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El PP se reúne con el sindicato de funcionarios CSI-F a cuatro días de las elecciones

La eurodiputada Pilar del Castillo / EFE

Irene Castro

El PP ha convocado al sindicato de funcionarios CSI-F a cuatro días de la celebración de las elecciones europeas después de que la organización lleve más de dos meses instando al partido del Gobierno a recuperar el diálogo social. La central encuentra “significativo” que el PP le haya convocado con el “escaso margen” para los comicios y destaca la “inconcreción” del partido de Mariano Rajoy a la hora de hacer propuestas relativas a los empleados sector público.

La reunión que el presidente de CSI-F, Miguel Borra, y la secretaria de Igualdad, Carolina Rodríguez, han mantenido en Génova con la eurodiputada Pilar del Castillo ha concluido con un “compromiso genérico e insuficiente”, según han destacado fuentes de la organización.

Aunque la central celebra el “acercamiento” y el reconocimiento por parte del PP de que los trabajadores del sector público han sido duramente castigados desde el inicio de la crisis, reprocha la “inconcreción del PP a la hora de realizar propuestas dirigidas a compensar el sacrificio de los funcionarios”.

El PP ha intentado contentar a este sindicato a escasas fechas de los comicios. Pilar del Castillo les ha transmitido su “confianza” en que el Gobierno no llevará a cabo más recortes que afecten a los trabajadores públicos. “Los partidos son conscientes de lo mucho que se juegan, teniendo en cuenta el estrecho margen y el nivel de abstención que arrojan las encuestas y que, por tanto, el voto de los empleados públicos puede decantar la balanza electoral, como ha ocurrido en anteriores ocasiones”, expresa el sindicato en un comunicado.

Además de calificar de “significativa” la fecha en que Génova ha convocado la reunión, el sindicato -que pidió hace tres semanas a los partidos políticos la “necesidad de llevar al debate público estas cuestiones”- lamenta que no se hayan tratado durante la campaña electoral: “Las formaciones políticas no pueden permitirse el lujo de dar la espalda a las aspiraciones de 2,6 millones de trabajadores de las administraciones públicas y a sus familias, maltratados desde el comienzo de la crisis económica”, concluye.

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