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Frente común de Barcelona, Salou, Roses y Sitges con la Generalitat y el Estado contra el top manta

El conseller de Interior, Jordi Jané, ha cifrado en 800 los vendedores en la Barceloneta

Yeray S. Iborra

Los ayuntamientos de Barcelona, Sitges, Roses y Salou, la Generalitat y el Estado han puesto sobre la mesa este jueves en una reunión con el Defensor del Pueblo un acuerdo con el objetivo de erradicar el top manta. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que “no queremos pasarnos la pelota entre nosotros” y que “no habrá soluciones a corto plazo”. Colau ha asegurado que el mejor resumen del encuentro lo ha dado el alcalde de Sitges, Miquel Forns: “este es un problema de país”.

Desde la Generalitat, el consejero de Interior, Jordi Jané, ha valorado positivamente el encuentro entre diversas administraciones –ayuntamientos, Generalitat, Aduanas del Estado, Delegación del Gobierno–, y que “hayan podido compartir diagnosis las diferentes fuerzas que tenemos competencia”. Jané ha dicho que ha habido “coincidencia absoluta” con un punto que la Generalitat ya expresó el pasado verano en relación a Salou: “tolerancia cero ante el fenómeno del top manta”.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha declarado que la venta ambulante es un “objetivo a erradicar de una sociedad democrática y madura como la catalana”. “Implica la explotación social, el comercio ilegal, el incivismo, la falta de respeto de las normas elementales de convivencia y relaciones socio-económicas”, ha dicho Ribó. En la misma línea, Jané ha apuntado que “supone la imagen de un país que no nos gusta a nadie”.

El conseller de Interior ha presentado medidas en la línea de las ya anunciadas por el Ayuntamiento de Barcelona: patrullaje conjunto de varias fuerzas policiales y con el objetivo de “saturar” el espacio para evitar que se instalen los vendedores. Por otra parte, ha declarado que están “muy implicados en la investigación de donde son estos productos, donde se almacenan o donde se falsifican”.

Ribó ha sido el encargado de plantear también coordinación de acciones sociales entre las diferentes administraciones, “desde extranjería hasta coordinación de acción de primer nivel de carácter local”.

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