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Marcos Pérez Pena

Marcos Pérez Pena (Montevideo, 1980). Periodista en Praza Pública (www.praza.com), trabajó anteriormente en Diario de Ferrol, La Voz de Galicia, Tempos Novos y en el digital Vieiros.com. Doctor en Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela, con una tesis sobre la prensa en la Transición Política.

Ha publicado distintas investigaciones sobre ciberpolítica, periodismo digital e historia del periodismo. Coordinador del volumen sobre el 15M en Galicia, 'A praza é nosa' (2.0 Editora)

Así es la asociación que ha llevado a los tribunales a un concejal por meter al Papa en un cartel del carnaval

En los últimos días la Asociación de Viudas de Lugo y su presidenta, Aurora Carro, han ganado una notoriedad insospechada a raíz de la denuncia presentada contra el concejal de Culturas de A Coruña por el cartel del Carnaval en el que se representaba a una persona disfrazada de Papa. Las asociaciones de viudas existen desde hace más de medio siglo. Adquirieron una gran importancia social durante la dictadura, hasta el punto de que en 1969 se creó la Confederación de Asociaciones de Viudas Hispania, que unificaba a todas las entidades y federaciones existentes. Aunque su dimensión pública es menor en las últimas décadas, mantienen una organización muy estable, jugando a ser un grupo de presión, con demandas ligadas a la mejora de las pensiones, pero también con una agenda muy próxima a la Iglesia católica y a las ideologías conservadoras.

En el caso concreto de Galicia, Aurora Carro fue una de las fundadoras, hace más de cuatro décadas, de la Federación Gallega de Viudas, que todos los años celebra un Congreso Regional, que en los últimos tiempos cuenta siempre con la presencia de los consejeros y consejeras del área de Política Social del Gobierno gallego y, en ocasiones, del propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Aurora Carro fue durante más de 30 años, además, presidenta de la Asociación Provincial de Estancos, un cargo que abandonó en el año 2008.

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Un concejal de A Coruña, imputado por un cartel de carnaval en el que aparecía un disfraz de Papa

Unas semanas antes de la celebración de los últimos carnavales surgió en A Coruña una de esas polémicas (tan habituales en los últimos tiempos) por la utilización en los carteles del Ayuntamiento de una ilustración que representaba a una persona disfrazada de Papa, con una copa de vino y un papamóvil de cartón. El Gobierno municipal recibió críticas por parte del  Arzobispado de Santiago, que lo acusó de "herir las creencias de los creyentes", y de algunas otras entidades, como la asociación Abogados Cristianos  o la Asociación de Viudas de Lugo, que llegó a presentar una denuncia.

Aquella denuncia ha terminado en la imputación (ahora bajo la figura de investigado) del concejal de Culturas de A Coruña, José Manuel Sande, por un presunto delito contra los sentimientos religiosos. El próximo 17 de Abril Sande deberá acudir en el juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña. 

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Homenaje a las lavanderas: "Los espacios de trabajo de las mujeres eran espacios de libertad"

El barrio compostelano de Galeras acogerá este viernes un acto de reconocimiento a las lavanderas, un homenaje enmarcado en las actividades programadas por el Concello de Santiago para la celebración del Día Internacional de las Mujeres, en respuesta a una petición del colectivo vecinal Plataforma de Galeras. A las 12.30 horas se colocará un panel informativo en uno de los lugares que eran tradicionalmente empleados para lavar y clarear la ropa. Justo antes del acto, la historiadora y vecina del barrio Encarna Otero ofrecerá una charla en el CEIP Reina Fabiola sobre el significado de los lavaderos como espacios de trabajo y relación social de las mujeres.

"Los espacios de trabajo de las mujeres eran espacios de libertad", destaca Otero. "Sobre todo porque allí no había hombres. Ellas cantaban, se divertían, contaban cuentos, hacían una especie de terapia colectiva en la que criticaban el mundo para lo cual ellas lavaban: la Iglesia, los señores...", explica. "Con este acto queremos promover una dignificación y un reconocimiento de este trabajo. Era un trabajo muy duro: estaban durante horas expuestas a la humedad y al frío, tenían que lavar metidas en el río, de rodillas, sufrían sabañones... Era, además, un trabajo muy mal pagado", cuenta.

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Condenados a tres meses de cárcel por protestar en la universidad contra un profesor homófobo

En mayo de 2015 un grupo de unos 70 estudiantes de la Universidad de Santiago llevaron a cabo una protesta en una de las clases de Domingo Neira, profesor del grado de Educación primaria de Magisterio, que unos meses antes se había hecho tristemente célebre por impartir contenidos marcadamente homófobos en sus materias. "Los homosexuales carecen de hombría y no pueden educar", "la homosexualidad es contagiosa" o "no se puede permitir a parejas del mismo sexo adoptar, puesto que les pasarían su mal a sus hijos" eran algunas de las frases que solía repetir, y que estaban presentes también en un libro -de su autoría- que también empleaba en las clases.

La respuesta de la Universidad de Santiago fue una sanción muy leve (lo apartó dos meses de la docencia), y Neira volvió a dar clase en el curso siguiente. El creciente malestar del alumnado llevó a un grupo de estudiantes a la realización del comentado escrache. Cuatro de las personas que participaron en la protesta fueron llamadas a declarar y en febrero de 2016 tres fueron encausadas (Antia, Martín y Mario), pidiéndose 5 meses de cárcel para ellos y ella bajo una acusación de desórdenes públicos. Ya en ese momento, Antía señalaba en conversación con Praza.gal que la acción no había sido violenta "en ningún momento": "esperamos hasta el final de la clase, y cuando solo faltaban cinco minutos para el final y el profesor estaba recogiendo iniciamos la protesta, con gritos y carteles, pero de forma totalmente pacífica", explicaba. El juicio tuvo lugar el pasado mes de octubre

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Así es la polilla que amenaza a la patata en Galicia y Asturias

La llamada polilla guatemalteca ( Tecia solanivora Povolny), procedente de Centroamérica, fue detectada por primera vez en 1999 en plantaciones de patata de Canarias, donde se sigue luchando contra una plaga que destroza las cosechas de este tubérculo. En 2015 el parásito saltó a la Península, registrándose los primeros casos en Galicia, en las proximidades de Ferrol.

Los tímidos controles establecidos entonces por la Xunta han permitido que la polilla afecte ya a 31 municipios del norte de Galicia y a 11 del occidente asturiano. Son zonas en las que la producción es mayoritariamente para autoconsumo. Los sindicatos llaman a evitar la alarma social, pues este parásito sólo afecta a las plantaciones situadas a nivel del mar (la mayor parte del tubérculo que se comercializa procede de Ourense, en zonas de más altura).

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PP y PSOE tumban la moción de confianza del gobierno de la Marea en A Coruña

Treinta días en el aire. Los votos de PP y PSOE han tumbado este sábado la cuestión de confianza formulada por el gobierno de la Marea Atlántica en A Coruña para aprobar los presupuestos de 2017. Tras la ruptura de conversaciones con el grupo socialista el alcalde de la ciudad, Xulio Ferreiro, decidió "poner el gobierno a disposición de la ciudad" para que cada fueza "decida de qué lado está y asuma su responsabilidad" y la moción ha isido rechazada por socialistas y populares, mientras que el BNG y la propia Marea han votado a favor. Se abre ahora un plazo de un mes para que desde la oposición se plantee una moción de censura "con candidato alternativo a alcalde", según estipula la ley, y a esa operación han arengado los conservadores. En caso contrario, Ferreiro quedará ratificado en el cargo y las cuentas, aprobadas inicialmente.

El pleno se ha desarrollado en un clima a medio camino entre la tensión y la reivindicación. Así se plasmó en el espacio del palacio municipal reservado al público y también en los discursos. El portavoz socialista, José Manuel García, ha culpado a la Marea de hacer "imposible" un acuerdo con el PSOE porque, en última instancia, "preferirían que el Partido Socialista no existiera". "No podemos otorgarle nuestra confianza porque se ha encargado de difundir que no confía en nosotros", ha afirmado. Su formación, dice, optó por el "no" en el pleno para que Ferreiro esté "un mes en funciones", tiempo "suficiente para reflexionar y encontrar caminos comunes". "Dependerá de su voluntad, es su responsabilidad ganarse la confianza de los socialistas", reta.

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Una moción de confianza decidirá el futuro del Gobierno de A Coruña

No hubo acuerdo. A pesar de que en los últimos días (y horas) continuaron las negociaciones entre Marea Atlántica y PSdeG-PSOE para llegar a un consenso sobre el proyecto de Presupuestos municipales para 2017, finalmente el pacto no ha sido posible. Xulio Ferreiro compareció en la mañana de este viernes, acompañado por sus concejales y concejalas, destacando que "hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para llegar a un acuerdo con el PSOE", y subrayando que incluso habían ofrecido incrementar de tres a cuatro el número de concejales socialistas que colaborarían con el gobierno municipal en la ejecución de proyectos concretos (una de las demandas del PSOE que habían llevado hace una semana a romper el acuerdo) y subrayando que no había habido vetos personales (a la presencia en ellos, por ejemplo, de Mar Barcón).

Sin embargo, el PSdeG-PSOE no ha aceptado la exigencia de la Marea -presentada en los últimos días- de que, ligado al acuerdo presupuestario, se pactaran entre las dos fuerzas compromisos para el impulso del área Metropolitana de A Coruña, el cambio del modelo de movilidad hacia uno más sostenible y la defensa de la titularidad, la gestión y la iniciativa públicas en la transformación de los terrenos portuarios. El objetivo, según Marea Atlántica, era construir “unas condiciones mínimas para la estabilidad, al menos para este año". A pesar de que estos tres asuntos concretos han venido contando en los últimos meses, más o menos, con el apoyo del PSdeG-PSOE, los portavoces socialistas manifestaron este jueves -y de nuevo este mismo viernes- su negativa a llegar a acuerdos y pactos más allá de la aprobación de las cuentas.

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Un juzgado de Vigo abre la puerta a que haya más de un perceptor de renta de inserción por domicilio

La Ley 10/2013 de inclusión social de Galicia señala en su artículo 11 que "como regla general se concederá una sola renta por domicilio, entendido como marco físico de alojamiento de la unidad de convivencia de la que forma parte la persona titular de la prestación". La Xunta viene empleando este criterio de una Risga (Renta de Inserción Social de Galicia) concedida por domicilio, equiparándolo a unidad familiar, lo que ha derivado en algunos conflictos, cuando en una misma vivienda conviven -sobre todo por razones de ahorro económico- varias perceptoras que no pertenecen a la misma unidad de convivencia. Esto está obligando en algunos casos a estas personas a tener que trasladarse a otro domicilio.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Vigo acaba de reconocer el derecho de una mujer a recibir esta prestación incluso compartiendo domicilio con otra persona que también cobre la RISGA pero que no es de su familia. El dictamen destaca que el propio artículo 11 de la ley define el concepto de unidad de convivencia como "el conjunto de personas que convivan en el mismo domicilio y mantengan con respeto a la persona solicitante un vínculo por matrimonio o análoga relación estable, por adopción o acogimiento, o por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto y segundo grado, respectivamente", haciendo hincapié en que la conjunción y obliga la que concurra una "específica relación personal" que en este caso no existía.

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La antigua cárcel de A Coruña reabre sus puertas para homenajear a las víctimas de la represión

30 años después de su cierre como cárcel y 6 años después del breve período (2010-11) en el que acogió varios actos culturales y exposiciones, la ciudadanía de A Coruña pudo volver a entrar este jueves en la antigua prisión provincial. Lo hizo a través de Celsa Díaz, que entre 1973 y 1974 (con solo 18 años) estuvo tres meses encarcelada tras una protesta contra la selectividad. Ella fue la encargada de abrir la puerta, dando paso a integrantes de colectivos sociales y periodistas, que participaron en una visita organizada por el Ayuntamiento.

En los próximos tres meses el espacio (cedido por el Ministerio de Interior por dos años mientras se resuelve definitivamente el litigio abierto con la ciudad sobre su titularidad) será objeto de trabajos de acondicionamiento y reparación para asegurar la protección de su estructura, con el objetivo de que en primavera pueda comenzar a acoger actividades. Su modelo de gestión y sus usos aún deben ser definidos en un proceso participativo con entidades sociales y culturales que tomará como base "el trabajo desarrollado en los últimos años por el Proxecto Cárcere", destacó el alcalde Xulio Ferreiro. Este mismo martes este colectivo, que llevaba seis años reivindicando la cesión del inmueble a la ciudad y su apertura como centro sociocultural y espacio de memoria, le entregó al Gobierno local su propuesta de usos para el edificio, que -defiende- debe tener un funcionamiento autogestionado.

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"La Administración actúa de forma irresponsable ante el amianto"

La comunidad educativa del CEIP Ramón de la Sagra de A Coruña lleva días movilizada ante la obstinación de la Consejería de Educación en retirar en período lectivo el amianto presente en el edificio. Lo cierto es que el objetivo inicial -tal y como se recogía en el pliego técnico- era que las obras se realizaran durante el verano; posteriormente se retrasó hasta las vacaciones de navidad, y finalmente la fecha escogida fue este mes enero, una vez retomadas las clases.

Madres y padres insistieron en todo momento en que la eliminación del amianto implicaba riesgos para los niños y niñas, una opinión apoyada por un informe de la doctora Carmen Diego Roza, una de las principales expertas en toda España en los efectos del amianto sobre la salud. Y han exigido que las obras se realizasen en período no lectivo. Sin embargo, desde la Xunta se afirmó en varias ocasiones que no existía peligro alguno, que los trabajos tienen lugar por las tardes y que, posteriormente, se realizaban "mediciones" para detectar la presencia de fibras de amianto.

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