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Marcos Pérez Pena

Marcos Pérez Pena (Montevideo, 1980). Periodista en Praza Pública (www.praza.com), trabajó anteriormente en Diario de Ferrol, La Voz de Galicia, Tempos Novos y en el digital Vieiros.com. Doctor en Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela, con una tesis sobre la prensa en la Transición Política.

Ha publicado distintas investigaciones sobre ciberpolítica, periodismo digital e historia del periodismo. Coordinador del volumen sobre el 15M en Galicia, 'A praza é nosa' (2.0 Editora)

"La Administración actúa de forma irresponsable ante el amianto"

La comunidad educativa del CEIP Ramón de la Sagra de A Coruña lleva días movilizada ante la obstinación de la Consejería de Educación en retirar en período lectivo el amianto presente en el edificio. Lo cierto es que el objetivo inicial -tal y como se recogía en el pliego técnico- era que las obras se realizaran durante el verano; posteriormente se retrasó hasta las vacaciones de navidad, y finalmente la fecha escogida fue este mes enero, una vez retomadas las clases.

Madres y padres insistieron en todo momento en que la eliminación del amianto implicaba riesgos para los niños y niñas, una opinión apoyada por un informe de la doctora Carmen Diego Roza, una de las principales expertas en toda España en los efectos del amianto sobre la salud. Y han exigido que las obras se realizasen en período no lectivo. Sin embargo, desde la Xunta se afirmó en varias ocasiones que no existía peligro alguno, que los trabajos tienen lugar por las tardes y que, posteriormente, se realizaban "mediciones" para detectar la presencia de fibras de amianto.

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Absuelto un activista vigués tras retirar los cargos el policía que pedía para él tres años de cárcel

Diego Lores finalmente no será juzgado por la acusación de "atentado a la autoridad" que mantenía contra él un agente de la Policía Local de Vigo por una supuesta agresión producida durante unas protestas vecinales en 2014. Este policía municipal, que en la tarde de este lunes ha decidido retirar los cargos, era la única parte personada en el juicio que se iba a celebrar este martes, toda vez que la Fiscalía había determinado en dos ocasiones que no existían indicios de delito.

Docenas de integrantes de la Asamblea Abierta de Coia, que desde el domingo mantienen un encierro en la Parroquia del Cristo de la Victoria, han celebrado la noticia como un triunfo de todo el movimiento vecinal. El propio Diego Lores destacaba en conversación telefónica la importancia que en el desenlace de este proceso había tenido la presión social: "Lo primero que nos sale decir es que hemos ganado y que toda la fuerza que la gente ha hecho en los últimos meses ha tenido resultados. Ha generado una gran presión, sobre todo a partir del inicio del encierro, que ha conseguido que el agente se echara atrás y entrase en razón".

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"Estamos hartas de discursos y de clics, pero escasas de experiencias corpóreas, de juntarnos"

El 15 de diciembre de 2014, en una de las protestas en los que los vecinos y vecinas del barrio vigués de Coia intentaron impedir la instalación del barco Bernardo Alfageme en una rotonda (una actuación municipal con un coste de entre 100 mil y 300 mil euros que generó una movilización de varias semanas con ecos al conflicto de Gamonal), Diego Lores fue acusado de agredir a un policía municipal. La Asemblea Aberta de Coia, a la que Lores pertenece, denuncia que no existen pruebas para acusarlo, que las protestas fueron pacíficas en todo momento y que el proceso judicial busca servir de ejemplo al resto: "Diego siempre fue una de las caras más visibles de la lucha de la rotonda de Coia, por lo que creemos que su procesamiento no es casual. Pretenden que pague por todo el vecindario, para que quede claro qué sucede con las voces disonantes". Señalan, además, que el proceso ha incurrido en numerosas "contradicciones e incongruencias", que han provocado que la propia Fiscalía se haya negado a presentar cargos, de forma que sólo lo hace la acusación particular: la Policía Local de Vigo.

El próximo martes 17 tendrá lugar el juicio, en el que se piden para Diego Lores tres años y medio de cárcel, junto a una responsabilidad civil de 30.356 euros. Durante esta semana la Asamblea Aberta de Coia ha estado presentando el caso por varias localidades de toda Galicia, buscando "compartir experiencias, unir luchas y tejer redes", bajo el lema de "nos quieren en soledad, nos tendrán en común" y presentando el cortometraje que recoge la historia de la movilización. Este domingo, además, se iniciará un cierre de 48 horas en la Parroquia del Cristo de la Victoria, con diversas actividades (conciertos, debates, talleres...), que concluirá el martes por la mañana con una manifestación hasta los juzgados de la ciudad. Hablamos con él.

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Homenajean al cura condenado por robar 600 mil euros a una anciana con alzheimer

En 2008 el cura Benigno Moure fue condenado a cinco años de prisión por apropiación indebida continuada. El tribunal consideró probado que entre 1998 y 2001, mientras Moure presidía la ourensana Fundación San Rosendo, engañó a una mujer con alzheimer ingresada en uno de los geriátricos que gestionaba, arrebatándole todo su dinero -un total de 573.673 euros-, ingresándolos en la cuenta bancaria de la entidad, y que también traspasó a la Fundación la titularidad de unas 60 propiedades. Moure sí fue absuelto de los delitos de estafa y falsificación de documento público y mercantil.

A pesar de la sentencia judicial firme, la Diócesis de Ourense y el Partido Popular presionaron para que Moure no ingresara en prisión, llegando a convocar una manifestación en 2011. Finalmente, el cura sí pasó por la cárcel de Pereiro de Aguiar, pero sólo durante dos meses. Un castigo simbólico que rápidamente fue sustituido por la colocación de una pulsera magnética del tobillo del condenado, para garantizar que pernoctase en su vivienda. Un año más tarde la Junta de Prisiones le retiró el tercer grado y la pulsera, dejándolo en libertad. De nada sirvieron las protestas del sobrino de la mujer estafada, que denunció el trato de favor a Moure y pidió -sin éxito- que le fuesen retiradas distinciones como la Medalla Castelao, concedida durante los gobiernos de Manuel Fraga.

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"Es ingenuo pensar que la crisis económica ha frenado la especulación urbanística"

"La preeminencia de las lógicas neoliberales exige que cualquier intervención urbana sea productiva económicamente, erigiéndose los sectores empresarial y financiero cómo auténticos protagonistas en la ordenación y gestión del territorio y, en ocasiones, también del orden político y normativo". El libro colectivo Cartografía de la Ciudad Capitalista (Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala), publicado hace unos meses tras una exitosa campaña de crowdfunding, analiza los procesos de transformación urbana recientes de nueve ciudades del Estado español: Barcelona, Tarragona, Mallorca, Valencia, Murcia, Madrid, Sevilla, Cádiz y Granada (en próximas ediciones se baraja la incorporación de análisis sobre urbes gallegas). Procesos todos en los que "la ciudad deja de planificarse como espacio para habitar y se orienta más a la conformación de un producto, a la creación de un objeto de consumo no productivo a través del desarrollo y la renovación urbana", leemos. La ciudad como elemento de mercantilización y también como espacio de una lucha de clases.

Constituye el cuarto libro monográfico publicado por La Corrala sobre esta temática, tras Aprendiendo a decir No. Conflictos y resistencias en torno la la actual forma de concebir y proyectar la ciudad de Granada, Transformación urbana y conflictividad social. La construcción de la marca Granada 2013-2015 y ¿Por qué no nos dejan hacer en la calle? Prácticas de control social y privatización de los espacios en la ciudad capitalista. El vigués Juan Rodríguez Medela, afincado en Granada desde hace doce años, es uno de los coordinadores de la obra, que esta semana presentó en Vigo y A Coruña con gran éxito de público, confirmando la importancia central y creciente que los conflictos urbanísticos, la lucha por el espacio público o las reflexiones sobre las políticas de vivienda, movilidad o comercio tienen para los movimientos sociales.

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En Marea pide investigar la comisión de delitos por la Fundación Francisco Franco

El pasado mes de diciembre la Fundación Francisco Franco (FFF)  remitió una serie de cartas a los 335 ayuntamientos de toda España que han sido demandados por incumplir la Ley de Memoria Histórica. En los mensajes, la entidad les ofrecía asistencia legal para burlar la ley y justificaba la importancia de frenar esas demandas en que, en caso de ir adelante, significaría "que ganen la guerra los que perdieron hace 80 años". Esta ofensiva legal de la Fundación, que en sus estatutos recoge entre sus fines "la difusión de la memoria y obra de Francisco Franco", se une a las recientes declaraciones de sus responsables, como Jaime Alonso, vicepresidente, que en noviembre afirmó que la dictadura “sólo fusiló a 23.000 y no fue por capricho”.

En Marea ha presentado este martes en el Congreso una serie de iniciativas con el objetivo de conocer las fuentes de financiación de la Fundación Francisco Franco, pedir que se investigue la comisión de delitos por parte de la entidad e impulsar la modificación de la actual Ley de Fundaciones para impedir que esta entidad pueda operar como tal, beneficiándose de las ventajas fiscales de las que disfrutan las fundaciones. Se busca evitar, igualmente, que la FFF pueda tener acceso la cualquier ayuda pública. Las últimas subvenciones de las que hay constancia datan de la segunda legislatura de José María Aznar, durante la que la entidad recibió 150 mil euros. A pesar de estar obligada a hacer públicas sus cuentas económicas, la última vez que la Fundación Francisco Franco lo hizo fue en 2009, declarando unos ingresos anuales de 118 mil euros.

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A Coruña reacciona ante el intento del Puerto de lucrarse con la venta de un espacio público

El Ayuntamiento de A Coruña anuncia que acudirá ante los juzgados, "si es preciso", para hacer valer su derecho de compra sobre los terrenos del complejo deportivo de La Solana, espacio público que la Autoridad Portuaria quiere privatizar junto con el Hotel Finisterre. El Gobierno local recuerda que había llegado a un acuerdo con el Puerto para hacerse con estas instalaciones por 1,4 millones de euros, "de forma que la ciudadanía pueda disfrutar de una equipación deportiva como esta en una zona en el que hay un déficit de instalaciones públicas". También desde los movimientos sociales se está reaccionando y en este sentido la Comisión Abierta en Defensa de lo Común, que exige la devolución gratuita de estos espacios, ha convocado una concentración de protesta este jueves

El pasado mes de mayo la Autoridad Portuaria anunció su intención de vender el complejo deportivo de La Solana y el Hotel Finisterre (construidos en los años 40 del pasado siglo sobre terrenos públicos) para obtener ingresos que le permitieran sanear las cuentas de la entidad, lastradas por los gastos generados por la construcción del Puerto Exterior, que ya ha provocado una deuda de 300 millones de euros. En ese momento el Ayuntamiento de A Coruña reaccionó, ejerciendo su derecho a la compra directa de los terrenos que ocupa La Solana, tasados en 1,4 millones de euros. El 31 de junio, el Consejo de Administración del Puerto acordó paralizar la subasta anunciada, dándole al Ayuntamiento un plazo de seis meses para presentar una oferta, que se hizo efectiva el pasado 21 de octubre, con la aprobación del interventor municipal. El proyecto de presupuestos municipales para 2017, todavía en negociación, reserva una partida de 1,4 millones para la compra de La Solana.

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"Los chavales van al colegio a aprender pero tienen que ir educados de casa, también en la tecnología"

Existen los nativos digitales? El término fue acuñado en 2001 por Marc Prensky, que lo usó para denominar el grupo de estudiantes que ya en aquel momento preferían revisar un documento en pantalla en lugar de imprimirlo y para los que era impensable imprimir un correo electrónico en papel para conservarlo. ¿Podemos considerar, pues, nativos digitales a los chicos y chicas de menos de 20 años que se criaron usando internet y smartphones?

Javier Pedreira Wicho está convencido de que no, y así lo explicó en el libro Los nativos digitales no existen. Cómo educar la tus hijos para un mundo digital, que coordina junto con Susana Lluna Beltrán. En la obra alerta de que incluso los jóvenes  carecen de herramientas fundamentales para moverse en las redes sociales y en Internet. De esto hablará este sábado en Lugo, a partir de las 17 horas en una de las sesiones del InLugo2016. Pedreira es el responsable de informática de los Museos Científicos Coruñeses y colabora en varios medios de comunicación. Su blog, Microsiervos, que gestiona junto a Alvaro Ibáñez y Nacho Palou, es una referencia en la blogosfera hispana desde hace una década.

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Emilio Cao: "Si me condenan, me destrozarían la vida por completo"

El 22 de marzo de 2014 decenas de miles de personas, llegadas de todos los territorios del Estado llenaron las calles de Madrid. Las Marchas de la Dignidad consiguieron un sonoro éxito de convocatoria al grito de "pan, trabajo y techo". Sin embargo, en el final de la manifestación la policía cargó contra los y las movilizadas, deteniendo a 24 personas, tres de ellas gallegas. Entre ellos estaba Emilio Cao, un joven de O Carballiño (Ourense), que entonces tenía 17 años, acusado de agresión y atentado a la autoridad, cargos que niega con rotundidad.

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¿"Muertos por hemorragia interna" o asesinados por los franquistas?

"Muerto por hemorragia interna". Para muchas de las personas que fueron asesinadas en Galicia por la represión franquista a partir de julio de 1936 esta es la causa de la muerte que figura en los certificados de defunción y registros. Es el caso, por ejemplo, de Manuel Rodríguez Sangiao, alcalde de Cuntis o de Pedro Galán, secretario de Organización de las Mocidades Galeguistas en A Coruña, entre tantos y tantas otras. También se empleaban otros eufemismos, como "destrozo cerebral" o "acción de guerra".

La Iniciativa Galega para a Memoria (IGM), formada por entidades de memoria histórica de toda Galicia, llevará a cabo a lo largo de 2017 una campaña para buscar la verdad en los registros de defunción de las personas asesinadas por el fascismo. Esta iniciativa llevará el nombre de Proposta Cané en homenaje a Isidro Paz, hijo del impresor y concejal pontevedrés Ramiro Paz, fusilado por el fascismo el 12 de noviembre de 1936. Isidro Paz, Cané, luchó hasta su muerte para que en el documento de defunción de su padre pusiera que fue fusilado en lugar de "murió por hemorragia interna", como sigue rezando actualmente. Además, se buscará que se certifique la defunción de las personas que siguen cómo "desaparecidas" al no haberse recuperado nunca sus cuerpos. Por ejemplo, las fondeadas por los fascistas en la ría de Vigo.

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