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El Gobierno asume el control financiero total de Catalunya

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha diseñado un "mecanismo de control" que hace que el Gobierno central sustituya "no completamente pero sí bastante" a la comunidad autónoma 

El Estado pasará a pagar directamente parte de las nóminas de los funcionarios de Catalunya

Puigdemont tiene 48 horas para decir que no dispondrá de parte del presupuesto pendiente de desembolsar en este ejercicio 2017; si él no lo hace el ministro de Hacienda lo hará por él

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El Gobierno aprobará el proyecto de presupuestos de 2018 el 22 de septiembre

Cristóbal Montoro ejercerá control total de los gastos de Catalunya. EFE

El Estado va a tomar el control casi total de las cuentas de la Generalitat. El Consejo de Ministros ha aprobado "una serie de acuerdos que establecen un novedoso sistema de pagos por el que el estado sustituye a la comunidad autónoma, no completamente pero en la mayoría de los pagos esenciales", ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El Gobierno pretende "garantizar el servicio público al máximo" porque, dice, "no podemos confiar en unas autoridades que dicen que están comprometidas con los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero a su aire". Con el inédito mecanismo aprobado, el Estado pasará a pagar cuestiones sustanciales como las nóminas durante el tiempo que dure la situación de "excepcionalidad", en palabras de Montoro, esto es "mientras se sigan negando a cumplir la ley" desde la Generalitat.

En el plazo de 48 horas desde que aparezcan en el BOE estas disposiciones, lo que ocurrirá la próxima semana, la Generalitat deberá publicar un acuerdo de no disponibilidad de su presupuesto. Si Carles Puigdemont no lo hace, lo hará Cristóbal Montoro en persona. Y, a partir de ahí, será Hacienda del Gobierno Central la que atenderá los pagos que tenga que realizar la Generalitat en una multitud de servicios. Según fuentes de Hacienda, ya no bastará con que se comprometan a volver a enviar cada semana los informes de gastos. Consideran esta medida de intervención imparable, ya que no creen que Puigdemont se vaya a comprometer a estas alturas por escrito a no realizar gasto alguno para el referéndum.

El pasado jueves, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras,  comunicó al ministro de Hacienda que el Govern dejaba de enviarles los informes semanales de gastos con los que el Gobierno central controlaba que no se utilizaba dinero público para el referéndum desde que  se estableció esta medida extraordinaria el pasado julio.

Aunque en un primer momento el Gobierno dejó claro que incumplir la obligación de remitir la información implicaría una suspensión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para Cataluña, finalmente se ha optado por no cortar esta vía de financiación, por los perjuicios que se podrían causar a proveedores y ciudadanos.

Según el ministro, ahora se da "un paso más allá del FLA", al tocar el sistema de financiación autonómica. Cada mes, el Gobierno le da una paga mensual a las comunidades autónomas a cuenta de los impuestos que recolecta el Estado pero que cede al 50% a las comunidades autónomas, como el IRPF o el IVA, entre otros. Según Montoro, esto supone alrededor de 1.400 millones de euros mensuales, que ahora se pagarán solo con factura mediante de a qué se van a destinar.

El sistema de pagos permitirá que el Estado sustituya a la comunidad autónoma "no completamente pero sí bastante". Según explicó Montoro en rueda de prensa, el nuevo mecanismo hará que "ni un euro vaya a ninguna actividad ilegal" y garantizará los "objetivos de estabilidad presupuestaria". "Todo el mundo va a cobrar en plazo y lo hacemos en función de la seguridad que da el estado ante la incertidumbre que crean varias posiciones políticas", ha apuntado el ministro. 

Procedimiento

El proceso para habilitar este nuevo mecanismo será el siguiente. Tras la publicación del acuerdo, que se ha aprobado en Comisión Delegada de Asuntos Económicos, la semana que viene, se dará un plazo de 48 horas a la Generalitat para publicar un acuerdo de no disponibilidad de su presupuesto sobre todos los asuntos que no sean servicios esenciales. Montoro recordó que estos servicios "esenciales", son las nóminas, la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Si en el plazo de 48 horas el presidente de la Generalitat no da publica este acuerdo (el de que no dispondrá del presupuesto para otras áreas que no sean las esenciales), el ministro de Hacienda será el que publique ese acuerdo de no disponibilidad. 

Una vez realizado este trámite, la comunidad deberá comunicar también todos los créditos que tengan pendientes para los servicios públicos elementales y comunicar los pagos que haya que hacer.

La Intervención General de la Generalitat tendrá que asegurar que no se financia "ningún proceso refrendario". Una vez recibido estas comunicaciones, el Estado pagará al acreedor directamente, como una especie de extensión del actual FLA, la línea de liquidez autonómica que enchufa dinero a las comunidades autónomas desde 2012. 

Además, todas las facturas deberán consultarse a través del punto de facturación electrónica del Estado central. El ministro ha insistido en que este "control de pagos, no afecta al ejercicio de las competencias". "No estamos sustituyendo competencias y sí garantizando que ningún pago va a actividad ilegal o a actividades que no sean compatibles con objetivos de estabilidad presupuestaria.

Además, el Gobierno va a enviar a las entidades de crédito sus disposiciones con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero. De esta manera, si estas entidades detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. 

Además, todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat requerirán autorización previa del Consejo de Ministros, incluso las operaciones a corto plazo, a pesar de que ya esté aprobado su Plan Económico Financiero. En cuanto a las facturas de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Autónoma o entidades vinculadas o dependientes, deberán presentarse y consultarse a través del punto de entrada general de facturas electrónicas de la Administración General del Estado para garantizar su abono.

Cómo hemos llegado hasta aquí

La obligación de remitir semanalmente los gastos a Hacienda arrancó el pasado julio cuando el Gobierno central detectó un desvío no justificado en la partida de organización  y seguimiento de actos electorales. Las cuentas de Catalunya están intervenidas de facto desde 2012, cuando la Generalitat de Artur Mas se encontró sin liquidez para hacer frente a sus pagos y tuvo que recurrir a la línea extraordinaria de financiación autonómica (FLA).

El acceso a esta línea ya privó a Catalunya de su autonomía financiera y obligaba a un reporte periódico con la justificación de sus gastos. Pero fue el desvío de julio lo que alarmó al fisco central e impuso estas medidas extraordinarias de informes semanales que hasta el miércoles 13, fecha en la que data la carta remitida por Junqueras, se habían cumplido.

El Consejo de Ministros en el que se dio cuenta de esta minuciosa fiscalización, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, dio a entender que si Junqueras incumplía esta decisión se cortaría el grifo, o lo que es lo mismo, se cerraría el FLA para la Generalitat. Sin embargo, fuentes de Hacienda consultadas por eldiario.es descartan ahora llegar a este extremo, en un giro estratégico de las relaciones con Calalunya.

El ministro Montoro envió este jueves una carta en la que responde a Junqueras. En ella le requiere para que "cumpla con su deber y remita de inmediato la información a la que están obligados". Le advierte de que, si no lo hace, el Gobierno "adoptará las medidas necesarias" para garantizar que la Generalitat se atiene "al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria".

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