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IU denuncia que el Gobierno del PP en Piélagos dejó sin liquidar multas por valor de 180.000 euros

Esa cifra aparece al sumar sendas sanciones urbanísticas de 90.151,81 euros impuestas a la Junta Vecinal de Arce y a la constructora Copsesa

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Izquierda Unida denuncia que el Ayuntamiento de Piélagos ha dejado de percibir 180.303,62 euros al no liquidar dos sanciones urbanísticas impuestas a la Junta Vecinal de Puente Arce y a la constructora Copsesa por valor de 90.151,81 euros respectivamente.

"Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando descubrimos, mientras revisábamos las relaciones entre las Juntas Vecinales y el Ayuntamiento, que la sanción no había sido ejecutada", señala el concejal de IU en la localidad, Rubén V. Carrillo, que remarca la situación de "bloqueo" generada, pues al no liquidarse la sanción se corría el riesgo de que prescribiese.

Según sus datos, la historia de esta multa sin cobrar comienza en 2013. A principios de ese año, se iniciaron unos trabajos de tala y relleno de un terreno de alisos en una finca comunal propiedad de la Junta Vecinal de Arce, situada junto al río Pas en una zona de protección del POL y de Costas, y a escasos 20 metros, entonces, del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), junto al río. "El objetivo, con el tiempo se supo, era establecer un vertedero ilegal", remarca el edil a través de una nota de prensa.

Al detectar esa actuación, SEO/Bird Life y Ecologistas en Acción Cantabria la denunciaron ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), la Dirección General de Montes, la Demarcación de Costas y la Consejería de Medio Ambiente, pidiendo la paralización de los movimientos de tierras y las talas, algo que llevo a cabo el SEPRONA.

Así, las diferentes administraciones implicadas requirieron al Ayuntamiento de Piélagos, gobernado entonces con mayoría absoluta por el Partido Popular, que abriese un expediente sancionador urbanístico tanto a la empresa como a la Junta Vecinal, gobernada entonces, como ahora, por José Manuel Alegría (PP). Dicho expediente finalizó el 11 de febrero de 2014, cuando el Pleno del Ayuntamiento impuso las multas señaladas.

"Son más de 180.000 euros que el Gobierno del PP decidió no cobrar para beneficiar a una empresa privada, muy vinculada a la administración pública, y a un compañero de partido", subraya el concejal de la formación de izquierdas.

"Siguiendo nuestra vocación de servicio público, y como no podía ser de otra forma, hemos puesto esta anomalía en conocimiento de la alcaldesa, Verónica Samperio (PSOE), quien nos ha asegurado que ha procedido a la ejecución inmediata de las sanciones", concluye el representante de IU en Piélagos.

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