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DESALAMBRE

El juez de Melilla que investiga las devoluciones en caliente amplía el caso

El Juzgado número 2 de la ciudad autónoma incorpora las devoluciones ocurridas el 15 de octubre a la causa contra el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Melilla

Ese día, un inmigrante fue apaleado para lograr su descenso de la alambrada y fue llevado al lado marroquí atado de pies y manos

El juez Emilio Lamo de Espinosa ve indicios de un posible delito de prevaricación en las órdenes de expulsiones sumarias del coronel Ambrosio Martín

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Captura del vídeo de Prodein que muestra devoluciones en caliente.

Captura de un vídeo de Prodein de la devolución ilegal de un inmigrante aparentemente inconsciente, ahora investigada.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, que investiga las denominadas devoluciones en caliente de inmigrantes a pie de valla, ha admitido a trámite una denuncia más sobre la actuación de la Guardia Civil en el salto de la valla que tuvo lugar el pasado 15 octubre y la ha incorporado en la misma causa, según ha podido saber Europa Press y adelantó eldiario.es el pasado 14 de enero.

Este es el mismo órgano judicial que imputó al Coronel Jefe de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín, el pasado mes de septiembre, por la posible comisión de un delito de prevaricación. El juez Emilio Lamo de Espinosa ve indicios de delito al haber dictado instrucciones para devolver sobre la marcha a inmigrantes interceptados en la valla en contra de lo que recoge la Ley de Extranjería.

Según el concepto "operativo" de frontera que rigió las órdenes del coronel investigadas, un inmigrante no accede a territorio español hasta que no supera la última de las alambradas. De este modo, los agentes no habrían 'devuelto en caliente' a los inmigrantes, una actuación prohibida por ley por vulnerar, entre otros, el derecho al asilo de los inmigrantes. 

En el auto de imputación de Ambrosio Martín, el juez considera que este argumento (también defendido por el Ministerio de Interior) no se sostiene bajo la legislación nacional ni los tratados internacionales.

En los sucesos añadidos ahora al proceso, un inmigrante fue apaleado para lograr su descenso de la alambrada hasta caer aparentemente inconsciente de esta, aunque el Gobierno asegura que se hacía el dormido. Los agentes procedieron a su devolución inmediata y le trasladaron en volandas, atado de pies y manos, a la zona marroquí.

Captura de un vídeo de Prodein que demuestra la devolución ilegal de un inmigrante inconsciente después de ser golpeado por la Guardia Civil.

Captura del vídeo de Prodein sobre los hechos del 15 de octubre, en el que un inmigrante fue apaleado por la Guardia Civil para que bajar de la valla.

Estos hechos –recogidos en unas imágenes de la ONG Prodein– motivaron una dura carta de la excomisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, a su homólogo español, Jorge Fernández Díaz, en las que calificó la actuación de la Guardia Civil de "malos tratos" y recordó que incumplía la legislación europea. La actuación policial fue objeto también de una denuncia por parte de la ONG Prodein, Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos. Ahora será investigada.

Según explica el abogado de Andalucía Acoge a Europa Press, el juez ha citado a declarar a dos personas que después de los hechos, localizaron al joven en el Monte Gurugú y le entrevistaron.

Por su parte, la Fiscalía y la abogada del Estado en Melilla han solicitado el archivo de la imputación del coronel jefe de la Guardia Civil de la ciudad autónoma.

Borraron los vídeos del 13 de agosto

Por otro lado, las imágenes oficiales de las devoluciones en caliente que tuvieron lugar el pasado 13 de agosto en la valla de Melilla y que motivaron la imputación del coronel de la ciudad autónoma fueron borradas, según reconoce el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Como justificación, el Gobierno menciona "los plazos legalmente establecidos" para la conservación de grabaciones de las fuerzas de seguridad, que obligan a su destrucción en un plazo máximo de un mes. Pero obvia la otra pata de la normativa citada: se deben eliminar, indica la ley, "salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial", como el que lleva abierto en un juzgado de Melilla desde el 20 de agosto, siete días después de los hechos.

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