Puigdemont y varios de sus 'consellers' anuncian que se quedan en Bélgica y no acuden a la Audiencia Nacional
El Govern de la Generalitat, cesado por la aplicación del artículo 155 en Catalunya, ha hecho público un comunicado desde Bruselas en el que confirma que Carles Puigdemont y varios de sus consellers se quedarán en el país belga y no acudirán mañana a declarar a la Audiencia Nacional. El abogado del expresident ya había adelantado esta mañana que Puigdemont no volvería a España para declarar.
El comunicado anuncia que una parte de los consellers irá a la Audiencia Nacional, mientras que el resto –incluido Puigdemont– se quedarán en la capital europea para denunciar “la falta de garantías del sistema judicial español”.
El president cesado ofreció este martes una rueda de prensa desde Bruselas acompañado por siete consellers cesados. Al menos dos de los consellers regresaron a Barcelona este martes: los consellers de Interior, Joaquim Forn y la consellera de Treball, Dolors Bassa. Según el Periódico de Catalunya, los consellers que han solicitado declarar desde Bélgica por videoconferencia son cuatro: Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig. Meritxell Borràs tenía previsto quedarse en la capital europea, pero finalmente ha acudido a declarar a la Audiencia Nacional.
El “legítimo Gobierno de la Generalitat de Catalunya” –así es cómo se refiere a sí mismo el Govern en el comunicado– argumenta que los ex altos cargos catalanes deben hacer frente este jueves a un “juicio político”.
Según el comunicado, con una parte del Govern en Bruselas, se va a “emplazar muy en especial a Europa a afrontar una solución dialogada al conflicto” y denunciar la “voluntad de perseguir ideas políticas” del Estado español ante la comunidad internacional.
El Govern cesado señala que las citaciones de la juez Carmen Lamela “se enmarcan en un sumario sin fundamento jurídico que solo busca castigar ideas”. Critica “la desproporción de penas pedidas por el fiscal,” de quien recuerda que se encuentra reprobado por el Congreso de los Diputados, y que se les propone castigos “equivalentes a delitos como el asesinato o el terrorismo”. Para el Gobierno catalán, esto “demuestra que estamos ante un juicio político efectuado al dictado del Gobierno del Estado español”.
Por último, el Govern cesado insiste, tal y como hizo Puigdemont en rueda de prensa des de Bruselas, en que “en ningún caso” los ex altos cargos que se quedan en Bruselas “contemplan eludir la justicia, sino que justamente la reclaman”. Por ello, asegura que responderán a las citaciones “de acuerdo con los mecanismos que ya están previstos en la Unión Europea para estas circunstancias”, añaden.
