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ARAGÓN

El Gobierno de Aragón baja de nuevo el impuesto de herencias en cientos de pueblos

Hacienda reduce los coeficientes que se utilizan para calcular el valor de los inmuebles a efectos tributarios

La medida llega en plena polémica sobre la supuesta carestía de los impuestos de Sucesiones y Donaciones

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Fernando Gimeno, consejero de Hacienda del Gobierno PSOE-Cha que preside Javier Lambán.

Fernando Gimeno, consejero de Hacienda del Gobierno PSOE-Cha. Cortes de Aragón

La política aragonesa parece haber logrado fundar una novedosa disciplina: el surrealismo tributario, vendría a ser. Sólo así se puede entender que, al mismo tiempo que el Gobierno autonómico aplica en cientos de municipios de la comunidad una rebaja generalizada de los impuestos de Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el rechazo a la supuesta carestía de esos tributos llegue a provocar movilizaciones de las clases medias y a generar en las Cortes un encendido debate parlamentario.

Este, debido a que el centro-derecha sumó menos ausencias que el bloque de izquierdas (dos por seis), terminó el pasado jueves con una resolución que insta al Gobierno autonómico a crear una comisión de estudio para analizar “la aplicación del impuesto de Sucesiones y Donaciones en todas las comunidades autónomas”, entre las que se dan “considerables diferencias”, con la finalidad de “considerar la introducción de mejoras” que “aligeren la presión fiscal de los ciudadanos aragoneses en esta materia en el ejercicio 2017”.

Lo que uno dice y hace resulta contradictorio en ocasiones. Esta es una de ellas, ya que los grupos que sostienen a un ejecutivo que rebaja esos tributos se opusieron a estudiar nuevas reducciones mientras dos de los que impulsaron la revisión, Par y PP, dejaron sus coeficientes bastante por encima de su nivel actual al abandonar el Pignatelli en julio de 2015.

Sistema de coeficientes

La última rebaja, publicada hace unos días, amplía la reducción del año pasado y supone notables descensos en cientos de poblaciones tanto en relación con la normativa anterior como, en mayor medida, con la última del Gobierno PP-Par. De hecho, las reducciones en esos dos años llegan a superar el 25% en poblaciones como Abiego y el 45% en otras como Albarracín.

La medida afecta a los coeficientes que se aplican a los valores catastrales para determinar el valor teórico de bienes inmobiliarios como viviendas, locales, granjas, oficinas y campos de labor, a partir de los cuales se calculan los impuestos de Sucesiones (herencia), Donaciones (entrega gratuita), Transmisiones Patrimoniales (venta) y Actos Jurídicos Documentados (escrituras).

Ese sistema de coeficientes, que sustituye a los peritajes, suele provocar desajustes en las zonas rurales, donde los valores catastrales suelen estar más alejados de la realidad, incluso, que en las ciudades. Especialmente en el caso de campos de labor incluidos en proyectos de concentración parcelaria o de transformación de secano en regadío, con independencia de que se hayan llevado a cabo, y de manera descomunal cuando han sido objeto de reclasificación urbanística.

Valor catastral y habitantes

La última revisión afecta a los inmuebles urbanos de “todos los municipios exceptuados las capitales de provincia, el entorno periurbano del municipio de Zaragoza y los municipios de relevancia turística”, en los que se establece “una correlación estadística entre la variación del mercado inmobiliario y la evolución de la población”, que “han discurrido a un ritmo diferente”, señala la orden.

“La utilización directa de datos estadísticos oficiales nada o poco tiene que ver con la realidad del mercado inmobiliario de los pequeños ayuntamientos que componen la gran mayoría del territorio de la comunidad”, añade la resolución, que anota que ese proceso ha alcanzado una evolución extrema en la provincia de Teruel por “la acelerada evolución negativa de la población”.

La orden incluye también una nueva rebaja de los coeficientes para calcular el valor de oficinas, almacenes y locales comerciales e industriales (excepto los bienes de interés cultural, mercados y supermercados, industrias fabriles y servicios de transportes) en 24 municipios como Aínsa, Barbastro, Bielsa, Binéfar, Boltaña, Fraga, Huesca, Monzón, Sabiñánigo, Sariñena, Tamarite, Alcañiz, Andorra, Calamocha, Teruel, Alagón, Ateca, Borja, Calatayud, Caspe, Ejea, La Almunia, La Muela y Tarazona.

Las rebajas aplicadas desde el cambio de Gobierno en la comunidad resultan notables en localidades como Bielsa (de 2,40 a 1,78), Alagón (3,29 a 2,27) y Calamocha (1,64 a 1,05), mientras en otros como Ejea (de 1,53 a 1,84) suben.

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