La Justicia ordena el ingreso inmediato en prisión de Pallerols y del exsecretario de Unió

Dos de los condenados por el caso Pallerols, una trama de desvío de subvenciones europeas hacia Unió Democràtica, deberán ingresar finalmente en prisión. La Audiencia de Barcelona ha dictado la entrada voluntaria e inmediata a la cárcel -bajo orden de búsqueda y captura- del empresario andorrano Fidel Pallerols y el exsecretario de Organización de Unió, Vicenç Gavaldà, después que el Consejo de Ministros del 21 de marzo descartara aceptar su petición de indulto, la última carta que les quedaba. Ambos estaban condenados a siete meses de cárcel por desvío de fondos públicos para cursos de formación de parados entre 1994 y 1999.

Quien de momento no deberá ingresar en prisión, según han informado fuentes de la Audiencia de Barcelona a Efe, es el tercer condenado por el caso Pallerols, Lluís Gavaldà, hermano de Vicenç y entonces director general de Empleo en la Generalitat. Sobre él pesa una condena de un año y medio de cárcel, pero su petición de indulto todavía está en trámite.

Tras la sentencia de conformidad pactada con el fiscal el pasado 9 de abril de 2013, que reducía las condenas a menos de dos años de cárcel, Pallerols y los hermanos Gavaldà esperaban poder evitar su ingreso en prisión, dado que la ley permite suspenderlo si la condena es inferior a dos años y los afectados no tienen antecedentes. Pero la Audiencia rechazó concederles este beneficio, así como sustituir la prisión por una multa, con lo que a los tres condenados solo les quedó la esperanza del indulto, que ha sido recientemente descartada.

Sortear su paso por la cárcel era uno de los principales objetivos del pacto al que llegaron defensa y acusación y que evitó in extremis la celebración del juicio. Tras aquel acuerdo, Unió se comprometió a devolver, junto con el resto de procesados, los 388.000 euros desviados de los fondos europeos para cursos de formación de parados. De ese modo, el segundo partido de la coalición CiU se convirtió en la primera formación de la historia judicial española que devuelve el dinero defraudado a la Administración pública.