La consellera de Vivienda promete que en junio dispondrá de 250 viviendas más para uso social
Durante el primer trimestre de este año se reformarán 250 viviendas de propiedad pública que se destinarán a los ciudadanos que las necesiten. Es el compromiso que la consellera de Vivienda, María José Salvador, ha adquirido hoy ante los medios de comunicación en Castellón. Salvador explicó que la Conselleria tiene un total de 700 pisos que no pueden utilizarse porque se hayan en mal estado, como “consecuencia de 20 años de gobierno del PP”. La consellera reconoció que, por el momento, “cuando desahucian a una persona esta conselleria y los ayuntamientos tenemos dificultades de encontrar alternativa habitacional porque no tenemos un parque público en condiciones”.
Según su departamento, el presupuesto de este año incluye 5,5 millones de euros para rehabilitación de las viviendas. Por otra parte, entre 2016 y 2017 se contempla una inversión de 15,7 millones para la regeneración de ocho grupo de viviendas públicas en Alicante, Elche, Castellón, Sagunto, Alcoi, Almassora y Paterna. A este dinero se sumarán otras cantidades provenientes del Gobierno del Estado y de la Unión Europea.
Salvador repitió, además, que la Generalitat sigue presionando a los bancos para que cedan sus pisos vacíos. De momento, sólo Caixa Ontinyent, Caixa Popular y Cajamar han accedido a firmar un acuerdo con el gobierno autónomico que incluye este compromiso, entre otros puntos. La consellera recordó que su departamento prepara una ley de uso social de la vivienda que incluirá sanciones para los bancos que se nieguen a establecer este tipo de pactos con la administración. Salvador no detalló cuáles serán estas sanciones y afirmó que se encuentran en estudio.
“Demasiada calma” en la administración
La falta de vivienda pública para uso social se ha puesto en evidencia tras la ocupación de un edificio en la Gran Vía de Castellón el pasado 28 de diciembre por parte de cinco familias sin hogar. Estas personas siguen en el inmueble, sin agua y sin energía eléctrica, y con la tutela y el apoyo de la PAH de la ciudad. Su intención es quedarse allí hasta que las administraciones les den una vivienda a precio asequible, o hasta llegar a un acuerdo con el propietario. María Jesús Garrido, portavoz del colectivo antidesahucios, explicó que la acción ya merece la pena “solo con ayudar a que las administraciones se muevan. Porque es verdad que ha habido 24 años de gobierno del PP, gobernando de espaldas a los débiles. Pero [los actuales gobernantes] se lo estaban tomando con demasiada calma”.
A este respecto, Salvador aseguró que contactarán con las familias afectadas para que tengan “una vivienda digna, como se merece cualquier ciudadano de esta comunidad”, aunque avisó de que “tenemos una lista de demandantes de vivienda pública que tenemos que respetar escrupulosamente”.
