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Marcos Pérez Pena

Marcos Pérez Pena (Montevideo, 1980). Periodista en Praza Pública (www.praza.com), trabajó anteriormente en Diario de Ferrol, La Voz de Galicia, Tempos Novos y en el digital Vieiros.com. Doctor en Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela, con una tesis sobre la prensa en la Transición Política.

Ha publicado distintas investigaciones sobre ciberpolítica, periodismo digital e historia del periodismo. Coordinador del volumen sobre el 15M en Galicia, 'A praza é nosa' (2.0 Editora)

Así es la polilla que amenaza a la patata en Galicia y Asturias

La llamada polilla guatemalteca ( Tecia solanivora Povolny), procedente de Centroamérica, fue detectada por primera vez en 1999 en plantaciones de patata de Canarias, donde se sigue luchando contra una plaga que destroza las cosechas de este tubérculo. En 2015 el parásito saltó a la Península, registrándose los primeros casos en Galicia, en las proximidades de Ferrol.

Los tímidos controles establecidos entonces por la Xunta han permitido que la polilla afecte ya a 31 municipios del norte de Galicia y a 11 del occidente asturiano. Son zonas en las que la producción es mayoritariamente para autoconsumo. Los sindicatos llaman a evitar la alarma social, pues este parásito sólo afecta a las plantaciones situadas a nivel del mar (la mayor parte del tubérculo que se comercializa procede de Ourense, en zonas de más altura).

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PP y PSOE tumban la moción de confianza del gobierno de la Marea en A Coruña

Treinta días en el aire. Los votos de PP y PSOE han tumbado este sábado la cuestión de confianza formulada por el gobierno de la Marea Atlántica en A Coruña para aprobar los presupuestos de 2017. Tras la ruptura de conversaciones con el grupo socialista el alcalde de la ciudad, Xulio Ferreiro, decidió "poner el gobierno a disposición de la ciudad" para que cada fueza "decida de qué lado está y asuma su responsabilidad" y la moción ha isido rechazada por socialistas y populares, mientras que el BNG y la propia Marea han votado a favor. Se abre ahora un plazo de un mes para que desde la oposición se plantee una moción de censura "con candidato alternativo a alcalde", según estipula la ley, y a esa operación han arengado los conservadores. En caso contrario, Ferreiro quedará ratificado en el cargo y las cuentas, aprobadas inicialmente.

El pleno se ha desarrollado en un clima a medio camino entre la tensión y la reivindicación. Así se plasmó en el espacio del palacio municipal reservado al público y también en los discursos. El portavoz socialista, José Manuel García, ha culpado a la Marea de hacer "imposible" un acuerdo con el PSOE porque, en última instancia, "preferirían que el Partido Socialista no existiera". "No podemos otorgarle nuestra confianza porque se ha encargado de difundir que no confía en nosotros", ha afirmado. Su formación, dice, optó por el "no" en el pleno para que Ferreiro esté "un mes en funciones", tiempo "suficiente para reflexionar y encontrar caminos comunes". "Dependerá de su voluntad, es su responsabilidad ganarse la confianza de los socialistas", reta.

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Una moción de confianza decidirá el futuro del Gobierno de A Coruña

No hubo acuerdo. A pesar de que en los últimos días (y horas) continuaron las negociaciones entre Marea Atlántica y PSdeG-PSOE para llegar a un consenso sobre el proyecto de Presupuestos municipales para 2017, finalmente el pacto no ha sido posible. Xulio Ferreiro compareció en la mañana de este viernes, acompañado por sus concejales y concejalas, destacando que "hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para llegar a un acuerdo con el PSOE", y subrayando que incluso habían ofrecido incrementar de tres a cuatro el número de concejales socialistas que colaborarían con el gobierno municipal en la ejecución de proyectos concretos (una de las demandas del PSOE que habían llevado hace una semana a romper el acuerdo) y subrayando que no había habido vetos personales (a la presencia en ellos, por ejemplo, de Mar Barcón).

Sin embargo, el PSdeG-PSOE no ha aceptado la exigencia de la Marea -presentada en los últimos días- de que, ligado al acuerdo presupuestario, se pactaran entre las dos fuerzas compromisos para el impulso del área Metropolitana de A Coruña, el cambio del modelo de movilidad hacia uno más sostenible y la defensa de la titularidad, la gestión y la iniciativa públicas en la transformación de los terrenos portuarios. El objetivo, según Marea Atlántica, era construir “unas condiciones mínimas para la estabilidad, al menos para este año". A pesar de que estos tres asuntos concretos han venido contando en los últimos meses, más o menos, con el apoyo del PSdeG-PSOE, los portavoces socialistas manifestaron este jueves -y de nuevo este mismo viernes- su negativa a llegar a acuerdos y pactos más allá de la aprobación de las cuentas.

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Un juzgado de Vigo abre la puerta a que haya más de un perceptor de renta de inserción por domicilio

La Ley 10/2013 de inclusión social de Galicia señala en su artículo 11 que "como regla general se concederá una sola renta por domicilio, entendido como marco físico de alojamiento de la unidad de convivencia de la que forma parte la persona titular de la prestación". La Xunta viene empleando este criterio de una Risga (Renta de Inserción Social de Galicia) concedida por domicilio, equiparándolo a unidad familiar, lo que ha derivado en algunos conflictos, cuando en una misma vivienda conviven -sobre todo por razones de ahorro económico- varias perceptoras que no pertenecen a la misma unidad de convivencia. Esto está obligando en algunos casos a estas personas a tener que trasladarse a otro domicilio.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Vigo acaba de reconocer el derecho de una mujer a recibir esta prestación incluso compartiendo domicilio con otra persona que también cobre la RISGA pero que no es de su familia. El dictamen destaca que el propio artículo 11 de la ley define el concepto de unidad de convivencia como "el conjunto de personas que convivan en el mismo domicilio y mantengan con respeto a la persona solicitante un vínculo por matrimonio o análoga relación estable, por adopción o acogimiento, o por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto y segundo grado, respectivamente", haciendo hincapié en que la conjunción y obliga la que concurra una "específica relación personal" que en este caso no existía.

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La antigua cárcel de A Coruña reabre sus puertas para homenajear a las víctimas de la represión

30 años después de su cierre como cárcel y 6 años después del breve período (2010-11) en el que acogió varios actos culturales y exposiciones, la ciudadanía de A Coruña pudo volver a entrar este jueves en la antigua prisión provincial. Lo hizo a través de Celsa Díaz, que entre 1973 y 1974 (con solo 18 años) estuvo tres meses encarcelada tras una protesta contra la selectividad. Ella fue la encargada de abrir la puerta, dando paso a integrantes de colectivos sociales y periodistas, que participaron en una visita organizada por el Ayuntamiento.

En los próximos tres meses el espacio (cedido por el Ministerio de Interior por dos años mientras se resuelve definitivamente el litigio abierto con la ciudad sobre su titularidad) será objeto de trabajos de acondicionamiento y reparación para asegurar la protección de su estructura, con el objetivo de que en primavera pueda comenzar a acoger actividades. Su modelo de gestión y sus usos aún deben ser definidos en un proceso participativo con entidades sociales y culturales que tomará como base "el trabajo desarrollado en los últimos años por el Proxecto Cárcere", destacó el alcalde Xulio Ferreiro. Este mismo martes este colectivo, que llevaba seis años reivindicando la cesión del inmueble a la ciudad y su apertura como centro sociocultural y espacio de memoria, le entregó al Gobierno local su propuesta de usos para el edificio, que -defiende- debe tener un funcionamiento autogestionado.

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"La Administración actúa de forma irresponsable ante el amianto"

La comunidad educativa del CEIP Ramón de la Sagra de A Coruña lleva días movilizada ante la obstinación de la Consejería de Educación en retirar en período lectivo el amianto presente en el edificio. Lo cierto es que el objetivo inicial -tal y como se recogía en el pliego técnico- era que las obras se realizaran durante el verano; posteriormente se retrasó hasta las vacaciones de navidad, y finalmente la fecha escogida fue este mes enero, una vez retomadas las clases.

Madres y padres insistieron en todo momento en que la eliminación del amianto implicaba riesgos para los niños y niñas, una opinión apoyada por un informe de la doctora Carmen Diego Roza, una de las principales expertas en toda España en los efectos del amianto sobre la salud. Y han exigido que las obras se realizasen en período no lectivo. Sin embargo, desde la Xunta se afirmó en varias ocasiones que no existía peligro alguno, que los trabajos tienen lugar por las tardes y que, posteriormente, se realizaban "mediciones" para detectar la presencia de fibras de amianto.

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Absuelto un activista vigués tras retirar los cargos el policía que pedía para él tres años de cárcel

Diego Lores finalmente no será juzgado por la acusación de "atentado a la autoridad" que mantenía contra él un agente de la Policía Local de Vigo por una supuesta agresión producida durante unas protestas vecinales en 2014. Este policía municipal, que en la tarde de este lunes ha decidido retirar los cargos, era la única parte personada en el juicio que se iba a celebrar este martes, toda vez que la Fiscalía había determinado en dos ocasiones que no existían indicios de delito.

Docenas de integrantes de la Asamblea Abierta de Coia, que desde el domingo mantienen un encierro en la Parroquia del Cristo de la Victoria, han celebrado la noticia como un triunfo de todo el movimiento vecinal. El propio Diego Lores destacaba en conversación telefónica la importancia que en el desenlace de este proceso había tenido la presión social: "Lo primero que nos sale decir es que hemos ganado y que toda la fuerza que la gente ha hecho en los últimos meses ha tenido resultados. Ha generado una gran presión, sobre todo a partir del inicio del encierro, que ha conseguido que el agente se echara atrás y entrase en razón".

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"Estamos hartas de discursos y de clics, pero escasas de experiencias corpóreas, de juntarnos"

El 15 de diciembre de 2014, en una de las protestas en los que los vecinos y vecinas del barrio vigués de Coia intentaron impedir la instalación del barco Bernardo Alfageme en una rotonda (una actuación municipal con un coste de entre 100 mil y 300 mil euros que generó una movilización de varias semanas con ecos al conflicto de Gamonal), Diego Lores fue acusado de agredir a un policía municipal. La Asemblea Aberta de Coia, a la que Lores pertenece, denuncia que no existen pruebas para acusarlo, que las protestas fueron pacíficas en todo momento y que el proceso judicial busca servir de ejemplo al resto: "Diego siempre fue una de las caras más visibles de la lucha de la rotonda de Coia, por lo que creemos que su procesamiento no es casual. Pretenden que pague por todo el vecindario, para que quede claro qué sucede con las voces disonantes". Señalan, además, que el proceso ha incurrido en numerosas "contradicciones e incongruencias", que han provocado que la propia Fiscalía se haya negado a presentar cargos, de forma que sólo lo hace la acusación particular: la Policía Local de Vigo.

El próximo martes 17 tendrá lugar el juicio, en el que se piden para Diego Lores tres años y medio de cárcel, junto a una responsabilidad civil de 30.356 euros. Durante esta semana la Asamblea Aberta de Coia ha estado presentando el caso por varias localidades de toda Galicia, buscando "compartir experiencias, unir luchas y tejer redes", bajo el lema de "nos quieren en soledad, nos tendrán en común" y presentando el cortometraje que recoge la historia de la movilización. Este domingo, además, se iniciará un cierre de 48 horas en la Parroquia del Cristo de la Victoria, con diversas actividades (conciertos, debates, talleres...), que concluirá el martes por la mañana con una manifestación hasta los juzgados de la ciudad. Hablamos con él.

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Homenajean al cura condenado por robar 600 mil euros a una anciana con alzheimer

En 2008 el cura Benigno Moure fue condenado a cinco años de prisión por apropiación indebida continuada. El tribunal consideró probado que entre 1998 y 2001, mientras Moure presidía la ourensana Fundación San Rosendo, engañó a una mujer con alzheimer ingresada en uno de los geriátricos que gestionaba, arrebatándole todo su dinero -un total de 573.673 euros-, ingresándolos en la cuenta bancaria de la entidad, y que también traspasó a la Fundación la titularidad de unas 60 propiedades. Moure sí fue absuelto de los delitos de estafa y falsificación de documento público y mercantil.

A pesar de la sentencia judicial firme, la Diócesis de Ourense y el Partido Popular presionaron para que Moure no ingresara en prisión, llegando a convocar una manifestación en 2011. Finalmente, el cura sí pasó por la cárcel de Pereiro de Aguiar, pero sólo durante dos meses. Un castigo simbólico que rápidamente fue sustituido por la colocación de una pulsera magnética del tobillo del condenado, para garantizar que pernoctase en su vivienda. Un año más tarde la Junta de Prisiones le retiró el tercer grado y la pulsera, dejándolo en libertad. De nada sirvieron las protestas del sobrino de la mujer estafada, que denunció el trato de favor a Moure y pidió -sin éxito- que le fuesen retiradas distinciones como la Medalla Castelao, concedida durante los gobiernos de Manuel Fraga.

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"Es ingenuo pensar que la crisis económica ha frenado la especulación urbanística"

"La preeminencia de las lógicas neoliberales exige que cualquier intervención urbana sea productiva económicamente, erigiéndose los sectores empresarial y financiero cómo auténticos protagonistas en la ordenación y gestión del territorio y, en ocasiones, también del orden político y normativo". El libro colectivo Cartografía de la Ciudad Capitalista (Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala), publicado hace unos meses tras una exitosa campaña de crowdfunding, analiza los procesos de transformación urbana recientes de nueve ciudades del Estado español: Barcelona, Tarragona, Mallorca, Valencia, Murcia, Madrid, Sevilla, Cádiz y Granada (en próximas ediciones se baraja la incorporación de análisis sobre urbes gallegas). Procesos todos en los que "la ciudad deja de planificarse como espacio para habitar y se orienta más a la conformación de un producto, a la creación de un objeto de consumo no productivo a través del desarrollo y la renovación urbana", leemos. La ciudad como elemento de mercantilización y también como espacio de una lucha de clases.

Constituye el cuarto libro monográfico publicado por La Corrala sobre esta temática, tras Aprendiendo a decir No. Conflictos y resistencias en torno la la actual forma de concebir y proyectar la ciudad de Granada, Transformación urbana y conflictividad social. La construcción de la marca Granada 2013-2015 y ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle? Prácticas de control social y privatización de los espacios en la ciudad capitalista. El vigués Juan Rodríguez Medela, afincado en Granada desde hace doce años, es uno de los coordinadores de la obra, que esta semana presentó en Vigo y A Coruña con gran éxito de público, confirmando la importancia central y creciente que los conflictos urbanísticos, la lucha por el espacio público o las reflexiones sobre las políticas de vivienda, movilidad o comercio tienen para los movimientos sociales.

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