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El Ayuntamiento de Madrid inicia el "largo proceso" para recuperar los pisos vendidos a fondos buitre

Marta Higueras anuncia que se decreta la "nulidad radical" del proceso de venta, un procedimiento que ahora la Comunidad de Madrid debe ratificar y se pueda iniciar el proceso judicial para recuperar los inmuebles

El Consistorio de la capital se sumará a la querella de los afectados que solicitarán la reapertura de la causa

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La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, durante la rueda de prensa.

La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, durante la rueda de prensa. Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha decretado la "nulidad radical" del proceso de la venta de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos buitre por parte del Gobierno de Ana Botella, un procedimiento por el que el Consistorio inicia la vía legal para revertir la venta de los inmuebles y recuperarlos. El Ayuntamiento de Carmena llega a esta conclusión después de haber estudiado el informe de la Cámara de Cuentas en el que se establecen "una serie de irregularidades" en la operación de venta de las viviendas.

Las "dificultades" que ha detallado la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, pasan en una primera instancia por que ahora la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid ratifique dicha nulidad radical, para que el proceso juducial se inicie. "Nos parece impensable que la Comunidad de Madrid pueda decir que no con todos los indicios", ha asegurado Higueras que se ha mostrado optimista en este aspecto, aunque no tanto en el hecho de que para que la respuesta sea válida y se inicie el proceso, la Comunidad de Madrid tiene que pronunciarse antes del 30 de junio de 2017.

Otra de las dificultades que Marta Higueras ha detallado se refiere al hecho de que se trata de un "proceso largo" que durará entre "ocho y diez" años y por el que el Consistorio pagará al menos "30 millones de euros" en costas, en caso de que pierda el pleito.

Si el resultado fuera favorable, el coste para el Ayuntamiento sería "muy superior". Además de devolver el dinero que se percibió por la venta (128 millones de euros), se tendrían que pagar intereses y un importe por daños y perjuicios. "Se trata de una cantidad que no podemos determinar pero que es muy superior [a los 30 millones en costas], ya que serían las empresas las que fijarían el importe relativo a los daños y perjuicios", ha reconocido Higueras.

Vía penal

Como ya anunció la propia Marta Higueras, el Ayuntamiento se personará en la querella presentada por los afectados por la enajenación de los inmuebles construidos con fondos públicos que fue archivada.

En caso de que los afectados no solicitasen la reapertura de la causa, que Higueras ha dado por hecho que sí se producirá, el Ayuntamiento de Madrid pondrá las actuaciones en conocimiento de la Fiscalía.

Finalmente, el Ayuntamiento de la capital está estudiando la posibilidad de acudir a la regulación americana contra los sobornos y denunciar a los fondos americanos Magic Real State y Blackston. "Tendríamos que acreditar la connivencia de los compradores", un proceso que se podría llevar a cabo si la querella de los afectados a la que el Consistorio se va a sumar se admitiera a trámite.

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