PSOE, Podemos y Ciudadanos exigen responsabilidades por el rescate de las autopistas de peaje

Los principales grupos de la oposición han coincidido en exigir que se exijan responsabilidades por la asunción de ocho autopistas en quiebra por parte del Estado debido a la “mala gestión y planificación” de los gobiernos anteriores del PP.

Así lo han señalado indistintamente los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición en las ruedas de prensa posteriores a la reunión de la Junta de Portavoces, después de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunciase el lunes que el Estado se quedará finalmente con las ocho autopistas en quiebra y riesgo de liquidación, se alcance o no acuerdo con los bancos acreedores de las vías, que soportan una deuda de unos 3.400 millones de euros.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, opina que la cuestión es conocer quiénes fueron los dirigentes que tomaron la decisión de construir unas infraestructuras basadas en “cálculos erróneos” sobre el tráfico, pagando “sobrecostes” en la expropiación y haciendo adjudicaciones “excesivas”.

Hernando ha exigido que el Gobierno explique “cómo aquellos gobiernos tomaron decisiones con las que se pudieron equivocar tanto” como para que suponga un coste a los ciudadanos de hasta 5.700 millones de euros.

El PSOE ya registró en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia urgente del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para explicar la asunción de las ocho autopistas de peaje y por qué no se ha actuado en un “tema pendiente” desde 2012.

El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha defendido la necesidad de incluir un nuevo delito en el Código Penal que sirva para castigar a los responsables de la Administración culpables de “pelotazos” como el que supuso, a su juicio, la construcción de las autopistas radiales de Madrid, que quebraron y ahora va a rescatar el Estado.

En esta línea, ha resaltado que el rescate de estas autopistas va a costar 5.000 millones, casi el mismo importe de los “recortes que contempla el Gobierno”, y ha asegurado que la figura de la responsabilidad patrimonial es “una estafa legalizada”.

“Capitalismo de amiguetes”

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha denunciado que “no es de recibo un negocio en el cual una parte solo puede ganar” al no haber riesgo, lo que evidencia un “capitalismo de amiguetes” que resulta “estomagante”.

Girauta ha indicado que unas infraestructuras en las que el tráfico final ha resultado ser un 17% inferior al previsto significa que se han realizado obras que “no hacían falta”, y ha apuntado que, pese a la responsabilidad patrimonial de la Administración, esta situación “choca con muchas otras normas sobre lo que tiene que ser la economía de mercado y la transparencia”.

“Tiene que ser la última operación en la que España se avergüence de misma y un negocio de amiguetes sin riesgo”, ha añadido, para reclamar a continuación una investigación para depurar responsabilidades. Se ha referido a los “poderosos” José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos como los dirigentes que encargaron las proyecciones para organizar el “negocio del siglo”. “Es absolutamente indignante”, ha apostillado.

De la Serna: no es un rescate

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha subrayado el martes en Toledo que en ningún caso habrá “un rescate” a las ocho autopistas de peaje en quiebra sino que su gestión revertirá en el Estado por la “obligación de cumplir la ley”. Ha asegurado que el coste será inferior al calculado por Seopan de 5.500 millones.

El ministro ha insistido en que no habrá “ningún rescate de ningún tipo” sino que tendrán que asumir las autopistas como consecuencia de una procedimiento judicial de un proceso concursal que “acaba en liquidación”.

De la Serna ha defendido que el Estado “lo único que hace es garantizar que el usuario de una autopista, al día siguiente de que quede disuelta por una cuestión que forma parte de un procedimiento concursal, pueda seguir circulando”.

Así, ha señalado que esta circunstancia es fruto de “un procedimiento judicial que concluye en un proceso concursal y acaba en una liquidación” y, “una vez que se disuelve la empresa que lo gestiona, el gestor es el titular de la infraestructura, en este caso, el Estado”.

“Pero, en ningún caso, hay ningún rescate de ningún tipo. Rescate es cuando hay autopistas con un gestor en funcionamiento y se decide políticamente asumir la gestión de esa autopista”, ha argumentado y ha vuelto a afirmar que “no es el caso de ninguna de estas ocho”.

Preguntado por el cálculo de Seopan, la patronal que agrupa a las principales constructoras y concesionarias, de que el coste que tendrá que asumir el Estado será de 5.500 millones de euros, el ministro ha dicho que desconoce “de dónde viene” la cifra.

No obstante, ha considerado que es “sustancialmente mayor” de lo que cree “que puede ser la cifra final de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA)”. Pero, sobre el montante definitivo, ha dicho que adelantar una cifra es “una cuestión compleja que depende de muchos factores que están por cerrar”.