El comité intercentros de RTVE defiende a los activistas que irrumpieron en el informativo de TVE Extremadura
El comité intercentros de Radiotelevisión Española ha aprobado esta semana una resolución en la que pide al presidente de la Corporación RTVE, y al director de recursos humanos, que retiren la denuncia que presentaron contra 19 activistas del Campamento Dignidad Extremadura, que en febrero de 2014 irrumpieron en el plató donde se emitía el informativo regional de TVE, para reclamar el pago de la renta básica de inserción.
Aquellas personas –ahora 18 porque una falleció-, y entre las que se encuentra el que luego fue elegido diputado autonómico de Podemos Extremadura, Eugenio Romero, están todavía pendientes de ser juzgadas en una vista en la que se les acusa de delitos de coacciones y desórdenes públicos, y pide 162.000 euros de multa, 9.000 a cada uno.
Además de la Fiscalía ejercen la acusación RTVE y uno de los periodistas de su plantilla en Extremadura, que se sintió coaccionado en su ejercicio profesional.
Los activistas entraron en el plató del centro territorial de Mérida, dieron varios gritos, y provocaron la interrupción del informativo durante unos minutos desplegando la pancarta ‘En Extremadura Renta Básica’, una paga social aprobada por el gobierno autonómico pero a la que accedían muy pocas personas y con retrasos.
Falta de pluralismo
Ahora el comité intercentros de RTVE sale en su defensa pidiendo a la dirección de la corporación RTVE que renuncie a cualquier acción judicial frente a este colectivo y que respete el pluralismo, “que es el primer principio que le encomienda la ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal”.
La resolución, aprobada con el voto a favor de CGT (promotor de la iniciativa), CCOO y UGT, y la abstención de USO y Sindicato Independiente, hace suyos en la práctica los argumentos del Campamento Dignidad, que alega estado de necesidad (casi todos los activistas estaban en paro y sin prestaciones de ningún tipo) y que entraron en TVE según dicen como último recurso porque ningún medio de comunicación se hacía eco de sus reivindicaciones.
“RTVE está lejos de cumplir”, dice el acuerdo del comité intercentros del Ente público, lo estipulado en el mandato marco aprobado por las Cortes Generales en 2007 en cuanto a “dar cabida a todas las opciones presentes en la sociedad española, fomentar el pluralismo y la participación de los ciudadanos en el desarrollo social y económico así como el compromiso en la redistribución de la riqueza”.
“Cabe recordar”, abunda, “que en aquellas fechas en Extremadura había unos 70.000 parados sin ningún tipo de cobertura y 39.000 familias dependientes de los bancos de alimentos, y que solo unas decenas de personas habían recibido esa renta de inserción a los 10 meses de su aprobación en el Parlamento autonómico”.
El dedo apunta arriba
Fuentes del Campamento Dignidad Extremadura han agradecido este apoyo a sus argumentos y celebran también que se señale directamente a la dirección de RTVE, y no a los periodistas y responsables del Centro Territorial de TVE, “cuya labor siempre hemos respetado”, como “instigadora” del “intento de criminalización” de ese movimiento social.
La celebración del juicio está encallada ya que el Juzgado de Mérida que instruía el proceso se inhibió a favor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Cáceres) al figurar entre los acusados un aforado, el diputado de Podemos Eugenio Romero, que ha intentado sin éxito hasta ahora renunciar a ese privilegio.
