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El Consell llevará al juzgado el posible trato de favor por la cesión del Ágora al PP

Colomer destaca que es "inaceptable que se haya podido producir una subvención encubierta a un partido político por parte de una entidad pública"

El secretario autonómico de Turismo y presidente del Consejo de Administración de CACSA incide en que es necesario que se trabaje desde la igualdad de oportunidades

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Alberto Fabra visita los preparativos en el Ágora

Alberto Fabra junto a Serafín Castellano y Alejandro Font de Mora en l'Àgora

La Comisión Ejecutiva de CACSA ha decidido iniciar las acciones legales necesarias para aclarar lo sucedido en la firma del contrato de uso de las instalaciones del Ágora por un precio que no se ajustó a ninguna tarifa vigente.

El Partido Popular celebró un mitin en el Ágora el 21 de mayo de 2014 en el marco de la campaña electoral de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo en el que se realizó una  aplicación irregular de las tarifas por el uso de las instalaciones.

Según ha anunciado el secretario autonómico de Turismo y presidente del Consejo de Administración de CACSA, Francesc Colomer la medida adoptada "se toma tras conocer los informes técnicos de los que disponemos y que no se corresponden con la versión que ha dado el Partido Popular".

"Sería un error", ha continuado Colomer "que pudiéramos admitir con normalidad el uso partidista de unas instalaciones públicas que son de todos y que deben responder al interés general. No puede haber un trato de favor ni es correcto además sobre la base de minorar arbitrariamente las tarifas".

El secretario autonómico de Turismo y presidente del Consejo de Administración de Cacsa, ha destacado que es necesario trabajar desde la igualdad de oportunidades y ha hecho hincapié en que es "inaceptable que se haya podido producir una subvención encubierta, un privilegio, un regalo a un partido político por parte de una entidad pública"

El acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva faculta al director general de CACSA a proceder para que se ordenen las acciones legales pertinentes con el objetivo de aclarar los hechos y que se abra la vía para recuperar la pérdida injustificada de ingresos por parte de CACSA.

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