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El pueblo contra Iberpotash

Ecologistas y miembros de la campaña de desinversiones y sanciones a Israel promueven una acción reivindicativa en forma de juicio popular contra Iberpotash para denunciar la contaminación del agua catalana y su participación en el maltrato a la población palestina

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Imagen de la mina de Iberpotash en Súria (Barcelona) EFE

Durante más de dos décadas el movimiento ecologista de la comarca del Bages ha sabido lo que es luchar contra un Goliat. La denuncia del impacto ambiental de la actividad minera de Iberpotash lleva años movilizando a grupos ecologistas y vecinales de la comarca. El tiempo ha acabado dando la razón a los ecologistas: un informe de la Comisión Europea hecho público esta semana censura la inacción de las administraciones a la hora de tomar las medidas necesarias para tratar los residuos generados por la actividad de Iberpotash.

El informe es suficientemente contundente como para ir reservando una partida en los presupuestos públicos para una multa. Este sábado, los ecologistas del Bages harán un acto de protesta en forma de juicio simbólico contra Iberpotash. La performance ha unido la causa medioambiental con la propalestina para denunciar las "complicidades" de la empresa con el maltrato del pueblo palestino.

En los tribunales ordinarios, Jep Ribera, de la plataforma Prou Sal! explica que la Generalitat incluso solicitó la traducción en castellano de un juicio para retrasarlo. Lentamente, la justicia ha ido dando la razón a los ecologistas: tres directivos y técnicos de Iberpotash fueron condenados el año pasado a dos años de cárcel por contaminar las aguas de la zona, y a pagar la recuperación de los pozos afectados.

Ribera destaca que la mala gestión de Iberpotash no afecta sólo a los acuíferos del Bages, que reciben filtraciones de sustancias tóxicas fruto de la mala impermeabilización de los residuos. Para el ecologista de la plataforma Prou Sal!, se trata de un problema que afecta al conjunto de la población, ya que el agua de la región metropolitana de Barcelona depende en buena medida de un río salinizado por Iberpotash: el Llobregat.

En este sentido, Ribera, critica que Iberpotash no cumpla el principio de "quien contamina paga", tal y como establece la normativa comunitaria. Son los presupuestos públicos, destaca Ribera, los que asumen el sobrecoste de 3 millones de euros anuales que supone potabilizar el agua salinizada del Llobregat en comparación con otras plantas catalanas.

Para Ribera, el juicio popular de este sábado pone de manifiesto que se ha conseguido romper un muro, y que la constatación de que Iberpotash contamina "va haciendo hueco" entre la población, a pesar de las dificultades. No se trata sólo de las complicidades entre Iberpotash y la administración catalana. De entrada, porque de Iberpotash dependen 1.000 empleos directos y 4.000 indirectos.

Pero además, la empresa patrocina eventos culturales y el equipo de baloncesto de la comarca de la Liga ACB, el Bàsquet Manresa. "En vez de cumplir la legislación, Iberpotash se dedica a dar ayudas para comprar voluntades", lamenta Ribera. Arnau Carné, de la campaña BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Estado de Israel) del Bages, hace hincapié en este aspecto: "Iberpotash asocia su nombre a cosas positivas para la comarca, por lo que si quieres hacer una denuncia contra la empresa te dicen 'ei, pero si estos me pagan el baloncesto'".

Carné detalla la otra 'causa' contra Iberpotash en el juicio de este sábado ha sido su vinculación con el Estado de Israel. El activista denuncia que la empresa extrae la sal del Mar Muerto que luego procesa en fábricas en colonias de territorios ocupados y que, además, impide a la población palestina extraer sal del mar.

Al otro lado del Mediterráneo, la Generalitat ha apuntado, según reseña el informe europeo, que retirar las montañas de sal de las minas de Súria y Sallent, tal y como reclaman los ecologistas, es una operación prácticamente imposible de llevar a cabo, tanto técnicamente como por su coste.

Si la Generalitat no convence al Ejecutivo comunitario con sus alegaciones, la Comisión elevará el caso a la justicia europea, que decidirá si sanciona a España por vulnerar las directivas comunitarias de aguas y recursos extractivos. Una sentencia que tardará años. Los vecinos del Bages decidirán la condena este sábado, aunque será simbólica.

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