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Javier Ramajo

Periodista y antropólogo. Más de doce años tocando todos los 'palos' del periodismo y la comunicación en televisión, radio, periódicos y gabinetes de prensa. Ha pasado por las redacciones de Onda Cero Marbella, ABC de Sevilla, El Pueblo de Ceuta, Europa Press Andalucía…

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Alaya preguntó a Zoido en 2011 por el informe que reclama ahora la jueza de los ERE al Ministerio de Empleo

La larga instrucción de una macrocausa como la de los ERE da lugar a muchas vueltas. El ahora ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y la que fuera instructora del caso durante cuatro años, Mercedes Alaya, que coincidieron en los juzgados de Sevilla cuando Zoido era decano de los jueces, vuelven a encontrarse a raíz de una providencia de la jueza María Núñez Bolaños, que ahora instruye  la pieza separada de la Faja Pirítica de Huelva en la que se investiga a un par de exresponsables del Ministerio de Empleo, entre otros.

La jueza Núñez Bolaños ha dictado  una providencia en la que, entre otros numerosos extremos, solicita para la práctica de pruebas que se libre oficio  a la Delegación de Gobierno en Andalucía a fin de que aporte el acuerdo firmado entre el entonces delegado de Gobierno de Andalucía, José Torres Hurtado, y el que fuera consejero de Empleo de la Junta, José Antonio Viera, el 27 de febrero de 2002, así como una copia del 'Plan Unico del Gobierno Central para paliar la crisis de la Faja Pirítica' y su expediente completo de elaboración. En febrero de 2003, Zoido, que sustituyó al exalcalde de Granada, suscribió con los representantes sindicales un acuerdo para analizar los expedientes. La jueza también pide copia del acta de aquella reunión.

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Anticorrupción implica al Ministerio de Empleo en los ERE al preguntar si sus ayudas estaban sujetas a fiscalización

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social tendrá que dar más explicaciones sobre la concesión de las ayudas cofinanciadas por Junta y Estado por valor de 40 millones de euros a los trabajadores de cinco compañías mineras de la Faja Pirítica de Huelva entre 2003 y 2005.

Una providencia de 11 de enero firmada por la jueza María Núñez Bolaños, instructora de  esta pieza separada del caso de los ERE y que impulsó meses después de que su antecesora, Mercedes Alaya, ignorara la cuestión durante la instrucción, acuerda librar oficio a la Dirección General de Empleo Social para que amplíe el informe  donde reconoció que usa concesión directa en ayudas laborales, remitido a este mismo juzgado el pasado 18 de septiembre y donde daba cuenta de todas las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas por el Estado entre 2001 y 2011, el mismo período que se investiga por la gestión de la Junta de Andalucía.

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La Fiscalía Anticorrupción pide al tribunal de los ERE que Chaves y Griñán no sean acusados de asociación ilícita

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido en la tarde de este lunes al tribunal de los ERE que los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como la restante veintena de exaltos cargos acusados, no sean acusados del delito de asociación ilícita del que les acusa al PP.

Los abogados de los acusados, minutos antes, habían insistido en rechazar la inclusión de dicha "acusación sorpresiva", nunca antes invocada por el PP hasta su escrito de conclusiones presentado  en octubre de 2016 y que el juez Álvaro Martín incluyó cuando apenas un mes abrió juicio oral contra todos los acusados.

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La Fiscalía Anticorrupción se opone a que Susana Díaz testifique en el juicio de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, acuda como testigo al juicio de los ERE  como había solicitado la acusación particular que ejerce el Partido Popular en una de sus cuestiones previas planteadas al tribunal. El fiscal, que ha argumentado que no procede la entonces consejera de la Presidencia e Igualdad en 2012 y 2013 testifique en el juicio que acaba de arrancar, ha admitido en cambio la presencia en la vista oral del actual viceconsejero de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, al dirigir el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) que percibió una de las ayudas que se investigan (por valor de 24.000 euros), así como la de la senadora socialista, exconsejera de Presidencia y que fue investigada por el Tribunal Supremo en esta causa, María del Mar Moreno.

La petición sorpresa del PP en una de las primeras sesiones del juicio la semana pasada, con la intención de traer al juzgado a Susana Díaz, ha sido rechazada por parte del Ministerio Público y también de las defensas, si bien el tribunal aún no se ha pronunciado al respecto. Lo hará dentro de unos días, cuando resuelva todas las cuestiones previas planteadas por acusaciones y defensas, siendo de prever que el tribunal seguirá el criterio mantenido este lunes por la Fiscalía, esto es, que Susana Díaz no tenga que acudir al juicio de los ERE como ha pedido al PP, que argumentó que la dirigente andaluza tiene un "amplio conocimiento de los hechos" que se van a empezar ahora a juzgar.

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Las defensas rechazan que la Fiscalía quiera "reinterpretar" el objeto de juicio en la pieza política de los ERE

El juicio de los ERE se ha retomado este lunes con las réplicas de las cuestiones previas por parte de las acusaciones y las defensas. Tanto el PP como Manos Limpias han pedido que se admitan las propuestas por la Fiscalía Anticorrupción mientras que las defensas, como ya advirtieron el pasado martes, han criticado que el Ministerio Público haya pedido al tribunal "un pronunciamiento expreso" en el que se confirme la delimitación objetivo de la causa, como ha denunciado el abogado de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.

"Sorprendente" y "extravagante" han sido algunos de los calificativos usados por Víctor Moreno ante la petición de la Fiscalía "para asombro de las partes", que solicitó "aclarar de manera expresa y taxativa que, con respecto a todos los encausados (...) el presente procedimiento sólo se refiere al diseño del denominado procedimiento general o específico sin ser sometido al plenario (...) cada ayuda sociolaboral o ayuda a empresa de forma individualizada".

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Exculpados varios exaltos cargos de la Junta en la pieza de los ERE donde se investiga al Ministerio

Seis exaltos cargos de la Junta de Andalucía han quedado exculpados de la pieza que investiga el juzgado de María Núñez Bolaños por las ayudas de 40 millones de euros a los trabajadores de cinco compañías mineras de la Faja Pirítica de Huelva entre 2003 y 2005. La jueza ha seguido el criterio marcado por la Audiencia de Sevilla, en cuanto a la imposibilidad de no poder juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos, y ha dejado fuera de esta pieza a cinco exresponsables andaluces (uno de ellos ya quedó fuera en octubre) que se sientan estos días en el banquillo de los acusados en el juicio por la supuesta creación y mantenimiento del llamado procedimiento específico.

Los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera ya no están investigados en  la pieza de la Faja Pirítica al estimarse un recurso de reforma, al que ha tenido acceso este periódico. En cambio, la directora general de Trabajo del Gobierno español entre 1991 y 2004  Soledad Córdova y la exsecretaria general de Empleo Carmen de Miguel, que declararon el 17 de octubre, siguen imputadas junto a los exsecretarios generales de UGT y CCOO-A, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero. Fuentes del caso aseguran que, al menos las exresponsables del Ministerio, no han presentado recurso.

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Exaltos cargos de la Junta de Andalucía claman contra el nuevo (y viejo) escenario en los ERE: "¿De qué se nos acusa?"

El desarrollo del juicio de los ERE, que este próximo vivirá su sexta sesión sin que aún se hayan solventado las cuestiones para las que se habían reservado los tres primeros días, está llevando de cabeza a las defensas. El martes pidieron tiempo para estudiar principalmente el nuevo planteamiento expuesto por la Fiscalía Anticorrupción. Pero ya no entre los abogados, sino entre los propios acusados, la impaciencia está haciendo mella.

"Después de seis años de instrucción, todavía no sabemos de qué se nos acusa exactamente. Y ahora la Fiscalía quiere redefinir el objeto de juicio. Aquí lo que pasa es que a ver quién se atreve a pinchar el globo porque, ¿de qué se nos está acusando?", se pregunta un exalto cargo de los 22 que se sientan en el banquillo de los acusados estos días y durante las próximas semanas, cuando el juicio entre en la rutina de sesiones los lunes, martes y miércoles. Además de los acusados, deben declarar 117 testigos y una docena de peritos.

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"Por favor, ayúdenme a conseguir un empleo": el desesperado mensaje de un joven gaditano que revoluciona Twitter

Más de 23.000 RT en Twitter a su mensaje y cientos de voces de apoyo. Un joven de 28 años de la provincia de Cádiz ( @francjcf) lanzaba y fijaba un tuit en la red social contando brevemente su desesperada situación. Sin trabajo y con el temor a quedarse en la calle el mes que viene, Francisco Javier Fernández narraba escuetamente que tiene una persona dependiente de él (su pareja con la que convive en un piso de alquiler) con un 65% de invalidez incapacitante y que necesita un trabajo de forma inminente. "Por favor, ayúdenme a conseguir un empleo y salir de este pozo", escribió.

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Dos acusados piden la presencia del Estado en el juicio de los ERE por estar sujeto a "la misma legalidad" en la concesión de las ayudas

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera y el exdirector de Trabajo Javier Guerrero han solicitado al tribunal de los ERE que llame como testigos a varias personas que tuvieron responsabilidades en el Ministerio de Trabajo y de Empleo del Gobierno español con la intención de que expliquen la normativa estatal bajo la cual se otorgaron las ayudas cofinanciadas por Junta y Estado, por ejemplo a la Faja Pirítica de Huelva, y que se valieron de una Orden Ministerial aprobada en 1995, según reconoció por escrito el propio Ministerio en dicha pieza, y que la Consejería de Empleo y la Intervención de la Junta  validaron en el año 2000 en informes del trámite de fiscalización de una de las ayudas que se investigan.

El abogado de José Antonio Viera, que estuvo sustituido en la primera parte de la sesión del juicio de este miércoles por una letrada sustituta, ha pedido la práctica de la prueba testifical de dos secretarias del exconsejero y de la exdirectora de Trabajo del Ministerio Soledad Córdova, que dijo en la pieza mencionada cuando declaró como imputada que la Junta tenía  "plenas competencias" para dar las ayudas. La  pretensión del letrado, según ha explicado, es que Córdova "aporte sus conocimientos del sistema legal de aplicación por parte de Ministerio en aplicación de las normativas que regían la concepción y tramitación de las ayudas del Ministerio".

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Los exconsejeros andaluces piden al tribunal de los ERE que excluya el delito de asociación ilícita del que acusa el PP

La exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías han pedido al tribunal del juicio de los ERE que excluya como objeto de enjuiciamiento el delito de asociación ilícita por el que acusa el PP a los 22 exaltos cargos acusados. Se trata, según han expuesto sus abogados como cuestión previa, de "una acusación sorpresiva", nunca antes invocada hasta su escrito de conclusiones presentado en octubre de 2016 y que el juez Álvaro Martín incluyó cuando apenas un mes abrió juicio oral contra todos los acusados.

En el quinto día del juicio de la pieza política de la causa, los letrados continúan exponiendo las cuestiones previas, antes de proceder a las impugnaciones se hagan entre las defensas y las acusaciones, después de que la Fiscalía Anticorrupción descoloca a las defensas al plantear la  incorporación de las ayudas y de que, también el PP, pidiera al tribunal  que Susana Díaz comparezca como testigo por su "amplio conocimiento de los hechos".

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