Con el proyecto de ley de cajas y fundaciones bancarias en trámite parlamentario, asistimos al acto final de un proceso: la extirpación de la anomalía insoportable que significaban las cajas para el sistema financiero internacional. O para los mercados, si se prefiere un lenguaje más canónico. La desaparición de las cajas es una victoria para los defensores de un capitalismo financiero que ha conseguido conducir la economía productiva a un estado de postración de muy incierto pronóstico.
Hace unos meses me permití calificar este doloroso proceso de eliminación como la “desamortización del siglo XXI”, con resultados favorables para unos pocos y perjudiciales para el interés general. Pero hay que señalar que dicho proceso ha tenido bastante de suicidio asistido. Es bien sabido que las cajas de ahorros estaban sometidas desde hacía tiempo a la deslegitimación pública y al acoso institucional por parte de actores financieros muy influyentes en las instancias europeas. En esta operación de acoso y derribo, sin embargo, contó con el eficaz auxilio interno de dirigentes políticos y de profesionales financieros. Algunos responsables políticos las condujeron hacia un clientelismo moderno del que se aprovecharon especialmente promotores inmobiliarios y constructores. No sólo a escala autonómica como se ha repetido hasta la saciedad. También a escala estatal, tal como han revelado meridianamente el fulgurante ascenso y la estrepitosa caída de CajaMadrid.
A este clientelismo –de diferente alcance y cuantía- contribuyeron también una parte decisiva de los ejecutivos profesionales que dirigían algunas cajas. Menospreciaron la función social de dichas entidades e intentaron imitar pautas de actuación –incluidas las de sus cuantiosas retribuciones- propias de los competidores financieros que anhelaban su desaparición.
En este proceso de autodestrucción no hay que olvidar el papel del regulador. Hubo responsabilidades por falta de control en los políticos de los respectivos gobiernos. Pero ha quedado igualmente de manifiesto el rol negativo del presunto regulador independiente –el Banco de España- al que se atribuía tradicionalmente un implacable y eficaz sistema de inspección, incrustado en las propias entidades. El hecho es que dicho sistema no pudo o no quiso controlar las pulsiones autodestructivas de las cajas y permitió que persistieran hasta su letal consumación. Me pregunto si este episodio podrá ser también una lección interesante para quienes siguen proclamando la superioridad incontestable de estos órganos de regulación y de control, liberados de las responsabilidades democráticas.
Autodestrucción, eutanasia o suicidio asistido, el resultado es ya irreversible.
El paisaje financiero del país ha dado un vuelco. Y no precisamente en beneficio de quienes han acabado pagando la factura del daño causado: contribuyentes en general, honestas iniciativas benéficas y culturales que recibían el apoyo de las cajas, pequeñas o medianas empresas locales solventes que obtenían su asistencia financiera y constituían tejido productivo y social.
El daño es, pues, profundo y duradero. No solo por el coste inmediato de las inyecciones de dinero público para mantener provisionalmente unas entidades que van a ser entregadas a los mercados. También porque se asumirá a medio y largo plazo un importante coste cuando se compruebe que la función social de las cajas –aunque lesionada a veces por decisiones arbitrarias- no va a encontrar ahora sustitución en unas administraciones públicas sometidas a severísimas curas de adelgazamiento para satisfacer también a los insaciables mercados. Y mucho menos va a encontrar compensación en las entidades financieras privadas que se harán con los residuos de sus extintas competidoras.
En este episodio final de una lamentable historia, Bruselas y la llamada troika –un poder sin rostro tan ominoso y amenazador como el de las novelas de Lovecraft- han exigido la rendición incondicional de los últimos y contados defensores de la cultura social de las cajas. Según parece, para la troika la sumisión al modelo mercantil ha de ser total y absoluta, sin posibilidad de resguardar un pequeño reducto de control ciudadano y aplicación social de sus beneficios. Los pronósticos son claramente negativos para los últimos resistentes en esta batalla sin cuartel.
¿Pudo haber sido de otro modo? Los contrafactuales históricos son siempre arriesgados. Pero cabría preguntarse ingenuamente por qué no se procuró movilizar el apoyo ciudadano si se pretendía la defensa de las cajas en base a su carácter social. Probablemente porque se había producido ya la rendición ideológica de una parte de los gestores de las cajas al considerar a los ciudadanos como simples clientes de sus entidades y no como actores y aliados en la defensa de un modelo financiero con objetivos sociales. Quizá también por la conciencia de haber traicionado la confianza ciudadana en actuaciones demasiado alejadas del exigible rigor profesional. El dato es que haber basado toda su estrategia de defensa en el supuesto apoyo de elites tan comprometidas con sus adversarios era incoherente y estaba condenado al fracaso, un fracaso consumado ahora en una norma que se convertirá en el certificado legal de un suicidio asistido.
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