23%, sumado al de47% en 2011, que represen el 0,2% del PIB, lejos del compromiso mundial del 0,7%; o la indefinición sobre la actualización de las pensiones al IPC. También la suspensión de derechos ya legislados, como el incremento del 52% al 60% de la base reguladora para las personas pensionistas por viudedad, la del derecho a asistencia por dependencia moderada, o, por tercer año, de la ampliación a 4 semanas del permiso por Paternidad.

Mientras, el pago de la deuda se 'comerá' una cuarta parte del gasto del Estado en 2013, lo que, además de ineficaz, es ilegítimo, como señala la Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la Deuda, ante una deuda inducida por los bancos extranjeros y españoles, que asume como “públicas” sus deudas privadas, y por la que se acepta pagar 40.000 millones de euros de intereses en 2013.

Para analizar la incidencia real de estas medidas debería servir el Informe de Impacto de Género preceptivo desde 2003 y que desde 2009 acompaña al Proyecto de Presupuestos, pero que incumple el mandato de Naciones Unidas (CEDAW y ONU Mujeres) al afirmar que todo es bueno para las mujeres, sin referirse nunca a las cifras concretas de ingreso o gasto, ni a su relación con las personas de quienes proceden o a quienes se destinan. Y sin embargo, la igualdad social y de género no es ni un lujo superfluo ni una rémora, sino un motor para la salida de la crisis.


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