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La CUP reclama al Govern que retire la declaración de Iberpotash como empresa de interés público

Los cupaires basan sus recelos a la actividad minera en las sentencias judiciales contra Iberpotash de los últimos años

Critican el convenio firmado por Iberpotash y el Govern en funciones el pasado mes de noviembre por poco transparente

La Comisión Europa mantiene abierta una investigación para determinar si la Generalitat no ha hecho todo lo posible para frenar la contaminación que genera Iberpotash

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Minas de Iberpotash en Súria EFE

La CUP ha reclamado este viernes al Govern la retirada de la calificación de la compañía minera Iberpotash como empresa de interés público y que la firma israelí cumpla con sus responsabilidades con la salud pública y el medio ambiente. De esta forma los cupaires han querido hacer constar su malestar con el convenio que firmaron el Govern en funciones e ICL Iberia el pasado mes de noviembre.

A cambio de la declaración de empresa de interés público, Iberpotash se comprometió a presentar a la Generalitat un plan de cierre "acompasado y progresivo" de la actividad extractiva en Balsareny y Sallent con fecha límite en julio de 2017 para cesar los vertidos al depósito salino de El Cogulló.

El documento también contempla la mejora del colector de salmueras para evacuar al mar parte del material salino acumulado, y que la Generalitat apruebe el Plan Director Urbanístico (PDU) de los municipios de la minería potásica en el Bages antes de acabar 2016. El PDU permitirá nuevas inversiones de la empresa y el cierre progresivo de Balsareny/Sallent y su transformación cuando cese la actividad minera. Asimismo, ICL Iberia concretará antes de fin de año sus planes de inversión para el periodo 2016-2018.

La diputada de la CUP, Anna Gabriel, originaria de Sallent (uno de los pueblos de la comarca del Bages donde Iberpotash tiene actividad minera) ha mostrado su inquietud sobre que la declaración de empresa de interés público de Iberpotash esconda más bonificaciones sobre los cánones del agua para la empresa. Asimismo, Gabriel ha recordado que "no estamos en una situación de desgobierno, sino que el Govern en funciones toma decisiones que pueden tener afectaciones".

En este sentido, la diputada ha lamentado la "manca de transparencia" del Govern no sólo con el convenio firmado por el ejecutivo en funciones, sino con todo lo relacionado con Iberpotash. Gabriel ha explicado que la cuestión minera será uno de los temas que se tratarán en la nueva reunión entre Junts pel Sí y la CUP programada para el próximo lunes.

Actividad minera cuestionada por los tribunales y Europa

La actividad minera de Iberpotash en Sallent no tiene sustento legal tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de septiembre que rechazó sendos recursos de casación que la empresa y la Generalitat presentaron contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que en octubre de 2013 anuló la autorización ambiental a la actividad minera concedida por el conseller de Medi Ambient Francesc Baltasar, de ICV.

El Supremo confirmó lo sentenciado por el alto tribunal catalán a partir de una denuncia de la Associació de Veïns Sant Antoni de la Rampinya de Sallent. Es decir, que la actividad minera y el vertido de residuos en la gran montaña de sal de El Cogulló (un vertedero al aire libre sin impermeabilización) eran ilegales, pues carecían de evaluación ambiental.

El vertedero de El Cogulló, que tiene medidas similares a la montaña del Tibidabo de Barcelona (unas 50 hectáreas de superficie y una altura de unos 500 metros), es uno de los aspectos del convenio firmado entre la Generalitat e ICL en noviembre y que ahora critican los cupaires. En el convenio, la empresa se comprometía a presentar antes del 31 de diciembre de este año un plan de "restauración definitiva" de El Cogulló completable en un horizonte límite el año 2065.

La de El Cogulló no es la única sentencia contraria a Iberpotash de los últimos años: tres directivos y técnicos de Iberpotash fueron condenados el año pasado a dos años de cárcel por contaminar las aguas de la zona, y a pagar la recuperación de los pozos afectados.

La guinda del pastel es la investigación que la Comisión Europea mantiene abierta contra la Generalitat. En su último informe, la comisión censuró la inacción de la administración a la hora de tomar las medidas necesarias para tratar los residuos generados por la actividad de Iberpotash. Aunque todavía faltan años para la resolución definitiva del asunto, no es descabellada la opción de una multa millonaria.

El movimiento ecologista de la comarca de el Bages lleva criticando dos décadas que Iberpotash no cumple el principio de "quien contamina paga", tal y como establece la normativa comunitaria. Destacan que son los presupuestos públicos los que asumen el sobrecoste de 3 millones de euros anuales que supone potabilizar el agua salinizada del Llobregat fruto de la actividad minera.

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