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CCOO ayudará a demandar a Popular a los 10.000 empleados del banco que compraron acciones

Se calcula que un 75% de la plantilla tiene títulos de la entidad, cuyo valor ahora se ha reducido a cero

El informe de Deloitte que asignó una valoración negativa al banco y permitió declararlo inviable, munición para los que acudieron a la ampliación de 2016

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Los exconsejeros de Popular pierden casi un millón de euros por la amortización de sus acciones

Oficina de Banco Popular.

Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en Banco Popular, está dando los primeros pasos para facilitar las reclamaciones judiciales a los cerca de 10.000 empleados de la entidad que son accionistas del banco y que, tras su intervención y venta por un euro al Banco Santander, se han quedado sin su inversión.

"Lo estamos empezando a ver", dice Joan Sierra, secretario general de la Agrupación del Sector Financiero de CCOO. Sierra recuerda que "una mayoría de la plantilla ha suscrito acciones en algún momento" ya que era una costumbre vinculada a los objetivos de la entidad, a veces, "presión comercial" mediante, y avanza que "se está buscando algún tipo de concierto con un gabinete jurídico". Ya "hay un precedente": tras la salida a bolsa de Bankia, CCOO asesoró a empleados y afiliados del sindicato que perdieron casi toda su inversión tras comprar títulos de la entidad.

Ignacio Romo, secretario general de la sección sindical de CCOO en Banco Popular, subraya que la principal preocupación del sindicato es el mantenimiento del empleo ante las "incertidumbres" que suscita su absorción. "Pero sí es cierto que un porcentaje muy elevado de empleados somos accionistas tras las dos últimas ampliaciones de capital", la más reciente, hace poco más de un año. 

Los empleados de Banco Popular ven cómo peligra su puesto de trabajo, tras ser adquirido por Santander, y se enfrentan a las iras de accionistas y bonistas que han perdido toda su inversión. Una situación que ha llevado a la entidad a enviar a sus oficinas un protocolo de defensa que recomienda "estar preparados y alerta para identificar situaciones conflictivas", como avanzó este martes El Independiente.

Se calcula que alrededor del 75% de los empleados, unas 10.000 personas, tienen acciones del banco, un porcentaje muy elevado que se explica, entre otras razones, por la veteranía de su plantilla. La liquidación y venta exprés decidida hace una semana por el fondo de rescate europeo (SRB) y el Frob (el fondo de rescate bancario español) supuso reducir a cero el valor de esas acciones (hay unos 305.000 afectados), además de los llamados bonos contingentes convertibles (CoCos) —títulos convertibles en capital—, y la deuda subordinada.

Jordi Ruiz de Villa, socio de licitación bancaria de Jausas, cree que la opción con más posibilidades es una acción directa por vía civil de los accionistas que acudieron a la ampliación de capital con la que en mayo de 2016 el Popular captó 2.500 millones. La baza es el informe de Deloitte encargado por la Junta Única de Resolución (JUR) del Mecanismo Único de Supervisión (MIS) del BCE que otorgó al Popular un valor económico de, como mucho, 2.000 millones de euros y sirvió para declararlo "inviable". "No hay ninguna explicación razonable para esas pérdidas", señala.

Fernando Zunzunegui, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y socio de Zunzunegui Abogados, cree que el informe de Deloitte, que todavía no se ha hecho público, es "un indicio muy claro de que las cuentas de Popular no reflejaban la imagen fiel y que quienes acudieron a la última ampliación lo hicieron con un folleto falso".

Otra posible vía de reclamación de accionistas y tenedores de deuda es una acción directa por la vía civil contra el propio Banco Santander, por el teórico "enriquecimiento injusto" obtenido con la compra del Popular, señala Ruiz de Villa, que por ahora representa a un centenar de afectados.

"Normalmente nos hemos dedicado a inversores profesionales y grandes corporaciones, pero no vamos a desaprovechar y queremos ir también a por los minoristas", explica el socio de Jausas, que cree que la opción de recurrir por vía administrativa la resolución del MUS que decidió reducir el capital a cero y venderlo o la resolución del Fondo de Rescate español (FROB) que ejecuta la venta tiene "muy poco recorrido". Opinión que comparte Zunzunegui: la posibilidad de que se anulen esas resoluciones "es remota" y, de salir adelante, "habría que exigir paralelamente algún tipo de acción de responsabilidad porque la nulidad no daría derecho a recuperar el dinero" a los afectados.

Esperar y ver

Ramiro Salamanca, director jurídico de reclamador.es, recomienda "mantener la prudencia y esperar para valorar la mejor estrategia". En primer lugar habría que esperar a ver si la resolución que dictó el FROB en ejecución del JUR es firme o se recurre. En ese caso, "puede que los efectos que se han producido hasta la fecha no se apliquen o se reviertan", aunque este escenario "no sea el más probable".

En segundo lugar, "hay que tener en cuenta que si se demuestra que hubo vicio en el consentimiento a la hora de comprar las acciones el plazo para reclamar es de 4 años. Y si se demuestra que hubo una responsabilidad del banco cuando se firmó el contrato de venta de acciones, el plazo para reclamar será de 5 años". "No hace falta precipitarse"; mejor "esperar a que los procedimientos que ya se han iniciado den algún resultado". 

Las querellas que ya se han presentado contra los administradores del Popular y su auditora "van a permitir una investigación por parte de la Fiscalía y la policía judicial sobre si hubo administración desleal o falsedad documental. Así tendríamos la garantía de que las acciones civiles para recuperar el dinero de las acciones sean viables. Sólo una vez se demuestre que es notoria la posible falsedad documental y los delitos que se comentan al respecto, habrá garantías para poder iniciar este tipo de reclamaciones", indica el director jurídico de reclamador.es

Primeras acciones

Como se preveía, las querellas no han tardado en llegar. La primera, contra el Popular y su auditora, PwC, por delitos societarios, contra el mercado y los consumidores, la presentó el pasado jueves Fonfría Abogados, que acusa a los expresidentes Emilio Saracho y Ángel Ron de ocultar pérdidas a los accionistas. Ese día, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a través del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo a los antiguos gestores, entre ellos Saracho y el inversor mexicano Antonio del Valle.

La plataforma, que aglutina a 385 accionistas que representaban el 3,5% del capital social, también estudia un recurso ante el FROB. Pide que se estudie si ha habido o no una "manipulación del precio de la acción" y, por otro, que analicen la administración que han llevado los gestores en los últimos meses.

El viernes, Durán y Durán Abogados presentó otra denuncia en la que destaca la vinculación anterior de Saracho con Santander (fue director general adjunto) y el banco de inversión JP Morgan, al que Popular encomendó sin éxito su venta, algo que consideran "sospechoso". Y el lunes, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó en la Audiencia Nacional una querella contra Ron, el ex consejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, PwC y su socio Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor. Dice que ya ha recibido consultas de 9.000 afectados.

Entre los que están por llegar está el abogado Andrés Herzog, ex candidato de UPyD en las últimas elecciones generales, que prevé presentar una querella en los próximos días como acusación popular, como ya hizo contra Bankia con notable éxito. La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha reunido en una plataforma a 8.000 accionistas, afectados por cláusulas suelo y bonistas del Popular y estudia todas las posibilidades.

"Posiblemente esta semana" planteará una acción, aunque todavía no está decidido si será por la vía civil, penal o administrativa, o combinando varias o todas esas opciones, indican desde la asociación.

El bufete Arriaga Asociados, uno de los más activos contra Bankia, ya está recabando datos de afectados para informarles "de los avances en una posible reclamación" por la ampliación de mayo de 2016, que "guarda ciertas similitudes con la problemática sufrida por los accionistas de Bankia".

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