La Universidad Miguel Hernández califica de “deficiente” la gestión económica del PP en Alicante
El informe económico elaborado por la Universidad Miguel Hernández de Elche para el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante es “demoledor” con la gestión económica del PP durante la legislatura 2011-2015.
El documento, presentado este jueves por el tripartito, habla de gestión “deficiente”, de falta de “prudencia y responsabilidad” y de elaborar las cuentas en “ausencia de planificación y rigor”.
El vicealcalde alicantino, Miguel Ángel Pavón, ha lamentado que hubiera “ausencia de planificación en materia de inversiones” y ha llamado la atención sobre una gestión “deficiente” marcada desequilibrios que son “muchos y variados”.
En detalle, el informe sobre la última legislatura popular saca a la luz un Ayuntamiento en el que la capacidad financiera es “muy escasa”, de modo que tiene poca capacidad para hacer frente a sus compromisos “a corto plazo” porque la ratio de solvencia está “en datos negativos” frente a la media de los consistorios que se sitúa en el 2,5 por ciento.
De hecho, cada alicantino debe 500 euros, según la deuda general. A pesar de ello, hasta el año pasado solo se ejecutaron 5 euros de cada 100 euros presupuestados en inversiones y de cada 100 presupuestados 9 son para devolver el capital de la deuda contraída.
Más impuestos
Para hacer frente a ello, desde la UMH solo se deja un resquicio al nuevo equipo de Gobierno: trabajar sobre presupuestos “de base cero”, planificar cada inversión hasta 2019 y suplir las carencias a través del incremento de los impuestos sobre los que todavía existe margen de maniobra, el IBI y el ICIO que graba la construcción.
Sobre este último, Pavón, edil de Urbanismo, ya se ha posicionado en contra porque a su entender el sector está “repuntando” y no se le pueden poner trabas. En cuanto el Impuesto de Bienes Inmuebles, el parecer es otro. El equipo de Gobierno apuesta por incrementar la presión sobre las familias que más tienen para relajarla sobre quien “lo está pasando peor”.
Además, se estudia solicitar una compensación estatal por el IBI que deja de pagar la iglesia, y que se calcula sería medio millón de euros. Finalmente, se recomienda renegociar las contratas municipales para lograr un rebaja en el coste.
