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Luz Sanchis

Periodista y filóloga. Empecé en El Periódico de Catalunya. Eché una mano para fundar Público, donde fui redactora jefe de Actualidad. Ahora ando por aquí. He pasado por las secciones de Cultura, Espectáculos, Sociedad y Política. No soy experta en ninguna de las cuatro, pero tengo conversación.

El Gobierno ve bien que un funcionario ayudase a Aznar en sus negocios con la Libia de Gadafi

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Los tres expresidentes del Gobierno, durante la coronación de Felipe VI.

El Gobierno no ve ningún problema en que se utilice a un funcionario para colaborar en los negocios privados de José María Aznar. El hecho de que el expresidente se sirviera del ahora diputado Pablo Casado para que ejerciera de asistente en su negocio de vender desaladoras  en la Libia de Gadafi no supone ningún problema para la Presidencia del Gobierno, que es quien corre con los gastos de las oficinas de los expresidentes. FAES, el think tank presidido por Aznar, tampoco considera incompatible que un funcionario se dedique a estos menesteres.

Como ha revelado eldiario.es, Aznar eligió a Casado para que estuviera al tanto de sus negociaciones con la empresa Befesa, una filial del grupo Abengoa. Según recoge el contrato suscrito por el expresidente para ayudar en la venta de cuatro desaladoras a Libia, Casado era una de las personas autorizadas para recibir copias de cualquier comunicación de Befesa en relación con el negocio a comisión con el que Aznar ganó 100.000 euros. De haber seguido adelante, su papel de conseguidor le hubiera supuesto al expresidente una ganancia de hasta seis millones.

La oficina dedicada al servicio del expresidente Aznar está radicada en la misma sede que la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), en la madrileña calle María de Molina. A las órdenes de Aznar trabajan una secretaria y un asesor, puesto que en 2010 ocupaba Casado y del que ahora se encarga Germán Alcayde.

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Rajoy dice que a día de hoy Esperanza Aguirre tiene su apoyo

Rajoy recibe a Bachelet en el Palacio de la Moncloa.

La corrupción en general y la que se deriva de la operación Púnica en particular han salido a colación en la rueda de prensa que han ofrecido Mariano Rajoy y Michelle Bachelet, con motivo del viaje de la presidenta chilena a España. El presidente del Gobierno ha respaldado a Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, a pesar de que cuatro alcaldes conservadores han sido detenidos en la macrorredada: "Es un activo muy importante de nuestro partido".

"Desde luego, tiene todo mi apoyo", ha añadido el presidente, dejando claro que era su respuesta a una pregunta formulada "hoy". En cuanto a la responsabilidad de la expresidenta de la Comunidad, ha destacado como una virtud que hubiera pedido perdón a los ciudadanos el mismo día en que se conocieron las detenciones. Al día siguiente, en el Senado, el jefe del Ejecutivo optó por seguir su ejemplo, pedir también perdón a los españoles.

"La principal obligación de un dirigente político es ser justo. Esperanza Aguirre se ha equivocado, como yo y todos los que estamos aquí". De esta forma, aunque sin referirse expresamente a Luis Bárcenas, Rajoy ha vuelto a reconocer su responsabilidad en cuanto a la elección para que se hiciera cargo de las finanzas de su partido y a subrayar que esas personas "en su inmensa mayoría ya no están en el PP".

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El rey y Rajoy se exponen a una nueva foto con la imputada Sonia Castedo

Sonia Castedo, segunda por la derecha, en el acto por la llegada del AVE a Alicante.

Felipe VI y Mariano Rajoy se exponen de nuevo a compartir plano de fotógrafos y cámaras de televisión con la doblemente imputada alcaldesa de Alicante. El monarca viaja el próximo lunes a Alicante para inaugurar el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Como máxima autoridad de la ciudad, Sonia Castedo ejercerá de anfitriona. Fuentes de la Casa Real niegan que desde la institución se haya producido ninguna indicación a la organización para evitar momentos embarazosos.

Pero el president de la Generalitat, Alberto Fabra, sí ha dado por hecho que la visita a Alicante del rey el lunes y la del presidente del Gobierno un día más tarde se pueden convertir en un problema. Fabra ha reconocido ante los periodistas que la situación que se producirá la próxima semana será "incómoda".

No es la primera vez que ocurre, ya que el rey el presidente coincidieron con Castedo el año pasado, con motivo de la llegada a la ciudad del AVE. En todo momento, la alcaldesa quedó relegada a la segunda fila, pero fue imposible evitar la foto en la que la edil imputada por los casos Brugal y Rabasa apareció junto a las autoridades. En esa ocasión, el recibimiento en las vías no contó con discurso de la alcaldesa, porque ya se ocuparon los servicios de protocolo de Moncloa.

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El Gobierno disfraza de Pleno sobre la corrupción el debate sobre sus leyes de regeneración

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Sáenz de Santamaría aboga por aprobar "cuanto antes" medidas para ser más contundentes en la respuesta a la corrupción.

El Gobierno cree haber encontrado el truco que le permita hablar de corrupción desde la tribuna del Congreso sin aceptar la exigencia de la oposición de que se celebre un Pleno extraordinario en el que el presidente del Gobierno haga autocrítica sobre la que afecta a su partido. Se trata de adelantar en lo posible el debate sobre dos proyectos de ley que llevan más de un año en la Cámara y no se han convertido aún en leyes.

Los continuos casos de corrupción que han afectado al PP han impedido el acuerdo previo con el PSOE, pero tanto en el Gobierno como en el partido tienen claro que es urgente dar una respuesta más allá de las últimas peticiones de disculpas de Mariano Rajoy.

El plan del Ejecutivo, que pondrá en marcha el grupo del PP, es agilizar los trámites para los proyectos sobre el control de la actividad financiera de los partidos y las exigencias de conducta pensadas para los altos cargos. Ambas medidas, anunciadas por Rajoy en el debate sobre el estado de la nación de hace dos años, se convirtieron en propuestas de resolución en el siguiente debate.

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UPyD dice que el papel de conseguidor de Aznar exige que se regulen las puertas giratorias

La diputada de UPyD Irene Lozano.

El papel de José María Aznar en el intento frustrado de vender desaladoras a la Libia de Gadafi ha provocado las críticas desde UPyD. La diputada Irene Lozano ha cargado contra el expresidente del Gobierno y ha dicho que su misión de intermediario a comisión del grupo Abengoa supone "la demostración evidente de ocuparse de un cargo público y, mientras, ocuparse de los contactos que uno acumula para cuando deje la vida pública y se dedique a la actividad privada".

Lozano ha insistido en que el papel de conseguidor ejercido por Aznar en la operación "demuestra que hemos padecido malos gobernantes por encima de nuestras posibilidades". En el partido de Rosa Díez subrayan la necesidad de regular las puertas giratorias "de una forma estricta" para evitar casos como este de exmandatarios "dispuestos a tratos y negocios con dictadores crueles".

La diputada de UPyD ha lamentado el uso de la agenda y la información privilegiada obtenida por el ejercicio del cargo para sacar beneficio después, una vez fuera de la vida pública: "Me preocupa si el presidente actual, cuando viaja por el mundo, está pensando en cuando deje de serlo en vez de pensar en los intereses de España. Este es el problema, la colusión de intereses".

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La Izquierda Plural señala a Aznar como "la X de la corrupción"

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Joan Josep Nuet, portavoz de Exteriores de la Izquierda Plural en el Congreso.

La revelación de que José María Aznar actuó como un conseguidor de contratos con la Libia de Gadafi ha indignado a la Izquierda Plural. La exclusiva de eldiario.es sobre las actuaciones del expresidente para una filial del grupo Abengoa ha llevado a este grupo parlamentario a poner en marcha una batería de medidas para que el Gobierno dé explicaciones.

Este mismo miércoles, el grupo exigirá que el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, comparezca de forma urgente en el Congreso para explicar si él o Mariano Rajoy conocían la información. Además, registrará una pregunta por escrito al Gobierno para pedir "toda la información" y una Proposición No de Ley (PNL) sobre las puertas giratorias en la que el caso de Aznar será utilizado como ejemplo: "Las puertas giratorias son una realidad de PP y PSOE, los dos partidos que aguantan este sistema".

El portavoz de la Izquierda Plural en materia de Exteriores, Joan Josep Nuet, se ha mostrado indignado al saber la noticia. "Pensamos que está ensuciando la política y estamos cansados de tanta basura. El expresidente utilizó su cargo, remunerado con dinero publico en este momento, para facilitar que una empresa española hiciera negocios con el Gobierno de Libia en su día. Al final eso no pudo ser pero como mínimo facturó 100.000 y pudo haber ganado hasta 6 millones de euros".

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El Gobierno no ve necesario un Pleno extraordinario para que Rajoy dé la cara por la corrupción

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El Gobierno no considera necesario un Pleno monográfico sobre la corrupción.

En el Gobierno no ven "necesario" que Mariano Rajoy dé la cara el próximo miércoles en un Pleno extraordinario sobre la corrupción que azota a su partido. Las peticiones de la Izquierda Plural y de los socialistas, que se analizarán este jueves en una Junta de Portavoces, se estrellarán ante la negativa del PP. Moncloa se escuda en que Rajoy "hace lo que tiene que hacer" y ya ha pedido disculpas

Fuentes del Ejecutivo han reaccionado con incredulidad este miércoles en los pasillos del Congreso ante la pregunta de si el presidente baraja la posibilidad de dar un paso adelante y dar explicaciones sobre las tarjetas 'black', la operación Púnica, y la financiación ilegal del PP. La respuesta sigue siendo que con la petición de perdón en el Senado basta, y que ya se le pregunta muchas semanas por ello en la sesión de control.

Por el momento, parece descartado un cambio de opinión como ocurrió hace dos años, en pleno escándalo por los papeles de Bárcenas y por los SMS de apoyo que Rajoy envió a su extesorero cuando ya se sabía que tenía dinero en Suiza. En el Gobierno responden que la situación "no tiene nada que ver" con aquella.

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PP y PSOE entran en pánico por quitar el carné a sus sospechosos de corrupción

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Rajoy recibe a Sánchez en su primera reunión en el Palacio de la Moncloa, en julio.

La acumulación en las dos últimas semanas de los casos de corrupción ha tenido como resultado que PP y PSOE se hayan lanzado a una competición por ver quién expulsa más rápido a los sospechosos de sus filas. El escándalo de las tarjetas 'black' se ha superpuesto con la operación Púnica, de forma que el castigo se ha dado a conocer a la vez en el caso del PP. El PSOE llevó la delantera al iniciar la investigación a los exconsejeros de Caja Madrid el 3 de octubre, nada más conocerse el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que aparecían los nombres de todos los usuarios.

César Luena, número dos del PSOE, dio por hecho que el castigo final sería la expulsión, lo que provocó la queja de algunos afectados, que alegaron indefensión. Con un ojo puesto en el PSOE, el PP decidió ir con pies de plomo e insistir en que sus afiliados tendrían derecho a defenderse en el Comité Nacional de Derechos y Garantías. Los conservadores se burlaron de la rapidez de Ferraz y se escudaban en que un paso en falso podía ser contraproducente.

Desde la apertura de los expedientes informativos hasta la baja final en el caso de los 13 usuarios de las tarjetas 'black' transcurrieron 20 días. Con los detenidos en la operación Púnica, la velocidad ha sido mucho mayor y se les ha suspendido de militancia el mismo día. De esta forma, tanto Francisco Granados como Marcos Martínez, presidente de la Diputación de León, y los cuatro alcaldes de municipios madrileños tienen prácticamente segura su expulsión.

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Rajoy pide perdón por la corrupción, pero la desvincula de los partidos

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Ignacio González, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y el ahora detenido y entonces alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, en la cena de Navidad del PP de Madrid, en diciembre de 2013. / flickr del PP de Madrid

Mariano Rajoy ha decidido imitar a Esperanza Aguirre y pedir disculpas por la corrupción que afecta a su partido. El presidente del Gobierno ha asegurado que entiende y comparte "la indignación y el hartazgo de tantos españoles por la acumulación de escándalos" y ha pedido perdón a los ciudadanos: "Pido perdón en nombre del PP a todos los españoles por haber situado en puestos de responsabilidad a quienes no eran dignos para ellos".

El mea culpa entonado por Rajoy se ha producido nada más empezar el pleno del Senado, pese a que la pregunta a la que tenía que contestar versaba sobre desigualdad y pobreza. Antes de responder a la senadora socialista María Chivite, Rajoy ha aprovechado para dar su versión general sobre los últimos casos de corrupción conocidos y que han afectado a cuatro alcaldes del PP, además de un presidente de Diputación y del exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados.

Precisamente, el PP ha rechazado las peticiones de la oposición para que Rajoy comparezca en el Congreso. El presidente se ha aprovechado de la benevolencia del presidente del Senado para vulnerar el reglamento de la Cámara y ahorrarse así la presencia en el Congreso.

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Una acusación del caso Bárcenas pide que se investigue a Libertad Digital por blanquear capital al PP

El juez Ruz interroga este martes a Ángel Acebes como imputado sobre la contabilidad B del PP.

La acusación popular ejercida por el Observatori DESC en el caso Bárcenas ha pedido al juez Ruz que amplíe las diligencias y que investigue a la cúpula del medio de comunicación por blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda pública. Para ello, se apoya en la diferencia entre los 434.000 euros de la ampliación de capital ejecutada por Libertad Digital y los 572.400 euros que recibió la sociedad procedentes de la caja B del PP. Según la acusación, hay 138.400 euros de diferencia que podrían no haber sido declarados ante Hacienda.

El exsecretario general del PP, Ángel Acebes, está llamado a declarar este martes ante el juez Pablo Ruz como imputado por el uso de dinero negro del PP para reflotar Libertad Digital. Junto a Acebes, también debe comparecer de nuevo ante el juez Álvaro Lapuerta, extesorero de la formación, por haber autorizado el uso de los fondos en B. El juez pretende profundizar en la financiación ilegal del PP, a partir de un informe de la UDEF sobre las anotaciones recogidas por Luis Bárcenas.

Por este motivo, la acusación detalla quiénes componían el Consejo de Administración del medio de comunicación en 2004, cuando se produjo la operación. Son Alberto Recarte (presidente) y otras cinco personas que eran vocales: Federico Jiménez Losantos, Francisco Javier Rubio, Francisco Cabrillo, José Raga, Pedro Gómez de la Serba, Pedro Juan Viladrich y Pedro García Meroño.

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