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La muerte de dos menores migrantes en EEUU dispara las alarmas sobre el trato en la frontera

Un familiar de Jakelin muestra una fotografía de la niña en San Antonio Secortez, municipio de Raxruhá en Guatemala. Refundida en un camino de tierra y lodo al norte de Guatemala, en un caserío llamado San Antonio Secortez, la familia Caal Maquín lamenta con una profunda tristeza la muerte de Jakelin Amei Rosmery, la niña de 7 años que murió en la custodia de la Patrulla Fronteriza de EEUU.

Desalambre

El pasado lunes, mientras millones de personas celebraban la Nochebuena, en un recóndito caserío de San Antonio Secortéz, al norte de Guatemala, cientos de asistentes se congregaban para dar el último adiós a la pequeña Jakelin Caal Maquín. Su pequeño cuerpo sin vida reposaba en un féretro blanco mientras vecinos y amigos se despedían de ella entre música, sollozos y oraciones en idioma q'eqchi, según informa la Agencia Efe. Jakelin, que tenía siete años, falleció deshidratada y exhausta el pasado 8 de diciembre 48 horas después de haber sido detenida por la Patrulla Fronteriza de EEUU junto a su padre, Nery Caal.

Durante la noche del mismo 24 de diciembre, en un hospital del estado de Nuevo México, moría un segundo niño migrante. Se llamaba Felipe Gómez Alonzo y tenía ocho años. Como Jakelín, procedía de Guatemala. Como ella, murió bajo custodia de las autoridades estadounidenses después de haber sido arrestado cuando trataba de cruzar de forma irregular con su padre la frontera con México. Las causas de su fallecimiento aún no han sido reveladas.

Según publica Reuters, el menor y su padre, Agustín, partieron desde una comunidad rural al noroeste de la frontera, Nentón, el lugar del país del que sale el mayor número de migrantes cada año. La mayoría de las familias son de origen indígena y viven de cultivar maíz y frijol, así como de las remesas enviadas por los familiares que trabajan en EEUU y México, según datos oficiales recopilados por la agencia de noticias.

Las muertes de estos dos menores han desatado una lluvia de críticas de quienes consideran que ponen de relieve el trato que reciben los migrantes que intentan llegar a EEUU y se cuestionan si una mejor atención podría haberlos salvado. La última de ellas, además, ha coincidido con el cierre parcial de Gobierno estadounidense provocado por el empeño del presidente Donald Trump de conseguir fondos adicionales en los presupuestos para construir su prometido muro con México.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, ha indicado en declaraciones a Efe que la muerte del pequeño “enciende todas las alarmas sobre las políticas migratorias” de Trump, que van, dice, desde la separación de familias migrantes en la frontera hasta la restricción al derecho al asilo. En la misma línea se ha manifestado Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de EEUU.

“Las crueles políticas de la administración Trump hacia los migrantes y solicitantes de asilo en la frontera deben cesar inmediatamente antes de que más niños sufran daños”, ha dicho en un comunicado en la web de AI. “La administración Trump está alejando deliberada e ilegalmente a los solicitantes de asilo de los puntos de entrada y retrasando el procesamiento de las personas que buscan protección a un ritmo insoportable, lo que obliga a las familias a tomar medidas desesperadas para buscar seguridad”, agrega.

“¿Cuántos niños tienen que morir para que cesen esta situación? No es normal lo que está pasando, no es normal que niños mueran, no es normal que tengamos niños encarcelados” en lugares a los que, “aunque el Gobierno los llame 'albergues', sabemos que son cárceles”, ha afirmado a Efe, por su parte, Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

También Vicki B. Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Suroeste, ha expresado su indignación tras conocer esta segunda muerte. “Es inconcebible que nos veamos obligados a llorar otra vida joven y vibrante mientras estaba bajo custodia de CBP. La muerte de Felipe, así como la muerte de Jakelin son tragedias horribles que resultan de la insensible militarización de nuestra frontera”. A las críticas se han unido congresistas como Joaquín Castro. “Debemos asegurarnos de que tratamos a los migrantes y solicitantes de asilo con dignidad humana y que brindemos la atención médica necesaria a cualquier persona bajo la custodia del gobierno de EEUU”, ha dicho Castro.

EEUU ordena revisiones médicas de los menores

Este miércoles, las autoridades migratorias estadounidenses han ordenado realizar revisiones médicas a los menores que se encuentran bajo su custodia. En estos exámenes tendrán prioridad los niños menores de 10 años, según ha informado en un comunicado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés). Se desconoce cuántos menores serán examinados.

“Necesitamos un presupuesto para la atención médica y la salud mental para los niños en nuestras instalaciones y estoy comprometido en mejorar nuestras condiciones”, reconocía este miércoles a la cadena CBS el comisionado de la CBP, Kevin McAleenan. Ha asegurad que sus agentes están haciendo “docenas” de viajes al hospital cada día con niños que muestran síntomas de alguna enfermedad. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional afirman, según Efe, que ha habido un incremento en el número de migrantes que llegan a EEUU con alguna dolencia. Asimismo, según publica la agencia, la policía fronteriza asegura que está evaluando el cuidado que presta a estos niños cuando son detenidos y en las primeras 24 horas de su custodia.

Según la normativa, los migrantes no pueden ser detenidos durante más de 72 horas en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, destinadas para una estancia temporal y con menores recursos que los centros de detención. El pequeño Felipe y su padre, según la información proporcionada este miércoles por la CBP, estuvo retenido por la Patrulla Fronteriza durante más de 130 horas.

De acuerdo con esta información, ambos fueron detenidos el 18 de diciembre a las 13:00 a unos cinco kilómetros de un punto oficial de entrada al país. Estuvieron detenidos en uno de los centros de la CBP durante dos días y, posteriormente, fueron trasladados a otras instalaciones en la localidad texana de El Paso. Como este edificio estaba saturado, asegura la CBP, decidieron llevar al niño y su padre a la ciudad de Alamogordo, en Nuevo México, a unos 145 kilómetros. Allí llegaron el 23 de diciembre.

Al día siguiente, el menor fue hospitalizado porque tosía y tenía los “ojos brillantes”. Según la versión oficial, los doctores concluyeron que el niño sufría un resfriado común. Tenía fiebre y decidieron dejarlo en observación pero, finalmente, le dieron el alta tras recetarle ibuprofeno y amoxicilina. Pero lejos de mejorar, Felipe empeoró y comenzó a sentir náuseas y vómitos. Los agentes migratorios aseguran que lo llevaron de vuelta al hospital, donde declararon su muerte a las 23.48 horas.

Las autoridades fronterizas anunciaron el fallecimiento este martes, a diferencia de lo ocurrido con Jakelin, cuya muerte evitaron hacer pública durante una semana. A pesar de que estaba bajo su custodia, el Gobierno de EEUU negó entonces cualquier responsabilidad por la muerte de la menor, que según el hospital donde fue ingresada, murió por deshidratación, fiebre y choque séptico, aunque todavía se desconocen los resultados de la autopsia. Según la Patrulla Fronteriza, la menor llevaba “varios días sin comer o consumir agua” cuando fue detenida.

La familia, sin embargo, negó esta versión. En una declaración difundida por abogados y recogida por The Associated Press, los padres defienden que la niña sí había comido y bebido agua, y al parecer se encontraba bien de salud cuando viajó por México con su padre hasta la frontera con EEUU. Mientras, en su casa de Guatemala, los familiares que dejó atrás contaban con tristeza que los planes del padre eran enviar dinero para que pudieran salir adelante y ahorrar lo suficiente para volver a casa.

Los familiares de Jakelin exigieron entonces una “investigación independiente y transparente” de las circunstancias de la muerte de la niña. A ellos se sumó este lunes el relator especial sobre los derechos de los migrantes de Naciones Unidas, Felipe González Morales, que pidió una investigación exhaustiva sobre la muerte de Jakelin. Las voces que han pedido una investigación independiente de la muerte del pequeño Felipe esta semana también se han multiplicado. Una de ellas ha sido la del Gobierno guatemalteco que ha vuelto a exigir, como hizo en el caso de Jakelin, que se garantice el debido proceso sobre las circunstancias que llevaron a la fallecimiento del pequeño.

Según ha confirmado el comisionado de la CBP, los agentes fronterizos están deteniendo bajo su custodia a “más niños que nunca”. Aunque los arrestos en la frontera están en un mínimo histórico, ha cambiado el perfil de quienes tratan de cruzarla: menos hombres solos, más familias con niños y menores no acompañados. En los dos últimos meses, los agentes han arrestado a 68.510 unidades familiares y a 13.918 menores no acompañados, según cifras proporcionadas por Efe. La Patrulla Fronteriza ha registrado en este tiempo grandes grupos de migrantes, especialmente centroamericanos, que cruzan la frontera de forma irregular y se entregan voluntariamente para solicitar asilo.

Este lunes, Naciones Unidas ha reiterado a EEUU que debe dejar de detener niños por su estatus migratorio y que el Gobierno debe “abordar las fallas” en su sistema para prevenir situaciones similares. “La detención de niños basada en su estatus migratorio es una violación del derecho internacional”, ha afirmado González, quien recuerda que esta práctica “va en detrimento del bienestar” del niño. “Además, también exacerba el trauma que sufren muchos niños migrantes durante su travesía para llegar a otro país”, concluye la ONU en su web.

Distintas organizaciones llevan tiempo alzando la voz contra las condiciones en las que están los migrantes a lo largo de la frontera con México. A principios de este año, HRW denunció cómo la Patrulla Fronteriza retiene a familias y menores “en condiciones inhumanas similares a las de las cárceles”. La ONG concluía que las autoridades fronterizas detienen de “manera rutinaria a hombres, mujeres, niños e incluso bebés, en gélidas celdas, a veces durante días”, cuando son interceptados en la frontera con México y alrededores.

Tanto los migrantes como los agentes se refieren generalmente a estas celdas como “hieleras”. Según denunciaba la organización, estas celdas, donde pasan de una a tres noches -y en ocasiones más- carecen a veces de camas suficientes para las familias, lo que provoca que a veces duerman en el suelo, a menudo con solo una manta de emergencia para protegerse del frío.

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