Becerril pide limitar los intereses de los créditos para evitar la usura

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a los bancos españoles, y especialmente a algunas financieras, que limiten los intereses máximos que cobran a sus clientes por los créditos para evitar que sean excesivamente altos y se acabe cayendo en la usura.

En el informe anual de la institución, propone a la secretaría de Estado de Economía que los intereses máximos, tanto los que se pagan como los que se cobran, queden limitados “a dos veces el interés legal del dinero”, fijado en el 3 % para 2016, o sea que no podría superar el 6 %.

El Defensor del Pueblo pone el foco en algunas financieras de crédito, menos supervisados que las entidades tradicionales y que en ocasiones cobran elevadísimas tasas, sobre todo en créditos al consumo, aprovechando la desesperada situación de los solicitantes, que no pueden obtener financiación de la banca.

En España no hay una tasa oficial a partir de la cual todo interés es declarado usurario, a diferencia de otros países como Italia, donde se considera que hay usura cuando la tasa cobrada rebasa en un 50 % la tasa global publicada.

Becerril también advierte sobre las empresas no financieras de capital privado, los llamados “chiringuitos financieros” que conceden créditos sin avales incluso a personas inscritas en los registros de impagados como el RAI o el de Asnef, a cambio de una garantía hipotecaria, la escritura de una vivienda libre de cargas.

El informe recomienda, entre otras cosas, la creación de unos registros autonómicos de empresas que se dedican a esta actividad o a su intermediación, para evitar que las personas que acuden a ellas pierdan su vivienda si no pueden devolver el préstamo.

Y también propone modificar la Ley 2/2009, que regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, siguiendo las propuestas del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

Se trata, entre otras cosas, de definir las situaciones de estado de necesidad en el prestatario y precisar lo que ha de considerarse como persona dedicada con carácter profesional a la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Becerril también insiste en que se regulen las llamadas empresas de recobro, algo que sería “muy conveniente”, no solo para homologar estas empresas respecto al resto de países europeos y evitar el uso de medios “poco éticos” en esa actividad, sino también para establecer el marco jurídico en que debe desarrollarse, de forma que se proteja “tanto la posición del deudor como la del acreedor”.

Tener un régimen jurídico, dice el informe, permitiría dotar de mayor seguridad a la actividad de recobro, contribuiría a proteger mejor los derechos de los deudores y “probablemente”, lograría reducir el número de impagados en España.

También mejoraría la tesorería de pequeñas y medianas empresas que “frecuentemente se ven abocadas a cerrar y/o sacrificar parte de su negocio para reducir el riesgo de impagos” y aligeraría “la carga de trabajo de los tribunales que tramitan un elevadísimo número de expedientes de reclamación de deudas”.