El Ministerio de Empleo y las comunidades pactan la prórroga de la ayuda a parados de larga duración
El Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas han acordado prorrogar el Plan Prepara, una de las ayudas para parados de larga duración que agotan sus prestaciones, hasta el próximo abril. Para ello, las comunidades han cedido unánime y temporalmente la gestión de esta ayuda, que suele rondar los 400 euros, al Estado. En julio, el Tribunal Constitucional consideró que la gestión del Prepara correspondía a las comunidades. El dictamen coincidió en el tiempo con una disputa entre los territorios y el ministerio por la Estrategia de Empleo para los próximos años y el reparto de fondos para políticas activas. Este lunes, ambas partes han desbloqueado algunos de los puntos que las enfrentaban.
La vigencia del Plan Prepara terminó el pasado 15 de agosto: su caducidad no afectaba a las personas que la estaban cobrando pero sí a quien cumplía los requisitos desde esa fecha, ya que no podían solicitarla. Ese vacío termina hoy, con el acuerdo entre Empleo y comunidades: será el Estado el que gestione esta ayuda hasta el próximo abril y su prórroga será retroactiva para cubrir a las personas que en este mes hayan quedado en el limbo.
Esa encomienda de gestión será temporal. En abril el Ministerio debe tener preparado un nuevo esquema de prestaciones y subsidios que, a partir de ahora, tiene que negociar tanto con las comunidades como con los agentes sociales. En el acuerdo alcanzado hoy Empleo se compromete a que el Plan Prepara, o alguno de los subsidios que le sustituya, sea compatible con las ayudas que ya ofrecen casi todas las comunidades autónomas.
Otro de los acuerdos al que han llegado este lunes Empleo y comunidades tiene que ver con los fondos para políticas activas de empleo. Ese reparto se hace conforme a varios criterios, algunos de los cuales estaban en entredicho. La mayoría de comunidades han conseguido eliminar el criterio más polémico: que se premiara más a los territorios que pusieran en marcha “sistemas de colaboración público privada en el ámbito de las intermediación laboral”, es decir, agencias privadas de colocación. Ahora, ese criterio se elimina y tiene un efecto neutro en término de reparto de fondos.
Otro de los criterios que cambia es el que mide las sanciones a parados. Aunque algunas comunidades, como Extremadura, pedía que ese parámetro dejara de tenerse en cuenta para recibir más fondos, finalmente se mantiene pero su peso se reduce.
