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Bruselas abre la vía para llevar a España ante los tribunales por sus cláusulas abusivas

La Comisión Europea ha dado un plazo de dos meses al gobierno para que ponga en consonancia su legislación nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago con el derecho de la UE

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CE abre expediente a España por su legislación sobre ejecución hipotecaria

CE abre expediente a España por su legislación sobre ejecución hipotecaria

La Comisión Europea (CE) abrió este jueves un procedimiento de infracción contra España para que adapte a la legislación comunitaria su normativa nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago. Dentro de esta normativa que no convence al Ejecutivo Comunitario se englobarían, por ejemplo, las cláusulas suelo de las hipotecas. Bruselas no está de acuerdo con cómo protege la legislación española a los consumidores respecto a las cláusulas abusivas y ha pedido explicaciones al Gobierno español al respecto.

La CE le da un plazo de dos meses para la respuesta. Si la contestación española no convence a Bruselas, el Ejecutivo comunitario puede enviarle un dictámen motivado para pedirle al Gobierno que cambie la norma. A la Comisión le siguen preocupando "algunas cuestiones" respecto a las cláusulas hipotecarias españolas, a pesar de que el organismo valora las modificaciones introducidas en el procedimiento civil tras la sentencia bautizada con el nombre del demandante, Mohamed Aziz.  La Comisión que después de que la corte de Luxemburgo declarara abusivas en marzo de 2013 las cláusulas hipotecarias españolas todavía hay cuestiones relativas a ellas que no convencen al organismo.

El Ejecutivo comunitario precisó que su objetivo es "garantizar que los consumidores estén plenamente protegidos contra las cláusulas contractuales abusivas". La Directiva relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores garantiza que el consumidor no quede vinculado por cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente.

Una cláusula contractual se considera abusiva si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de la buena fe. Los Estados miembros deben asegurarse de que sus leyes nacionales facilitan los medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a tales cláusulas abusivas.

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