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CCOO y UGT presentan más de 700.000 firmas en el Congreso para conseguir una renta mínima

Las rúbricas avalan la Iniciativa Legislativa Popular de los sindicatos que propone una prestación de 426 euros para dos millones de familias que viven por debajo del umbral de pobreza

Toxo y Álvarez denuncian las "lagunas" de la protección social en España

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Toxo y Álvarez presentarán hoy más de 700.000 firmas en el Congreso para conseguir una renta mínima

Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez.

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, presentan este miércoles en el Congreso más de 700.000 firmas recogidas para impulsar su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de conseguir una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para dos millones de familias sin recursos o que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

La iniciativa pide que el Parlamento legisle una prestación que tendría como potenciales beneficiarias a 2,1 millones de familias sin ingresos o que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza (unos seis millones de personas) y cuya cuantía estaría en el 80% del IPREM (unos 426 euros), que debería complementarse en función de las cargas familiares.

Los sindicatos iniciaron la campaña de recogida de firmas en abril del año pasado, tras registrar la iniciativa en la Cámara Alta, y a mediados de este mes realizaron unas jornadas de "visibilización" de la iniciativa por la que los líderes sindicales de ambas organizaciones estuvieron recogiendo firmas en la Plaza de Callao de Madrid.

Toxo y Álvarez denunciaron las "lagunas" de protección social en España, que ha caído a "mínimos históricos", de forma que menos de una de cada dos personas en desempleo percibe algún tipo de prestación económica en la actualidad.

A esto se suma "el paro de larga duración, la ausencia de perspectivas de empleos para la gente más joven, de mediana edad y mayor", que hace que "dos millones de hogares no tengan ingresos o los tengan de manera insuficiente".

La renta mínima consistiría en una prestación vinculada a la Seguridad Social y aprobada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, por tanto, dependiente de la Administración General del Estado (AGE).

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