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Las irregularidades del campo de golf de Aguirre que la justicia ha ordenado cerrar

Cristina Cifuentes y Manuela Carmena se ponen de acuerdo en intentar salvar parte de las instalaciones que la justicia ha ordenado derruir

Las instalaciones cerrarán el próximo 16 de febrero

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Esperanza Aguirre e Ignacio González en la inauguración de las instalaciones en marzo de 2007.

Esperanza Aguirre e Ignacio González en la inauguración de las instalaciones en marzo de 2007.

La empresa que gestiona el campo de golf del Canal Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí ha puesto este martes fecha a su cierre: el 16 de febrero cesarán todas las actividades deportivas y las instalaciones echarán el candado. Este anuncio por parte de GolfCanal, llega después de una decisión judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaró ilegal el polideportivo y exigió su derribo.

Aguirre se aferró a todas las maniobras posibles para sacar adelante un proyecto que ha estado rodeado de polémica desde que se construyó, en 2003. La Comunidad de Madrid ha ido acumulando reveses judiciales por las obras y críticas por su funcionamiento. La actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid invirtió en las instalaciones del Canal 50 millones de euros. El campo de golf,  que ocupa casi un cuarto de la superficie total de todo el recinto, ha estado en cuestión desde el principio. Entre otras cosas porque se  adjudicó su gestión —con el voto a favor de Ignacio González que entonces presidía el Canal Isabel II— a la empresa Tecnoconcret S.L., creada solo seis semanas antes, sin experiencia en el sector y entre cuyos dueños figuraba un socio de su hermano y de su cuñado.

El Gobierno del entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, nunca apoyó el proyecto. La Comisión de Patrimonio hizo un informe desfavorable y el área de Urbanismo denegó la licencia. La expresidenta de la Comunidad de Madrid quiso esquivar las normas urbanísticas municipales alegando "interés general". Para ello, se aferró al artículo 161 de la Ley del Suelo. Fue entonces cuando la asociación de vecinos El Organillo llevó a la justicia las obras y llegó la primera sentencia del TSJM, quien negó que existiera tal "interés público".

Ante esta decisión judicial, la Comunidad de Madrid presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que en 2013 declaró la obra ilegal y falló en favor de la asociación de vecinos. A pesar de ello, el ejecutivo regional insistió en salvar el proyecto y ese mismo año elaboró un plan especial para legalizarlo, esta vez con el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella al frente.

Este plan, que inició Aguirre y continuó Ignacio González, buscaba legalizar los usos deportivos que se habían dado a la instalación, entre ellos el del campo de golf. Otra asociación vecinal, Parque Sí, intervino e interpuso un recurso contra esta maniobra y el TSJM, el pasado mes de septiembre, volvió a dar la razón a los vecinos. El tribunal declaró su nulidad de pleno derecho y estableció que se deben adoptar las medidas necesarias para "la reposición y restablecimiento de la parcela a su estado físico anterior a la ejecución de las obras".

Los fallos judiciales no amedrentaron a Esperanza Aguirre ni a Ignacio González. Ha sido el Gobierno de Cristina Cifuentes quien, tras recibir un auto judicial en diciembre, ha ordenando el cierre de las instalaciones y va a poner fin a la actividad del polideportivo. El ejecutivo regional, a su vez, está intentando salvar parte del recinto reportivo mediante un acuerdo con el Ayuntamiento de Manuela Carmena.

Comunidad y Ayuntamiento se ponen de acuerdo

El consejero portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha explicado tras la rueda de prensa del consejo de Gobierno que pretenden llegar a un acuerdo con el Gobierno municipal para evitar que se tenga que demoler el complejo en su totalidad. Garrido ha comentado que la Comunidad interpuso un recurso para tener más tiempo para el desarrollo del plan de demolición pero, hasta que obtengan la respuesta del tribunal, tratarán de salvar una parte. 

"Seremos facilitadores en eso, tanto en salvar esa parte, como en darle legalidad", ha asegurado a eldiario.es el concejal de distrito, Jorge García Castaño. "Nuestra posición es clara, queremos conservar la parte más básica de las instalaciones deportivas", ha explicado. La parte que tanto Ayuntamiento como Comunidad quieren mantener es "la que no está en cuestión ni por entidades, ni por las asociaciones denunciantes". Es decir, los campos de fútbol y pádel que por el momento cesarán su actividad el próximo 16 de febrero. 

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