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Reiniciando España

El elevado endeudamiento del sector privado y su efecto sobre el sector financiero impiden cualquier recuperación de la demanda interna

Los últimos acuerdos del Consejo Europeo junto al programa OMT del BCE han elevado la certidumbre sobre el futuro del euro

La solución última a la recesión pasa por una profundización de la unión económica de la eurozona, pero el país necesita una actualización de los pactos internos políticos, sociales y territoriales

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Traducción de Rebooting Spain. Artículo publicado en la edición de febrero de State of the Left en Policy Network.

La crisis económica acumula ya cinco largos años y aún no se vislumbra una salida a corto plazo. Los efectos sociales están siendo devastadores, con unas tasas de desempleo y pobreza muy elevadas. Además, los casos de corrupción ocupan los titulares de la prensa y en las últimas semanas apuntan directamente al presidente del gobierno. Por todo ello, la incertidumbre política, económica y social ha alcanzado sus máximos, si bien hay también alguna buena noticia que procede de la eurozona aunque el nuevo presupuesto comunitario vuelve a aguar el ligero optimismo.

La economía española cerró el pasado año con una contracción del 1,4 por ciento. El número de desempleados se sitúa ya muy cerca de los seis millones, tres de los cuales no tienen derecho a prestación, y el desempleo juvenil supera el 50 por ciento. Además, cerca de dos millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro. Pero si estos datos son ya muy preocupantes, las perspectivas de corto plazo no son mejores. Para el año en curso, el propio gobierno adelanta una caída adicional de la renta del 0,5 por ciento que la Comisión Europea agrava hasta el 1,4. Así pues, tanto el presente como, sobre todo, la ausencia de un horizonte esperanzador están terminando de minar la confianza de la ciudadanía.

En el fondo, el elevado endeudamiento del sector privado y su efecto sobre el sector financiero impiden cualquier recuperación de la demanda interna. Los primeros deben dedicar todo su flujo de renta a reducir deuda y los segundos están acometiendo el saneamiento de sus propios balances, con el apoyo financiero del Eurogrupo. Por su parte, el sector público ha sufrido un rápido crecimiento de su deuda y, con independencia de los compromisos europeos, debe contener el tamaño de su déficit. Tal desequilibrio fiscal responde en gran medida al desplome de los ingresos, que han reducido su peso sobre el PIB en seis puntos porcentuales desde el inicio de la crisis, cuando en el resto de la eurozona se han mantenido estables. Este dato transparenta unas bases imponibles muy volátiles que complican la gestión de la política fiscal. Sin embargo, el gobierno ha centrado su estrategia en el ajuste del gasto (educación y sanidad) con una subida de impuestos indirectos y un incremento sólo temporal de los directos, rehuyendo una reforma profunda del sistema tributario. Tal es así que la Comisión Europa adelanta un incremento del déficit estructural en 2014.

Con independencia de la senda de ajuste, los países deudores de la eurozona están focalizando su estrategia de recuperación en la aceleración de una deflación interna que incentive a las exportaciones. Como se está observando, esta aproximación muestra insuficientes réditos en economías poco flexibles y, además, amenaza la cohesión y la estabilidad social. Así pues, este camino debe complementarse con una profundización de la integración de la eurozona. Este avance otorgaría más grados de libertad a la política fiscal y monetaria, que actualmente se encuentra muy encorsetada ante la naturaleza sub-óptima de la eurozona (acuerdo de tipos de cambio fijo). Y es aquí donde se observan algunas noticias esperanzadoras. Los últimos acuerdos del Consejo Europeo junto al programa OMT del BCE han elevado la certidumbre sobre el futuro del euro. Esta incipiente revisión del marco institucional está en la base de la suavización de los objetivos fiscales para los países deudores que podría acordarse en las próximas semanas.

En el plano político, hace poco más de un año, el PSOE perdía las elecciones generales, víctima de la crisis pero también de su incapacidad para responder pronto y articular un mensaje nítido ante la misma. Los electores otorgaron una amplia mayoría absoluta al Partido Popular con la esperanza de que pudiera enderezar la situación. Un año después la credibilidad del nuevo gobierno se ha esfumado ante la prolongación de la crisis, los incumplimientos electorales y, en las últimas semanas, los casos de corrupción.

En este último asunto, los medios de comunicación han publicitado una supuesta trama de financiación ilegal del Partido Popular. Según estas informaciones, empresarios ligados a la construcción habrían aportado donativos al PP superiores al límite legal. Estos ingresos ilícitos habrían sido utilizados para pagar sobresueldos a la dirección del partido no declarados a Hacienda. La prensa ha tenido acceso a la supuesta contabilidad paralela, donde se explicita que el actual Presidente, Mariano Rajoy, habría cobrado tales emolumentos ilegales. Hasta ahora, el Presidente ha negado la verosimilitud de tales informaciones. Por su parte, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha solicitado su dimisión.

En todo caso, este escándalo se suma a una serie de causas judiciales abiertas ante posibles corruptelas en ámbitos locales y regionales, pero también a otros casos que afectan al entorno de la Corona o al Tribunal Supremo. De este modo, el descrédito de las instituciones se está acentuando. Y es este entorno institucional, poco sugerente, el que ayuda a entender también las renovadas tensiones territoriales que aportan un grado adicional de inestabilidad.

Las encuestas recogen una caída notable del PP desde las pasadas elecciones de más de veinte puntos, dejando su apoyo electoral entorno al 24 por ciento. Sin embargo, el PSOE no recupera posiciones y se sitúa ligeramente por debajo del PP. Nunca ambas formaciones habían capitalizado un menor peso electoral conjuntamente. El destino de estos votantes desencantados apunta principalmente hacia la abstención, que podría elevar su peso en cerca de veinte puntos. Por lo demás, se observa también un crecimiento notable de los partidos minoritarios - UPyD al centro e IU a la izquierda– pero no un repunte del apoyo a formaciones anti-sistema o populistas.

En fin, España está sufriendo una dura crisis económica que está deslavazando la cohesión social con efectos negativos sobre la legitimidad del entramado institucional, que ya presentaba problemas relevantes. La solución última a la recesión pasa por una profundización de la unión económica de la eurozona, pero el país necesita una actualización de los pactos internos políticos, sociales y territoriales, que han protagonizado con éxito toda esta etapa democrática.

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