Imputados la tesorera del PP nacional y el número dos de Barberá por la financiación irregular del partido en Valencia
La tesorera del PP nacional, Carmen Navarro, y Alfonso Grau, el que fuera mano derecha de la exalcadesa Rita Barberá, han sido citados por el titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia para declarar como imputados en el marco del proceso abierto por un supuesto delito continuado de financiación irregular del Partido Popular de la capital valenciana.
Según ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia valenciano a Grau, que deberá declarar el día 6 de octubre, se le imputa en el contexto del caso Imelsa por malversación, cohecho y delito electoral por la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2011 a través de la empresa Laterne.
El juzgado cita a declarar a Alfonso Grau y Juan Eduardo Santón Moreno, responsable de algunas fundaciones que habrían financiado las campañas; a José Moscardó Úbeda, exgerente del PP provincial y a Carmen Navarro Fernández, tesorera del PP nacional. Estos últimos declararán el 16 de octubre.
Los hechos, explica el juzgado, “indican la existencia de un actuar, concertado y de cierta complejidad, para la obtención de fondos con los que financiar por encima del límite legal de gasto, ilícitamente por lo tanto, gasto electoral de la campaña de las elecciones municipales de 2007, y apuntan como principal implicado en estos hechos a Alfonso Grau”.
El auto, fechado el 20 de septiembre, se basa en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del que se desprende que “en el año 2006, en virtud de tratos previos entre Alfonso Grau Alonso (por entonces vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia), y Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, ambos convinieron en utilizar el entramado empresarial de este último, y en especial la empresa LTC -Laterne-, para alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros desarrollados con motivo de las elecciones municipales del año 2007, velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo de ese modo su fiscalización y permitiendo con ello que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral”.
Esta operativa se llevaba a cabo, según se explica en la resolución citada por la agencia, “velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo su fiscalización y permitiendo que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral”.
La acción se enmarca dentro de la pieza separada de las diligencias derivadas de la Operación Taula, que investiga la presunta caja B del grupo municipal del PP en Valencia y el blanqueo de hasta 50.000 euros en la campaña de 2015, conocido como el “pitufeo”.
Las cantidades que según la documentación que ha examinado la UCO se habrían canalizado para financiar y hacer pago de los servicios a terceras empresas durante 2007 son “significativamente dispares y desproporcionadas en comparación al nivel de ingresos de otros ejercicios”.
Estas cuantías, según el juzgado, “superan con mucho” la cifra original. En uno de los documentos “se recoge una relación de eventos de la campaña electoral junto con sus importes (epígrafe Coste Total Campaña por un total de 2.583.731,98 euros), y acto seguido se consignan otras cantidades de entradas de dinero asignadas a ciertas personas jurídicas que son tratadas como aportaciones (epígrafe Total Aportaciones, por un total de 2.683.750,00), debiéndose tener en cuenta que el gasto declarado en la contabilidad electoral por el Partido Popular en aquellas elecciones, en toda la provincia de Valencia, ascendía a la suma de 133.762,76 euros”.
La policia judicial considera como procedimientos para canalizar esas entregas “aportaciones dinerarias provenientes de fundaciones y organismos participados o vinculados al Ayuntamiento de Valencia y que no obedecerían a servicios efectivamente prestados por Laterne”, “aportaciones dinerarias de una serie de empresas privadas relacionadas con el Ayuntamiento de Valencia con las que se habrían avenido a sufragar y financiar los gastos de campaña” y “cantidades -entre 620.000 euros y 1.110.000 euros según el informe- que habrían aportado determinadas empresas supuestamente implicadas en la constitución de Product Management Council”.
Respaldo del PP a su tesorera
El portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en una rueda de prensa, ha expresado su “respeto” hacia la decisión de la Justicia. Preguntado expresamente por cómo afecta al partido y si la tesorera debería dejar su puesto, ha respondido contundente con un “no”.
