El atasco judicial y la crisis dejan sin indemnización a miles de trabajadores despedidos
La combinación de la crisis económica con los efectos de las reformas laborales y el atasco de los juzgados de lo Social está teniendo consecuencias desesperantes para muchos trabajadores, que se encuentran, en la práctica, ante la imposibilidad de cobrar las indemnizaciones por despido que les reconocen los tribunales.
Según explicaron fuentes de la jurisdicción Social, casi un tercio de los 7.500 trabajadores zaragozanos que en los últimos tres años demandaron por despido improcedente a las empresas que los empleaban, se quedaron sin indemnización al haber desaparecido estas entre la fecha del cese y la de juicio.
Tuvieron que recurrir al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), que únicamente cubre 120 de los días de salario que les reconocen las sentencias (equivale a tres o cuatro de los años indemnizados) y cuya tardanza en pagar ha llegado a hacer que el Tribunal Supremo le conmine a efectuar los desembolsos en un máximo de tres meses.
En el 30% de los juicios por despido, explicaron fuentes judiciales, los ceses de la relación laboral son declarados improcedentes al no probar la empresa, por incomparecencia, que hubiera motivos para ordenarlos.
Trabajo desmesurado y sentencias de imposible ejecución
Varios centenares más de trabajadores, cuyos despidos han sido declarados improcedentes, tampoco han podido cobrar de sus antiguas empresas las cantidades que les reconocen los juzgados de lo Social al estar estas en concurso de acreedores, lo que imposibilita la ejecución de sus resoluciones por esos tribunales. Terminan también haciendo cola en el Fogasa al ser declaradas insolventes y liquidadas esas sociedades. Esto ocurre en “un número importante” de los casos, señalaron las mismas fuentes.
Los juzgados de lo Social de Zaragoza soportan desde hace años una elevada carga de trabajo que, como consecuencia de la crisis y las reformas laborales, se ha convertido en desmesurada: los 24.974 asuntos que recibieron los nueve tribunales entre 2012 y 2014 superan en casi un 40% los módulos máximos que contempla el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y dan para tres oficinas más.
Paralelamente, la tasa de resolución de las siete oficinas supera en más de 1.500 asuntos al año esos módulos. Sin embargo, eso no impide que, pese a contar con dos magistrados de apoyo desde el pasado verano y a celebrar más de 200 juicios cada semana, acumularan 6.747 asuntos pendientes al cierre del primer trimestre. “Hemos estado absorbiendo la carga de trabajo que nos llegaba y más”, indican.
“Se ha destruido mucho empleo”
Casi un tercio de las demandas que llegan a los juzgados de lo Social de Zaragoza son por despidos. Y más del 90% de ellos son ceses por causas económicas. “La reforma laboral ha conllevado un incremento tremendo de los litigios y del retraso” en la tramitación de las causas, señalan fuentes judiciales, que califican ese atasco de “trascendental, porque afecta a la economía familiar”. Eso agrava, si cabe, el panorama de una comunidad en la que más del 40% de los parados lo son de larga duración y han agotado el subsidio.
Los juzgados señalan las vistas, como promedio, para más de un año después de la presentación de la demanda. Y en ese periodo, muchas sociedades dejan de existir, lo que agrava la indefensión del trabajador. “Se ha destruido mucho empleo en esta crisis y han desaparecido muchas empresas”, señalan.
Hasta la última reforma laboral, la tramitación de las causas por despido era prioritaria, ya que el Estado debía asumir los salarios de tramitación (los sueldos que debía haber cobrado el trabajador despedido de manera irregular entre la fecha del cese y el fin del pleito) a partir de los 60 días de la presentación de la demanda. Ese periodo se ha atrasado a los tres meses y solo ha de desembolsarlos cuando la empresa opta por la readmisión, lo que apenas ocurre.
Ere sin control administrativo
Las fuentes judiciales consultadas por eldiario.es Aragón destacan la influencia de otros dos factores en los retrasos que acumulan los juzgados.
La supresión del control de los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) por la llamada autoridad laboral, que era la Dirección General de Trabajo, ha influido también en el aumento de la litigiosidad en la jurisdicción Social, que debe supervisar la legalidad de los despidos colectivos que ejecutan los empresarios en caso de denuncia de los trabajadores. Antes de la reforma eran escasas, porque los ceses solo se producían si la Administración daba el visto bueno.
Por otro lado, la eliminación de los salarios de tramitación y el abaratamiento del despido, mediante la fórmula del cese objetivo por causas económicas, ha generado un tipo de procedimientos más complejos, en los que los trabajadores se ven obligados a intentar probar que la empresa que les ha despedido alegando que tiene o va a tener pérdidas es, en realidad, parte de un grupo que no tiene esos problemas.
