El Tribunal de Cuentas detecta 54 millones sin justificar destinados a formación en 2010

El Tribunal de Cuentas ha detectado múltiples lagunas en el seguimiento y control de las subvenciones para formación concedidas en 2010, entre ellas la falta de justificación por parte de las entidades beneficiadas de las horas dedicadas a impartir los cursos por un coste de más de 54 millones.

En el anteproyecto de un informe que todavía está en fase de alegaciones, al que ha tenido acceso Efe, el tribunal critica las “distorsiones” del modelo de formación subvencionada para ocupados vigente en aquel momento, en el que las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal se repartían el 50 % de los fondos.

Al respecto censura que patronales y sindicatos intervengan en todas las etapas del proceso (diseño, planificación, solicitud, concesión y ejecución de las ayudas), así como la falta de control por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Fundación Tripartita, integrada por Administración, patronales y sindicatos.

Desde la reforma laboral de 2012 se han ido introduciendo cambios en el sistema para abrirlo progresivamente a la libre competencia y acabar con el monopolio de organizaciones empresariales y patronales, algunas de las cuales están siendo investigadas por presuntos fraudes en la gestión de recursos públicos destinados a formación en los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

El Estado ya no destina dinero público a la formación profesional de oferta (subvencionada) y desde el ejercicio 2012 esta partida se ha financiado en exclusiva con las cuotas a la Seguridad Social para formación (0,7 % de la base de cotización), abonada por empresarios (0,6 %) y trabajadores (0,1 %).

En las conclusiones del informe, el tribunal también reprueba que en torno a la mitad del importe total concedido en 2010 (más de 412 millones) se subcontratara con entidades que no se presentaron a licitación alguna y que podrían no cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria original.

En su opinión, esto lleva a que las organizaciones empresariales y sindicales beneficiarias de subvenciones se conviertan en muchos casos en “meros intermediarios necesarios” para lograr la concesión, una mediación por la que se embolsan el 20 % del importe de la ayuda, si bien ese porcentaje se limitó al 10 % a raíz de la reforma laboral.

Entre otras anomalías, el tribunal constata la “elevada multiparticipación”, ya que 398 personas participaron en 6.060 acciones formativas, y señala como “especialmente significativo” que determinadas personas hicieran más de cincuenta cursos con cargo a la misma convocatoria.

Además, resalta que muchos cursos se financiaron erróneamente a través de subvenciones cuando deberían haberse encuadrado en la formación de demanda o bonificada (la que las empresas organizan para sus propios trabajadores y cuyo coste se descuenta de las cuotas a la Seguridad Social).

Entre las situaciones de este tipo destaca que en un total de 7.776 acciones formativas con un coste de más de 31 millones todos los participantes en cada uno de los cursos pertenecían a la misma empresa.

Asimismo, revela que casi un millón de participantes finalizaron su formación con anterioridad a la fecha de concesión de la subvención, con lo que las acciones de control y seguimiento por parte del SEPE no se pudieron hacer.

En este contexto, el Tribunal de Cuentas recomienda al Ministerio de Empleo que adopte las medidas necesarias para garantizar los principios de concurrencia, transparencia, objetividad e igualdad inspiradores de la gestión de las subvenciones, y un análisis más exhaustivo en la planificación, concesión y ejecución de los planes de formación.

Además, insta al SEPE y a la Fundación Tripartita a requerir a las entidades beneficiarias la documentación justificativa procedente, incrementar las actuaciones de seguimiento y control, y agilizar la tramitación de las convocatorias de subvenciones anuales para que coincidan con el inicio del año natural.

En línea con estas sugerencias, el Ministerio de Empleo y los agentes sociales llevan tiempo negociando un nuevo modelo de formación profesional para el empleo que entre en vigor en 2015 y hacia el que ya se han dado pasos con la nueva convocatoria de subvenciones para 2014 que se publicará en el BOE la próxima semana.

El nuevo modelo prevé avanzar en la libre concurrencia y acabar con el monopolio de sindicatos y patronales en el reparto de los fondos, al tiempo que contará con mecanismos más potentes de control para dificultar los casos de fraude.