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ANÁLISIS

Suiza: el agujero negro de la democracia española

Todos los grandes casos de corrupción, sin excepciones, han elegido el salvoconducto suizo para ocultar dinero. Desde las comisiones de Urdangarin al desvío de fondos del caso Palau, pasando por la actividad de Bárcenas y la Gürtel

Artículo publicado en el número 7 de la revista de eldiario.es, 'La caja B de la democracia', monográfico sobre los paraísos fiscales

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Registran la sede del banco HSBC en Argentina por presunta evasión de divisas

Sede del banco HSBC. / Efe

En la política española existen dos clases de puertas giratorias. Las de clase A y las de clase A-Oro. Las que llevan al consejo de administración y las que dan a Suiza. Las puertas engrasadas a base de privilegios que los ciudadanos ven girar pasmados y las que no se ven: aquellas que esconden cierta estructura financiera criminal y dan a parar a un Estado paralelo. Todos los grandes casos de corrupción, sin excepciones, la utilizan. Cada causa top ten tiene altos cargos imputados que han elegido el salvoconducto suizo para ocultar dinero. Allí acaban los beneficios del Ibex-35, los narcotraficantes, la financiación del terrorismo y el dinero de la corrupción, entre otros. Y tras ellas, cualquiera: un traficante de cocaína, el concejal que acaba de adjudicar una rotonda, un aforado recién elegido en las elecciones. Suiza no es el único territorio off shore abonado de entidades propicias al cobijo del fraude y la evasión. Pero es, con diferencia, el paraíso fiscal más utilizado por los políticos españoles envueltos en estos casos.

Por el cauce helvético ha desfilado la financiación irregular de los principales partidos españoles. Las pruebas fundamentales de Gürtel están allí. La presunta contabilidad B del PP, también. Allí han encontrado refugio las actividades de Luis Bárcenas y la familia Pujol. Y de la documentación enviada a los juzgados por las autoridades helvéticas salen los nombres de quienes habrían cobrado sobornos millonarios esquilmando presupuestos públicos. Por Suiza pasan las comisiones de Iñaki Urdangarin, el desvío de fondos públicos del caso Palau, las supuestas mordidas de alcaldes y concejales, las herencias de los Pujol, Artur Mas, la Casa Real y los ahorros (también presuntos) de un exsecretario general regional del PP ahora encarcelado, Francisco Granados.

Sin el espejo suizo la dimensión de la corrupción sería otra, y sin la colaboración judicial –todavía deficiente– no habría cómo apuntalar muchos de los delitos cometidos en España. Las causas quedarían en nada, o casi nada. Y sólo al trasluz de las comisiones rogatorias emerge el verdadero retrato de la corrupción nacional.

Suiza no tiene color político y en materia de corrupción la cantidad no lo es todo. Sin embargo, el Partido Popular, bien porque gobernó en los años del boom, liberalizó suelo y empresas públicas, bien por su buena relación con grandes constructoras, posee un buen palmarés en número y relevancia de los cargos, implicación de miembros del Gobierno, continuidad en el tiempo y presuntos millones de euros defraudados. A la par está Convergència i Unió, con la sede embargada por la Justicia. Las operaciones de las tramas Gürtel y Pretoria, destapadas por el juez Baltasar Garzón en 2009, hunden sus raíces en la presunta financiación ilegal de ambos partidos con sus idas y venidas off shore.

Para comprender esta economía B montada en torno a la red Gürtel –para vislumbrar, en definitiva, cómo emigra la corrupción a Suiza–, hay que remontarse 35 años atrás, cuando los responsables de la tesorería popular abren sus primeras cuentas. Era el conocido como grupo de Badajoz, que sería a las finanzas del PP lo que el clan de Valladolid a la política. En 1980 Ángel Sanchis daba trabajo a un Luis Bárcenas de 23 años en una empresa montada en Extremadura. A los dos años, Manuel Fraga le encargó las cuentas del partido con carta blanca para llevarse a cinco personas. Entre los elegidos, Luis Bárcenas y Francisco Yáñez, empresario que permanecería en Génova hasta su fallecimiento. Eran unos chavales, y para entonces (y hasta la fecha) los conseguidores del partido y extesoreros (Rosendo Naseiro, Luis Bárcenas, el propio Ángel Sanchis o el exsenador sobrino del fundador, Luis Fraga) ya compartían depósitos, empresas tapadera y agentes fiduciarios.

Un primer andamiaje de cuentas opacas montado después de la Transición que crece en volumen y protagonistas al fragor de la burbuja inmobiliaria y el desmantelamiento de los controles administrativos. Y no es casualidad, ni siquiera para la Justicia, que la fecha de los primeros ingresos en la caja B del PP coincida con la apertura de estas cuentas; 20 años de contabilidad en negro destapados por Luis Bárcenas tras la aparición de su primera cuenta en el Dresdner Bank en 2013 con 22 millones de euros acumulados.

Aunque a los bancos del país helvético llega la high class de la corrupción, el presunto soborno político comparte las rutas del crimen organizado. El más apabullante es el tejido financiero de Luis Bárcenas para esconder en tres continentes una fortuna de 48,2 millones de euros. Según la investigación, su modo de operar es el más complejo, el que delata un engranaje delictivo de ocultación al máximo nivel, un máster en operaciones de fraude y presunto blanqueo sólo comparable a los movimientos en paraísos fiscales de Francisco Correa, el caso Malaya y veremos si le hacen sombra los Pujol.

Tras 30 años montando el chiringuito suizo, cazados por la Justicia, toca desmantelarlo. Bajo la máxima “lo que se hace en familia se resuelve en familia”, Bárcenas comenzó a borrar su fortuna tres días después de las primeras detenciones de la trama Gürtel en una carrera que discurriría paralela a la investigación de la financiación irregular de su partido. El procedimiento es siempre el mismo: necesitan al testaferro, un clan de confidentes elegidos en el seno de la familia –esposas mediante–, la confidencialidad del partido y los negocios, además de una buena defensa que goce del amparo del secreto profesional.

Los extesoreros del PP anteriores a Bárcenas, junto a abogados bien avenidos al calor del partido del Gobierno, han sido los encargados de hacer desaparecer el dinero. “Me eligió para actuar en su nombre por la sensación de persecución que tenía. Necesitaba alguien de confianza”. Quien dice estas palabras es Iván Yáñez en su declaración ante el juez Pablo Ruz, el hijo del histórico trabajador del PP Francisco Yánez, pero también socio en una empresa del exconsejero e imputado en el caso Bankia Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, reconocido empresario donante del partido. Génova 13, Bankia, constructoras... Bien conectado con los entresijos del PP, buen conocedor de cómo operar en paraísos fiscales, Yáñez fue el elegido para esparcir por el mundo la compleja estructura societaria en Suiza y mover con agilidad el patrimonio del extesorero antes de que la policía dé con todo ello.

Un trabajo laborioso, pero no tan difícil. La banca privada está montada para que el dinero sea más rápido que los agentes, la Justicia y el trámite para bloquear cuentas. Bárcenas acudió a los circuitos de Estados Unidos, Suramérica y Europa a través de operaciones de fondos y transferencias sin cortapisas. Del hilo de la primera cuenta aparecieron otras 20. En ese momento, escondía 17,2 millones de euros en Suiza. Cuatro años después, cuando por fin llegó la petición rogatoria de información, quedaban 9,6. El resto se había esfumado en cuentas repartidas por Paraguay, Nueva York, Atlanta, Alemania, Argentina, Gran Bretaña, Irlanda, Liechtenstein, Hong Kong y un largo etcétera.

Pasó lo mismo con la fuga a Nueva York. Las sucursales elegidas fueron el HSBC y la Unión de Bancos Suizos (UBS), sancionadas por EE UU con multas históricas por ayudar a los clientes a evadir impuestos e incumplir el protocolo antiblanqueo. A instancias del juez, las autoridades neoyorquinas remitieron la documentación de donde se vació la cuenta del Dresdner Bank. De los 22 millones, 4,5 llegaron a ambos bancos. Investigado por la Justicia, en las cabeceras de la prensa internacional en calidad de extesorero del partido del Gobierno, el HSBC y el USB aceptaron los ingresos del testaferro y Ángel Sanchis sin rechistar. En agosto de 2013, Ruz pidió bloquear las inversiones y productos incluyendo cajas de seguridad. Quería conocer los titulares, apoderados y beneficiarios en EE UU de las empresas tapadera que recibían el goteo de fondos desde Suiza. Cuando la petición llegó, el dinero tampoco estaba allí.

Ángel Sanchis sacó un millón de dólares un día, 270.000 dólares al siguiente. El broker Iván Yánez hizo lo propio a través de un correo: “Instrucciones para (vaciar) la cuenta conjunta”. El último documento del HSBC enviado a España decía: “El querido cliente ha cerrado la cuenta”. Según la gestora en el 452 de la Quinta Avenida, el dinero iba camino del Deutsche Bank, en Francfort, Alemania, de la mano de Yáñez. Y hay más. La otra parte de la fortuna Bárcenas la invertía Sanchis en Brasil y Argentina en “empresas de cítricos” y “maderas preciosas”. Son las llamadas operaciones comerciales de dudosa credibilidad, las más habituales para el blanqueo por la dificultad que tienen los peritos para comprobar si realmente se han producido. Según la declaración de Bárcenas, de estas hizo decenas.

Ante estos vaivenes, normalmente las pruebas no resultan suficientes y el caso se cierra. Los abogados consiguen anularlos, o llega un punto donde los instructores, exhaustos, se rinden al rastreo del dinero. Es un mecanismo endiablado difícil de rastrear y verificar donde las sucesivas transacciones saltan de un país a otro, de una cuenta a otra, en una espiral vertiginosa que no hay quien cierre. Una ingeniería fiscal que, al margen de las presuntas mordidas, permitió a Bárcenas defraudar 11,5 millones de euros de 2000 a 2011, millón al año, sin contar las siete declaraciones consecutivas a devolver. Y sin contar con la amnistía fiscal, una autopista de repatriación de dinero negro sin límite de velocidad por donde circuló la sociedad vehículo Tesedul, matrícula de Uruguay, con 11 millones en acciones de los que Bárcenas trajo de vuelta diez. Las alarmas sólo saltaron cuando su abogado lo hizo público.

Este mínimo trazo es una muestra de algunos movimientos. El dinero, hoy, sigue perdido. Casi seis años después, los investigadores continúan sumergidos en la maraña de la evasión buscando fondos en decenas de cuentas, apoderados, reintegros, sociedades.

Como Bárcenas, el político que decide abrirse una cuenta en Suiza sabe que, en parte, está a salvo. O no será descubierto o saldrá casi indemne. El sistema de transacciones está protegido por el secreto bancario, las cuentas no son fáciles de bloquear ni tampoco demostrar el cohecho e ir más allá del fraude, poco penado cuando no va acompañado de otros delitos. Lavar dinero, evadir impuestos, ocultar comisiones: por estos motivos un cargo público paga las altísimas comisiones de apertura, no hay más. Uno de los máximos responsables policiales de Anticorrupción resume la gravedad del binomio político-Suiza en las investigaciones: “Salvo en casos muy puntuales, en España son profesionales de la política sin otra ocupación ni ingresos conocidos. Su nómina tributa al 100%. Para nosotros es un indicativo de la cantidad que ese cargo ha tenido que llevarse en comisiones irregulares hasta el punto de tener que abrir una cuenta en Suiza para ocultar el dinero”.

Una vez allí, gozan de impunidad. Los bancos apenas denuncian la presencia de imputados por corrupción y sólo informan mediante una petición muy específica de la Justicia (indicando la cuenta y el titular). El tiempo que necesita un juez para encontrar dicha entidad y la tardanza de los trámites no ayuda. Las respuestas, además, son imprecisas. Tanto Bankia como el helvético Lombard Odier han obstruido en numerosas ocasiones la instrucción.

Gestores y testaferros son parte de los servicios financieros. Agathe Stimoli, agente de Bárcenas y Luis Fraga en el Dresdner Bank, movía los fondos antes y durante la investigación sin comprobar el origen de un solo ingreso, sin llamar la atención a las autoridades, a sabiendas de la dimensión de los hechos y de que debía declarar ante el juez. Frederic Mentha, gestor de Bárcenas y también de Gao Ping en el HSBC, sólo fue apartado de su puesto tras el escándalo de la mafia china, no la política. Como explica Hervè Falciani, el garganta profunda del HSBC: “Los gestores son parte de la operativa del blanqueo y del fraude”. La policía, que investiga la lista Falciani con más de 100.000 evasores –repleta de apuntes a mano de gestores–, asegura que es difícil de probar. El informático rebate: “De eso se trata”.

A día de hoy, Ruz acusa a Bárcenas de llevarse unos 300.000 euros vinculados a los fondos administrados del PP de los 48,2 millones detectados en Suiza. No ha podido concluir si el resto son negocios personales, prebendas de constructoras o parte de los donativos anotados durante años de contabilidad B. Llegará el juicio y no sabremos si Bárcenas estaba solo en las cuentas o llevaba consigo a otros beneficiarios. Tal vez los numerosos amigos y máximos dirigentes a los que amenazó con tirar de la manta y a quienes ya sólo reprocha haberle retirado la palabra. En el inventario colectivo quedan las denuncias del PP a los policías, las peticiones para desimputar a su extesorero, aquel “Luis, sé fuerte” y la destrucción de los discos duros a martillazos. Blindaje en Suiza, sí, pero no sólo.

El tiempo de los maletines ha pasado y las comisiones se mueven sin necesidad de pasar por España. Ya ocurrió con las operaciones de compraventa de cuadros entre Bárcenas y Naseiro, donde según la policía el presunto blanqueo desfilaba de una cuenta a otra directamente en Suiza. Incluso la antigua trama Filesa (PSOE), donde un exsenador y un diputado mandaban las comisiones directamente allí; o los inspectores de Hacienda del caso Huguet-Aguiar en 1999, cuando el entonces delegado de la Agencia Tributaria de Cataluña, Ernesto Aguiar, y el exjefe regional de Inspección Josep María Huguet recibían cantidades millonarias en Suiza por trabajos para empresas de Javier de la Rosa.

José María Mollinedo, hoy presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, recuerda cómo, destinado en el equipo de estos inspectores, se sintió utilizado: “Nos amedrentaban para que sancionáramos a la mínima y descubrimos luego cómo Javier de la Rosa les pagaba favores en Suiza. Nunca imaginamos que los jefes de la recaudación en Cataluña fueran los jefes del fraude. Magdalena Álvarez, entonces máxima responsable de la Agencia, lo dejó en manos de la Justicia sin ir más allá. Los trapos sucios de Hacienda suelen quedarse dentro, sin lavar”.

Con el grifo del crédito abierto, las prácticas de Bárcenas camparon por los municipios controlados por el PP. Arturo González Panero, diez años alcalde en Boadilla del Monte en la dorada época del boom. Sin estudios, pasó de los boy scout a la concejalía de Deportes y de ahí a la alcaldía en 1999. El Albondiguilla, alias recogido en las grabaciones, concedió más de 100 millones de euros en obras a Teconsa, FCC, Sufi, Hispánica, UFC…, núcleo duro de las empresas donantes del PP, lo equivalente a dos veces el presupuesto anual completo del municipio adjudicados enteros a la trama. A Guillermo Ortega, El Rata para sus amigos, su último trabajo conocido antes de ser alcalde fue de estanquero frente al consistorio de Majadahonda. Años después, tenía tres cuentas en Suiza.

Benjamín Martín Vasco, exdiputado de Esperanza Aguirre, que habría cambiado un pelotazo en Arganda por unos ahorros transferidos de Miami a Suiza ocho días después de ser acusado por Baltasar Garzón de cobrar 150.000 euros en comisiones. Y Alberto López Viejo, favorito de la expresidenta de Madrid, hizo lo propio a través de las contratas de basura. Políticos sin oficio que, a cambio de engrasar las arcas municipales del partido, abrieron su vía de financiación particular. El estallido de la burbuja ha sacudido los pilares de las instituciones claves del Estado. Y tras el polvo, de todo. Desde políticos-empresarios y cargos venidos a más hasta los tótems morales de la construcción nacional, defensores de la Patria, artífices del statu quo a quienes una corrupción casi nunca les parece para tanto. A Suiza han llegado las herencias del Molt Honorable expresident Jordi Pujol, Artur Mas y su Majestad; además de la estirpe de hijos y yernos que han campado por el erario protegidos por la familia.

A la sombra del saqueo valenciano y balear estaban Diego Torres y Iñaki Urdangarin, acompañado por la infanta Cristina. Su capítulo helvético es igual de sencillo, igual de presuntamente burdo. La cuenta investigada recibía dinero desde otra radicada en el mismo país y donde una empresa participada por Aguas de Valencia ingresó 375.000 euros. La asistente del duque, Julita Cuquerella, cual gestora suiza, llegó a apuntar a mano: “Me pide [Iñaki] que te copie el siguiente número de cuenta. Que tú ya sabes para qué es”. Era del Credit Suisse, en Lausana. 375.000 euros por mediar ante un magnate afgano por trabajos nunca realizados. Como es habitual, desvinculó a su esposa. Según las declaraciones de los implicados, sólo era el escudo fiscal, la presencia de la hija del rey en Aizoon cual muro de contención para evitar inspecciones de Hacienda, como así ocurrió. El impacto social del caso Nóos recayó en la codicia más que en la cantidad, en ese mirar hacia otro lado del rey y el ímpetu de Hacienda y la Fiscalía por preservar a la infanta. Una defensa a ultranza similar a los años de Banca Catalana con una diferencia: los escudos del Estado han perdido la inmunidad ante la opinión pública.

Podríamos seguir. No hay institución sin su escándalo suizo. Son casos protegidos por los silencios cómplices –es decir, intereses– que ahora se desmoronan con el estruendo de la crisis política española.

La saga de los Pujol dejará trazos parecidos a la Gürtel. Pero lo más relevante será ver a los dirigentes de la moralidad frente a la nueva configuración de Cataluña. Treinta y cinco años de engaño fiscal, aún sin que Pujol haya confesado la cantidad, dan para mucho. Como a los Bárcenas, las declaraciones de la renta les salen a devolver y las primeras cuentas datan de los ochenta, con Marta Ferrusola de titular e hijos. 227.000 euros en efectivo sacados entre 2011 y 2014 podrían ser la escarcha del iceberg. Y Pujol Ferrusola Junior podría estar a la altura del juzgado número 5 de la Audiencia: 32 millones de euros moviéndose por 13 paraísos en ocho años a través de al menos cinco sociedades; pagos de 30 empresas de hasta 12 millones; sobornos, extorsiones, falsas asesorías. Veremos dónde queda el origen de las herencias, el “problema del 3%” de los contratos públicos para Convergència y los supuestos desvíos a Pujol.

Esta vez, serán los catalanes quienes arrebaten la senyera a quienes tantos negocios parecen haber tapado con ella. Y, al tiempo, no permitirán al Gobierno instrumentalizar la corrupción, es decir, vincular el futuro de los frentes judiciales de la familia del expresident a la presión de Cataluña para llevar a cabo la consulta. Instrucción por un lado, política por otro.

Porque a los millones de euros evadidos en Suiza, a los numerosos cargos e instituciones implicadas, la opinión pública sospecha de ciertos acuerdos intangibles que deciden el punto final de algunas tramas, en qué momento se hace la vista gorda o cuándo y hasta dónde se persiguen y cuáles. Es el control político de la corrupción, un concepto perverso, donde los escudos del Estado mencionados caen o se levantan según convenga. Suiza no debería ser ajena a los efectos del secreto bancario en la política de los países que tiene alrededor. Pero, además, el fin de la opacidad –no descartable por la OCDE en un futuro próximo– sólo podrá evitar la fuga del dinero de la corrupción si la maquinaria que lo persigue no tiene su palanca de cambios en La Moncloa.

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