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GALICIA

Feijóo responde a la marea de presunta corrupción con un "código ético" sin consecuencias legales

El Gobierno gallego aprueba un texto para vetar las "dádivas" a los altos cargos aunque el único límite legal será el marcado en la lei de transparencia del 2006, aprobada por el Ejecutivo de coalición de de PSdeG y BNG.

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Feijóo recuerda que la presunción de inocencia se aplica a todo el mundo

Feijóo, tras la reunión semanal del Gobierno gallego

En los primeros días de enero de 2011 el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, estaba de viaje en Brasil. Entre críticas de la oposición, el Gobierno gallego aclaró que el periplo del presidente era privado, unas vacaciones sufragadas de su bolsillo que, no obstante, siguieron suscitando críticas por lo que las fuerzas políticas distintas del PP veían como una ausencia excesivamente prolongada. Aunque el Gobierno gallego intentó quitarle hierro al asunto limitándolo a la vida personal de Feijóo, en aquellos días presentó con aire de solemnidad un "código ético" para regular los viajes institucionales. Ese esquema de acción-reacción acaba de repetirse con matices en estos días, en plena marea de noticias sobre casos de presunta corrupción, sobre todo vinculadas a las revelaciones del sumario de la Operación Pokémon.

A mediados del pasado marzo, coincidiendo con la salida a la luz de nuevos datos de la supuesta trama corrupta, el propio Feijóo anunciaba que su Gobierno se disponía a aprobar un nuevo "código ético" para vetar los regalos a cargos de la Administración autonómica. Ese texto llegó este jueves al Consello da Xunta como paso previo a mostrárselo a los sindicatos y unirlo al texto sobre los viajes. Si bien es cierto que, según lo avanzado por el Gobierno –aún no ha mostrado el texto íntegro– queda prohibida la recepción de regalos para los altos cargos y demás personal de la administración autonómica, no lo es menos que saltarse el código no tendrá ninguna repercusión legal.

"Se regula de forma concreta y se restringe de modo claro lo que puede ser entendido como cortesía institucional", informa la Xunta, que deja fuera de la limitación "artículos de propaganda o publicidad" de "escasa entidad" y que, en todo caso, no superen un "importe máximo de 90 euros". Más allá de esta indicación sobre regalos, "dádivas, beneficios o favores para sí mismos o para su círculo familiar inmediato", la única repercusión legal será la derivada de la Ley de Transparencia de 2006, que en su artículo 15.2 indica que los cargos de la Xunta, el personal de gabinete y los dirigentes de empresas públicas "no aceptarán regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones".

Cuando se aprobó dicha ley, durante el mandato de la coalición de gobierno formada por PSdeG y BNG, los conservadores gallegos, ya con Feijóo al frente, consideraron que "la normativa aplicable hasta lo de ahora en la Administración pública gallega regulaba de forma suficiente y clara la materia de que se trata" y veían que el texto no aportaba "novedades" que lo "justificasen". Durante el trámite parlamentario llegaron a caricaturizar la norma como "ley de la página web de la Xunta", considerándola "ridícula".

Indicaciones sobre paraísos fiscales

Entre las novedades presentadas este jueves figura también que la "detección" de cuentas en paraísos fiscales será motivo de cese para el presidente o los conselleiros y conselleiras. Al mismo tiempo, estos cargos "no podrán recibir retribuciones por su participación como ponentes en congresos, seminarios, jornadas de trabajo y cursos de carácter profesional", una limitación que no afectaría al resto del personal.

En el mismo paquete la Xunta incluye también la "homologación" de las "normas de funcionamiento" de los procesos selectivos en el seno de la Administración autonómica. Se trata, en síntesis, de explicitar el cumplimiento de la ley en materia de "confidencialidad de los ejercicios de las oposiciones" o de la "custodia de los exámenes", aspectos que la propia Xunta ya había anunciado y que ahora se incluyen en un código ético que, según avanza el Gobierno, también tendrán que asumir las empresas que obtengan contratos públicos de la Xunta.

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