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El Estado comunica a Anticorrupción irregularidades en cajas rescatadas con un perjuicio de 3.588 millones

El FROB ve "una alternativa razonable" la fusión de Bankia y BMN

EUROPA PRESS

MADRID —

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha trasladado a la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada un total de 47 operaciones supuestamente irregulares de las entidades financieras que han recibido dinero público, con un perjuicio económico global estimado de 3.587,8 millones de euros.

Así lo ha indicado el presidente del FROB, Jaime Ponce, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso. En total se han revisado 90 operaciones de entidades con apoyo público relacionadas con el tráfico inmobiliario y prácticas retributivas.

“La exigencia de responsabilidades a los gestores de las entidades que recibieron ayudas públicas, así como la detección de cualquier conducta irregular, ha sido desde el inicio de la reestructuración bancaria uno de los principales focos de atención del FROB”, ha defendido Ponce.

El FROB ha remitido cinco operaciones relacionadas con Caja Granada, Sa Nostra y Caja Penedés, que implicaron un quebranto patrimonial de un os 175 millones. En marzo de este año, ha recordado Ponce, se acordó enviar diez operaciones de las antiguas Bancaja y Caja Madrid, con un perjuicio patrimonial estimado de 1.503 millones.

Ponce ha indicado que esta labor de detección de conductas “potencialmente” irregulares y denuncia a la Fiscalía se erige como la “más relevante” que corresponde al FROB. Además, ha destacado que el organismo se ha personado en 24 causas penales, de las que 20 están iniciadas por denuncia del propio organismo. Las tarjetas black son uno de estos casos.

Por ello, el presidente del FROB ha reivindicado que la institución ejerce “con diligencia” sus responsabilidades en esta materia. Tras la labor de detección y denuncia inicial, ha subrayado que el organismo coopera de forma “activa” con la Administración de Justicia, en especial con la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de favorecer la “adecuada” instrucción de las causas.

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