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Narcís Serra y los cuarenta imputados por subirse el sueldo en Catalunya Caixa

El entonces presidente Narcís Serra y otros 41 exdirectivos de la entidad han ido a juicio por aumentar las retribuciones del comité de dirección cuando estaban en situación crítica

El juez ve indicios de delito de administración desleal en la gestión de los directivos de la entidad

A los 11.600 millones de euros públicos perdidos en la operación se les podrían sumar los 1,2 millones que el Estado deberá pagar a dos exdirectivos de CatalunyaCaixa por despido improcedente 

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Imputados Serra, Todó y la antigua cúpula de Catalunya Caixa por sobresueldos

Adolf Todó y Narcís Serra.

La operación de absorción de CatalunyaCaixa por parte del BBVA consuma la pérdida de unos 11.600 millones de euros públicos, una cantidad que el Estado destinó a sanear una entidad quebrada, en parte, por la gestión de algunos directivos que ahora están imputados. En total son 42 exmiembros del consejo de administración a los que el juez -el mismo del caso Palau- acusa de un delito de administración desleal por subirse el sueldo en 2010, cuando la entidad ya estaba al borde de la insolvencia. Entre estos imputados destaca la figura de Narcís Serra, exvicepresidente de Felipe González y presidente de la entidad desde 2005.

En principio fueron 54 los directivos que tuvieron que declarar en la Ciutat de la Justícia entre octubre y noviembre de 2013, pero 12 fueron absueltos por no haber apoyado las votaciones internas que daban luz verde a las subidas de sueldos. Las votaciones en cuestión dos: el 19 de enero de 2010 se aprobó aumentar el sueldo variable del director general Adolf Todó y de su adjunto Jaume Masana. En la segunda votación, el 13 de octubre del mismo año, se dedició aumentar el sueldo de los miembros del comité de dirección, con lo cual Todó pasaría a cobrar 812.500 euros anuales -antes 800.410- y Masana 610.200  -antes 598.400.

Estos aumentos de sueldo hay que contextualizarlos, según la Fiscalía Anticorrupción, en una "situación crítica" de la entidad, que ese mismo 2010 ingresó ya 1.250 millones de euros públicos en ayudas del Fondo de Reestructucación Ordenada Bancaria (FROB) porque estaba en una "situación real de insolvencia". Además, la Comisión Europea desaconsejaba las retribuciones variables porque "para su percepción procuran un beneficio rápido de la entidad, que desemboca en un perjuicio a medio plazo al asumir riesgos no deseados".

El duro escrito de la fiscalía denuncia que los exdirectivos abusaron de su cargo, y que "utilizaron fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad". Algo que contribuyó "a su grave crisis financiera", según el ministerio público. El FROB ingresó antes del cierre de 2012 hasta 12.000 millones a la entidad, un proceso de rescate que se producía mientras cargos como Todó seguían cobrando retribuciones millonarias y se aseguraban planes de pensiones de hasta 8,2 millones, según fiscalía. 

Serra cobraba entre 236.000 y 260.000 euros

Catalunya Caixa quedó nacionalizada totalmente en diciembre de 2012, y pese al camino hacia el rescate, en los años previos los directivos se repartieron elevados sueldos que no dejaron de subir. Narcís Serra lo justificó ante el juez al afirmar que eran salarios ajustados a la media del sector. En su caso, Serra vio como su sueldo aumentaba entre 2007 a 2009 y pasaba a cobrar anualmente entre 236.000 euros y 260.000 entre salario y dietas.

No obstante, no era el único sueldo que ingresaba el exministro socialista. Serra, por su cargo al frente de la caja, participaba en los consejos de administración de Gas Natural, Applus y Telefónica, lo que elevaba sus emolumentos a los 1,2 millones anuales.

En su papel como presidente de la entidad, el juez ve también indicios de delito de administración desleal. Pese a que su cargo era más representativo que ejecutivo, el magistrado considera que "su actuación era propia de quien tiene poder de decisión sobre la dirección y gestión de la entidad". La acusación popular llegó a pedir prisión preventiva para Serra o Todó, pero el juez lo consideró innecesario.

Indemnización para los directivos de 1,2 millones

A los 11.600 millones de euros públicos que se han destinado a sanear Catalunya Caixa y que no se recuperarán, habría que añadir otros 1,2 millones que el Estado deberá abonar a los directivos Adolf Todó i Jaume Massana por la indemnización que les corresponde al haber sido despedidos de forma improcedente. Así lo decretó el juez en otro proceso judicial, en el que obliga a pagarles 600.000 euros para cada uno o readmitirles en la entidad.

Y como la readmisión es improbable -Masana, por ejemplo, fue fichado por CaixaBank-, el FROB deberá abonar la cantidad a no ser que prospere el recurso interpuesto por el Ministerio de Economía. En 2013 el FROB, propietario ya de la entidad, consideró que su despido era procedente, al denunciar la mala gestión de Todó y Masana, pero el magistrado dijo en su sentencia de marzo que no estaba probado.


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