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El Ayuntamiento de València ejercerá de acusación particular en las agresiones ultras del 9 de Octubre

El juzgado ha aceptado la personación del Consistorio en el marco de las diligencias previas que lleva a cabo el magistrado-juez.

De momento el juez ha imputado a 17 individuos vinculados a la extrema derecha como presuntos autores de las agresiones.

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Uno de los agresores es retenido por un policía nacional antes de la manifestación.

Uno de los agresores es retenido por un policía nacional antes de la manifestación. EFE/BIEL ALIÑO / VALÈNCIA

El Juzgado de Instrucción número 15 de València ha comunicado al Ayuntamiento la aceptación de su personación como acusación particular en el marco de las diligencias previas que lleva a cabo el magistrado-juez.

Este juzgado investiga los hechos del pasado 9 d’Octubre, en los que se produjeron
varias agresiones por elementos ultras que impidieron el desarrollo de una manifestación por el centro de la ciudad, unos incidentes por los que ya hay 17 imputados vinculados a la extrema derecha.

El pasado 15 de diciembre, y a instancia del alcalde de València, Joan Ribó, la Junta de Gobierno Local aprobó proponer la personación del Ayuntamiento por unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y un delito de desórdenes públicos, según detalla la propia Brigada Policial de Información de València de la Jefatura Superior de Policía.

Además, en la interlocutoria de citado juzgado (del pasado 31 de octubre) se hacía ofrecimiento al Ayuntamiento para que emprendiera las acciones pertinentes por los posibles daños sufridos.

Fue en este marco que el alcalde propuso a la Junta de Gobierno Local el "ejercicio de acciones para la defensa de los intereses públicos que corresponde defender a este Ayuntamiento, y garantizar los derechos de toda índole, incluidos los patrimoniales, que puedan haberse visto afectados por las actuaciones objeto de instrucción penal".

Tal como ha subrayado el alcalde, Joan Ribó, “es indiscutible, además, la obligación municipal, dentro de sus competencias, de realizar toda acción que se considere necesaria en vista a preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana.

Además, tenemos un compromiso firme con la democracia y el derecho de cualquier persona de manifestar sus ideas propias, como derecho constitucional, y en definitiva, el derecho a la discrepancia sin recurrir en ningún caso a la violencia, como hicieron los grupos ultras el pasado 9 d’Octubre.

Es una obligación del Ayuntamiento y un deber que se ha marcado este gobierno municipal, trabajar para erradicar los delitos de odio”.

Durante la manifestación convocada el pasado 9 d’Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, por parte de las organizaciones integrantes en la denominada "Comisión 9 d’Octubre" se constataron situaciones de enfrentamiento y desórdenes causados por la presencia de un grupo de ultraderecha ajeno a la marcha, que mostró, tal como ha subrayado el alcalde, "actitudes de confrontación al legítimo derecho de manifestación, produciéndose varias agresiones".

Como ha informado eldiario.es, los ultras de extrema derecha imputados por las agresiones del 9 d'Octubre en València han presentado varios escritos en el juzgado de Instrucción número 15 en el que solicitan la imputación de los denunciantes a los que agredieron.

La estrategia de defensa obvia la gran cantidad de imágenes y vídeos en los que los investigados aparecen pegando en grupo a los jóvenes que habían acudido a la manifestación autorizada "Sí al valencià".

El abogado de uno de los imputados ha presentado un escrito, al que se han adherido otros letrados de los ultras, en el que pide la imputación de Vicente -el joven del polo azul que se enfrentó a los agresores- por riña tumultuaria y desórdenes públicos.

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