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"Las transnacionales incurren en violaciones de los derechos humanos y causan empobrecimiento"

Entrevista a Mónica Vargas, miembro del Transnational Institute, Entrepueblos y el grupo sobre Empresas y Derechos Humanos de lafede.cat

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Mónica Vargas reclama que es vigili si les empreses catalanes respecten els drets humans quan inverteixen a l'exterior

Mónica Vargas reclama que se vigile si las empresas catalanas respetan los derechos humanos cuando invierten en el exterior"

El undécimo punto del Manifiesto de la  Plataforma Pobreza Cero sobre los 12 frentes de lucha contra las desigualdades reclama que se recorte el poder de las transnacionales. Mónica Vargas considera que estas grandes empresas suelen incurrir en violaciones de los derechos humanos y causar empobrecimiento en las comunidades donde se instalan. Vargas es miembro del Transnational Institute Entrepueblos y el grupo sobre Empresas y Derechos Humanos de lafede.cat.

¿Las transnacionales no ayudan a combatir la pobreza o, aún peor, la causan?

Es la conclusión a la que hemos llegado en los estudios que hemos desplegado desde diferentes ámbitos, tanto en Catalunya, como a nivel estatal e internacional. Hemos ido detectando los espacios donde se produce una violación sistemática de los derechos humanos. El empobrecimiento está muy vinculado a la violación de los derechos humanos, a los grandes conflictos de justicia social y justicia ambiental. En todas partes.

Dentro de los procesos de globalización nos encontramos con las empresas transnacionales como un factor capital. Cuando trabajamos contra el empobrecimiento, debemos tener en cuenta los marcos que existen a nivel internacional para sostener nuestras reivindicaciones y trabajar con las comunidades afectadas. Hay un espacio de trabajo y lucha contra el empobrecimiento que pasa por controlar las actuaciones de las transnacionales.

¿Hay transnacionales que causan más empobrecimiento que otras? ¿Hay sectores donde esta acción empobrecedora sea más evidente, más directa?

En cada sector, desgraciadamente hay conflictos registrados. Los instrumentos que han creado las comunidades afectadas para defenderse deben servir para abrir listas de empresas y hemos visto el protagonismo de las empresas extractivistas: mineras, petroleras,...

En el Tribunal Permanente de los Pueblos que se convocó en Madrid, en 2010, se presentaron 27 casos de empresas europeas que violaban los derechos humanos en Latinoamérica. Una tercera parte eran españolas. Principalmente bancos y empresas extractivas, como Repsol.

La creación de empobrecimiento se sitúa a diferentes niveles. Al de las inversiones, por ejemplo. Ahora, en Asia se está hablando de los refugiados por las inversiones, personas forzadas a desplazarse por culpa de las actividades de las empresas transnacionales. También existen los desplazamientos que se producen por la destrucción de las condiciones de vida, como el caso de Chevron. Después de veinte años de destrucción ambiental está volviendo a ser juzgada, ahora en Canadá. Hay el ámbito de los derechos laborales. Aquí se ha sufrido fuertemente. Trabajadoras y trabajadores españoles se enfrentaron a Telefónica, el año pasado, por ejemplo.

Son muchos los sectores. Está muy repartido. Lo que no está repartida es la responsabilidad.

En 'Pobreza Cero' se quiere vigilar la acción internacional de las empresas catalanas que invierten en el exterior.

Cuando se habla de una Catalunya diferente, responsable en el exterior, referente en cuanto a la defensa de los derechos humanos, es importante ver qué impactos crean las empresas catalanas fuera del país. Desde hace años, las organizaciones sociales catalanas vienen denunciando que tienen un impacto fuerte sobre la biodiversidad y, por tanto, sobre los derechos humanos de las poblaciones de los países empobrecidos y también otros tipos de impactos.

Las empresas catalanas deberían estar asumiendo una serie de reglas que no cumplen y, por ello, se están creando espacios para incorporar mecanismos de vigilancia para que se haga una inversión realmente responsable en el exterior.

El pasado 3 de junio, intervino usted en la presentación que el grupo de empresas y derechos humanos de lafede.cat hizo, en el Parlament de Catalunya, de una propuesta para que se cree un Centro de Evaluación de Impactos de las empresas Catalanas en el Exterior. ¿Se creará? ¿Con qué funciones?

Creo que sí. Justo antes del verano conseguimos que todos los grupos políticos apoyaran una propuesta de resolución, que está siendo tramitada por la Comisión de Acción Exterior y Cooperación, Relaciones Institucionales y Transparencia del Parlament de Catalunya.

A nivel internacional no existe ninguna legislación vinculante, no hay un derecho duro con sanciones detrás, que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos. Es como si fuera facultativo. Estamos creando, a través de muchas redes y campañas a nivel global -entre las que se encuentran las redes catalanas- un derecho desde abajo. Estamos haciendo presión dentro de Naciones Unidas para que se apruebe un tratado vinculante, con una Corte penal internacional que vigile y sancione las empresas transnacionales y toda la cadena que las rodea -las filiales, las contratistas, sus directivos, ..- y las obligue a respetar los derechos humanos.

Tenemos entre manos algo absolutamente histórico. Que se cree un centro de esta magnitud aplicado a las empresas catalanas sería un hecho sin precedentes. No hay en el mundo un centro de estas características. Por eso, hay mucha esperanza en el exterior en relación a lo que está pasando en Catalunya.

Hablando de tratados, hay varios de comercio internacional -TTIP, CETA, TISA- que se están discutiendo a nivel internacional y que parece que se preocupan más por beneficiar a las transnacionales que a las personas.

No hay ninguna norma que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos. Hay una arquitectura que asegura la impunidad de las empresas transnacionales y se pretende aprobar tratados de libre comercio como el TTIP, el CETA y otros, con un derecho duro, que aseguren las inversiones de estas empresas. Es un conjunto de 'lex mercatoria', como dice Juan Hernández Zubizarreta, que, en realidad, está impulsado por las propias empresas porque asegura sus intereses.

El tratado vinculante que queremos crear sería exactamente la respuesta, la alternativa concreta y realista, que se podría plantear desde la sociedad civil, para neutralizar tratados como el TTIP.

Su lucha parece la de David contra Goliat.

En esta lucha estamos. La próxima etapa es la semana de movilización que se hará en Ginebra, entre el 24 y el 29 de octubre, con la participación de organizaciones catalanas, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Debatiremos estas cuestiones. Y puede sentar precedentes para los próximos años.

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