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El fiscal acusa a los promotores de Hiriko de idear “un plan” para expoliar el dinero público “en su beneficio”

Aitor Guenaga

La Fiscalía de Álava ha presentado una querella criminal contra los seis promotores de Hiriko, el fallido proyecto de crear un coche eléctrico en Euskadi, al considerar que pudieron incurrir en los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, apropiación indebida y falsedad documental. El fiscal Josu Izagirre asegura que los querellados -“sin experiencia, ni infraestructura alguna para el diseño y fabricación de automóviles”, “idearon un plan consistente en que, con el pretexto de poner en marcha un proyecto para construcción de un vehículo eléctricoque iba a ser sufragado en su práctica totalidad con cargo a fondos públicos, conseguir distraer parte de dichos fondos en su propio beneficio o de aquellas personas físicas y jurídicas que ellos decidiesen”.

Los seis querellados son el empresario Jesús María Pancracio Echave Román, muy relacionado con el PNV; Fernando Achaerandio Díaz de Guereñu, Francisco Javier Calera Marco, Íñigo Antia Vinos -exconcejal en vitoria por el PNV-, José Luis Bengoetxea Pierregues y José Barreira Lorenzo, además de la asociación Afypaida, la Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Automoción, “empresa matriz” del proyecto. Este fallido proyecto, desarrollado por un grupo empresarial vasco y el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), obtuvo una subvención de unos 15 millones de euros del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -en dos convenios firmados en junio de 2010 (5,7 millones) y en julio de 2011 (9 millones). De estos, se abonaron 2,7 millones en 2010 y 12 millones en 2011.

Además, el proyecto obtuvo de Gobierno vasco, entonces liderado por el lehendakari Juan José Ibarretxe, casi un millón de euros (944.524,48 euros a través de diversos programas) y 30.000 del programa Ekintzail de la Spri. En el caso de la Diputación de Álava, las ayudas sumaron 37.000 euros (se presentaron a tres proyectos de innovación de la Diputación, por los que recibieron 19.000, 15.000 y 12.000 euros).

La Fiscalía acusa a los responsables de Hiriko de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración, fraude de subvenciones, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

La querella criminal va dirigida contra responsables de Afypaida, la Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Automoción, “empresa matriz” del proyecto, así como contra directivos de otras muchas firmas que dependían de esta agrupación. Afypaida “se constituye como vehículo que recibe los fondos públicos y los distribuye entre las entidades mercantiles” de la trama.

Servicios no prestados y pagados dos veces

En el relato de los hechos del fiscal, que ocupan un total de 16 folios, Izaguirre describe como para “la ejecución de dicho plan” idearon primero la creación de un entramado societario que lo facilitase“. Además, el otro objetivo de esa red de empresas era que ”en el caso de que el proyecto resultase exitoso todos los beneficios revertirían en los querellados o las personas físicas o jurídicas que ellos decidieran“. Y si fracasaba, ”las administraciones públicas, que financiaban prácticamente en exclusiva el proyecto, no podrían recuperar los fondos invertidos“.

Cuando se presentó el proyecto se citó como promotores del prototipo de coche eléctrico a Afypaida, junto a las empresas Guardian, Sapa, TMA, Forging Products, BRW-Basque Robot Wheels, Ingeinnova y Maser Mic, coordinadas todas ellas por Denokinn, el Centro vasco de Innovación, Emprendizaje y Desarrollo de Nuevos Negocios con sede en Bermeo (Bizkaia).

Entre las actuaciones irregulares enumeradas por el fiscal está el alquiler y las obras en el Edifio Alas, sede de Hiriko. “El señor Echave, con el fin de desviar fondos a favor de sus intereses con cargo a los fondos públicos de los que se nutría el proyecto, ideo un sistema para dar apariencia de legalidad al arrendamiento de la que iba a ser sede del proyecto Hiriko”.

El fiscal apunta también pagos indebidos a la sociedad Circuito del Norte SL, que “solo ha tenido a lo largo de su historia contatada a una persona,el querellado señor Antia”, señala Josu Izaguirre, exedil peneuvista en la capital alavesa y “las transferencias irregurales de fondos” a esa sociedad, tal y como describe en su querella el fiscal.

La querella menciona también servicios contratados con Denokinn, que finalmente no se prestaron y que fueron “abonados por Afypaida dos veces”. Una cantidad de 1.485.000 (más IVA). Y la misma forma de actuar con la empresa Asoc Mik Innovalab. En ese segundo caso, “Afypaida habría abonado 170.000 euros por servicios no prestados”.

El fiscal enuncia hechos similares en el caso de la empresa Microelectrónica Maser SL: se contratan unos circuitos electrónicos para el coche eléctrico que nunca fueron suministrados. En total, el fiscal detalla facturas por valor superior a los 673.575 euros en el caso del segundo contrato. Y también pagos a la empresa Basque Robot Wheels (BRW) por la fabricación de ruedas que tampoco se hicieron. En este caso el contrato era de 1,2 millones de euros. La factura final fue de 1,4 millones de euros.

Cargos del PNV

Este proyecto y el de Epsilon, consistente en crear un coche para competir en la Fórmula 1 y que también fracasó, fue objeto de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco, que en su dictamen final atribuyó “responsabilidades políticas a personas del PNV” que ocupaban cargos en el Gobierno vasco y en las tres diputaciones forales en 2007.

El prototipo del coche eléctrico biplaza, plegable al aparcar, con tracción y dirección a las cuatro ruedas y una autonomía superior a los 100 kilómetros, fue presentado ante la Comisión Europea en Bruselas en enero de 2012 y se decía que en 2013 estaría preparada la primera cadena de montaje para iniciar la producción, a razón de 7 a 8 unidades a la hora, cuyo precio para particulares rondaría los 12.500 euros.

El proyecto fue uno de los estandartes de la tecnología vasca del futuro y se firmaron distintos acuerdos internacionales para su distribución, pero finalmente no se llegó a comercializar ni a concluir su desarrollo al alegar problemas presupuestarios.

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