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La suspensión que demuestra que el Derecho va por detrás de la realidad

La suspensión de la declaración de independencia ha situado al Gobierno de Puigdemont fuera de la Constitución pero también fuera de la legalidad catalana que bebe del derecho a la autodeterminación. El incumplimiento de la Ley del referéndum de autodeterminación sólo se justifica en motivos políticos y devuelve el proceso a una incertidumbre sólo superable con la entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad y fundacional de la República en un plazo breve.

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Parlament 10 octubre

Carles Puigdemont en la comparecencia ante el Parlament de Catalunya el 10 de Octubre ©SANDRA LÁZARO

Artículo 4.4 de la Ley del Referéndum de Autodeterminación: Si en el recuento de los votos válidamente emitidos hay más votos afirmativos que negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlamento de Cataluña, dentro los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales por la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar el proceso constituyente.

Y resulta que ni Sindicatura Electoral, ni efectuación de la declaración formal de la independencia de Cataluña, ni inicio del proceso constituyente. Pero una concreción de efectos: ninguno.

Ayer, día 10 de octubre, el Presidente Puigdemont asumió los resultados del Referéndum con tal de aplicar lo que dice este artículo transcrito, pero propuso la suspensión de sus efectos por parte del Parlamento. En consecuencia, a la práctica, incumplió el mandato de la Ley del Referéndum y el carácter vinculante que esta preveía. Y digo “incumplir” porque sólo podría suspender los efectos el Parlamento y esta suspensión no ha llegado, puesto que ni se votó ni se puede prever que se pueda celebrar un Pleno que lo permita.

Diciéndolo de otra forma, ayer Puigdemont no reconoció la soberanía del Parlamento ni el derecho a la autodeterminación de este pueblo. Este derecho presupone el establecimiento libre de nuestra condición política, desde el pueblo y para el pueblo, y ahora ha reconocido que no lo podemos decidir solos.

Pero calma. Calma porque todos tenemos claro que este debate no es sólo jurídico. Todos sabemos que, en relación con el proceso, el Derecho siempre ha servido para justificar actuaciones políticas una vez hechas o decididas, nunca ha ido por delante. Cuando esta fase se acabe, cuando se declare la independencia formalmente, con la Declaración ayer firmada y de forma solemne, entrará en vigor la Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República y entonces sí, entonces tendremos un estado.

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