Contencioso varado entre los Erasmus granadinos 2011 y la Junta de Andalucía
Han pasado ya dos años desde que tuvieron noticia del problema (iniciado mucho antes en realidad), y casi uno desde que alrededor de 200 alumnos de la Universidad de Granada interpusieran un recurso contencioso-administrativo contra la Junta de Andalucía –el pasado enero– al entender sus abogados que era del Gobierno autonómico la responsabilidad última del dinero que no llegaron a cobrar por su beca Erasmus del curso 2011/12: un monto total que rondaría el millón de euros con casi 2.000 alumnos afectados.
La clave, como ya adelantamos en la larga información del mes de febrero, está en el BOJA del 16 de junio de 2008, en el que la Junta se comprometía a “complementar con 350 euros la financiación de las ayudas establecidas por la UE y el Ministerio de Ciencia e Innovación”.complementar con 350 euros
Carlos, uno de los alumnos afectados, nos contaba que era ese Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el principal documento al que “agarrarse” para poder reclamar. Según sus abogados –con quienes eldiarioandalucía ha hablado ahora–, “no cabe duda” de que es el Gobierno andaluz quien debe responder del dinero que nunca llegó a las cuentas bancarias de los alumnos; el dinero con el que todos contaban para amortizar sus respectivas estancias en el extranjero, y que sólo con el curso ya acabado se supo no iba a pagarse. Fue a través de una nota informativa, publicada el 28 de junio de 2012 en la web de la UGR, según la cual la Junta recortaba en cerca de 78 euros mensuales la partida total esperada (para 8 meses mínimos de estancia por cada alumno, que suelen ser 9).
Desde entonces, y ante las protestas de los miles de afectados (muchos de ellos con deudas e intereses de demora por préstamos bancarios que la propia Junta había avalado a través del contrato firmado para la beca), universidades y Gobierno regional se han atribuido mutuamente la negligencia, con las soluciones para los alumnos en punto muerto. Sin embargo, hace semanas un Tribunal de Almería desatascó en cierta forma la situación, al menos para los alumnos de aquella Universidad, al tiempo que admitía la responsabilidad última de la Junta en el impago.
En dichos fallos se condenaba efectivamente a la Universidad almeriense a pagar a los tres alumnos que denunciaron el dinero que se adeudaba a cada cual, ya que éstos “no pueden soportar las consecuencias” del dinero no percibido; pero señalaba que fue la Junta quien “disminuyó” la financiación. “Por eso no condenaron a la Universidad a pagar las costas del proceso”, explican desde el bufete que representa a los alumnos afectados de la UGR –Hidalgo Abogados–, al entender el juez que la responsabilidad originaria era efectivamente de la Junta (las universidades sólo actúan de intermediarias para entregar a los estudiantes las partidas que les llegan de los gobiernos regionales). Y ahora es la Universidad de Almería la que podría pedir cuentas, a su vez, a la comunidad autónoma.
Quienes representan a los alumnos almerienses prefirieron denunciar en su momento a la Universidad, por un camino más corto; en el caso de los de Granada, sus abogados reclamaron directamente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo –responsable de Universidades– por el motivo esgrimido desde el principio por los alumnos: que el contrato de la beca, y las obligaciones administrativas derivadas de él, corresponden a la Junta, no a la universidad.
“Sin respuesta” de la Junta
La Junta, argumentan desde el bufete, “tuvo la oportunidad” en el verano de 2013 de llegar a algún acuerdo: los alumnos interpusieron la reclamación correspondiente, pero, durante el pertinente plazo de 3 meses, “no hubo respuesta” en ningún sentido. La única contestación que los abogados consiguieron por parte de la administración, ya en agosto, fue que “reclamasen a la Universidad de Almería”. Lo cual, dicen, da “una idea” de la atención que el Gobierno prestaba al caso.
Tras ello –y por un error administrativo en los tribunales que lo retrasó aún más– se interpuso finalmente el contencioso-administrativo en enero de 2014; continuando a día de hoy prácticamente en el mismo punto, al no haber aportado todavía la Junta el expediente necesario para que el proceso siga su curso en el Tribunal Superior de Justicia, en Sevilla. La documentación de dicho expediente no vendría sino a corroborar lo que ya era público desde hace dos años: el compromiso de la Junta de abonar un mínimo de 350 euros al mes por alumno a lo largo del curso, y no “272 para los estudiantes sin beca MEC” y “152” para los que sí contaban con la beca anual del ministerio, tal y como figuraba en la mencionada nota de junio de 2012.
Por ello, los abogados desmienten tajantemente las declaraciones realizadas el pasado noviembre por el consejero del ramo, José Sánchez Maldonado, según las cuales el Gobierno andaluz ha venido transfiriendo “sin alteración alguna” desde 2009 las dotaciones de su responsabilidad correspondientes a las becas Erasmus. “Es falso, radicalmente”, dicen en Hidalgo Abogados: “Sólo hace falta comprobar lo que tenían comprometido en la Orden, ver las cantidades que acabaron transfiriendo, y echar las cuentas”. “Es más”, añaden: “en el verano de 2012 [después ya de anunciar la rebaja] la Junta seguía publicitando las cantidades que ya se sabía que no iba a pagar”.
Según los abogados, los procesos contra la administración suelen eternizarse por factores como ése del expediente: el silencio y la inmovilidad de las entidades públicas. Con lo cual el contencioso de los alumnos granadinos contra la Junta podría alargarse sine die.
El bufete aconseja, por ello, “tener paciencia” a los alumnos defendidos. Pero el fallo de Almería ha dado esperanzas, al menos, a quienes tenían muchas menos hace un año. Raquel, una de las estudiantes afectadas, es consciente de que “hay que esperar”, pero la suerte de sus compañeros almerienses “sienta las bases para nuestro caso”. Para los Erasmus granadinos del curso 2011/12, “está todo más claro todavía de lo que ya lo teníamos en un principio”.
