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El alcalde de Carranque denuncia a su antecesor del PP ante la Audiencia Nacional

Javier Martín, edil de 'Vecinos por Carranque', ha denunciado los contratos firmados por la corporación municipal dirigida por Marco Antonio Caballero, debido a los grandes costos para la localidad y su posible vinculación con la trama 'Púnica'

El alcalde asegura que debido a estos contratos, la endeudada localidad toledana paga cinco veces más por el alumbrado público que otros pueblos mucho más grandes, como Illescas

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Ayuntamiento de Carranque, foto por la Diputación de Toledo

Ayuntamiento de Carranque DIPUTACIÓN DE TOLEDO

El alcalde de la localidad toledana de Carranque, de 'Vecinos por Carranque', Javier Martín, ha denunciado ante la Audiencia Nacional los contratos concertados por la anterior corporación municipal, dirigida por Marco Antonio Caballero (PP), para la realización de una auditoría energética y la privatización del servicio de alumbrado público por su posible vinculación con la trama de presunta corrupción 'Púnica'.

Martín, acompañado por el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha presentado este martes la denuncia interpuesta ante el juez Eloy Velasco para que investigue las "posibles irregularidades" derivadas de las adjudicaciones, que han supuesto un "gasto enorme a un Ayuntamiento endeudado y acogido al fondo de donación de entidades locales".

En concreto, el actual alcalde de Carranque pide investigar el pago de 18.000 euros a la empresa Asproener en un concurso negociado sin publicidad para que llevara a cabo una auditoría en materia de eficiencia energética, fruto del cual el anterior consistorio contrató a la sociedad Elecnor para mantener el alumbrado público por 22.552 euros al mes (270.624 al año).

A su vez, Elecnor subcontrató a otra empresa para que fuese ésta quien llevase a acabo ese mantenimiento del alumbrado. "Hay concejales y familiares de concejales que tienen participación en esta subcontrata. Hemos tenido conocimiento que el antiguo alcalde del municipio madrileño Griñón --José Ramón Navarro (PP)-- tiene relación con la empresa Asproener y, a partir de ahí, el consistorio de Carranque empieza a urdir estos contratos", ha dicho Martín.

Por su parte, el representante de Podemos José García Molina ha denunciado la participación en la mesa de concesión de estos servicios de ediles que eran "juez y parte" en el negocio. "Hay un procedimiento que todo pinta que es fraudulento y sigue los cánones de otras adjudicaciones en trece o catorce municipios de la Comunidad de Madrid y posiblemente en el norte de Toledo", ha añadido.

"Se está pagando la misma cantidad en Carranque con unos 4.000 habitantes que en Illescas con cinco veces más de vecinos", ha proseguido, después de que el alcalde calculara que el coste por parte de la Administración Pública sería de unos 4.500 euros mensuales de factura de la luz, más la sustitución de farolas o bombillas.

Un centenar de imputados en la 'Púnica'

La 'operación Púnica' estalló en octubre de 2014 y, desde entonces, más de un centenar de personas se encuentran imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas, eficiencia energética y reputación 'on line' suscritos en tres comunidades autónomas (Madrid, Valencia y Murcia), la Diputación de León y una decena de ayuntamientos madrileños.

Entre los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en la causa, se encuentra, además de Granados, el exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria; la exconsejera de Educación Lucía Figar; el exconsejero y exviceconsejero de Educación Manuel Pérez Gómez; o el ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás.

En relación con la Región de Murcia, se investiga al exconsejero de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz; la ex directora general de Turismo Mariola Martínez Robles; al ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria José Fidel Saura; a la ex directora del Instituto de Fomento Reyes Samper, o al secretario técnico del Instituto de Turismo Jesús Norberto Galindo.

El expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez y el ex interventor general de este organismo Manuel Jesús Sánchez están encausados en el procedimiento, al igual que nueve antiguos alcaldes, doce exconcejales y trabajadores municipales de diversos municipios madrileños.

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