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Sobre suelo no urbanizable

Los afectados tienen todo el derecho a defender lo que es suyo porque se les engañó. Pero desobedecer las sentencias de derribo o modificar los planeamientos urbanísticos ad hoc daría alas a los verdaderos culpables, a los que no respetan el territorio, para repetir la historia.

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Los propietarios de viviendas con sentencia de derribo en una de sus marchas reivindicativas.

Los propietarios de viviendas con sentencia de derribo en una de sus marchas reivindicativas.

En Alcaucín, una pequeña localidad de la comarca malagueña de La Axarquía, el presidente del colectivo 'Save Our Homes Axarquía' y concejal de Urbanismo por Los Verdes hasta mayo de 2015, ejerce en la actualidad de afectado y alcalde, al mismo tiempo, tras presentarse a las municipales del año pasado, bajo las siglas de Ciudadanos.

'Save Our Homes Axarquía' ha dado el salto a la política para “intentar” legalizar cientos de viviendas que sus predecesores permitieron levantar en suelo protegido y no urbanizable haciendo caso omiso a informes medioambientales y jurídicos. Tres exalcaldes de La Axarquía han entrado en la cárcel por delitos contra la ordenación del territorio. Viviendas que el belga Mario Blancke, actual regidor de Alcaucín y todavía presidente de un colectivo equiparable a AMA, en Cantabria, lucha por legalizar a través de instrumentos que la administración cántabra lleva tiempo intentando poner en práctica.

Instrumentos legales desestimados por el tribunal y que, hasta ahora, solo han servido para estirar el sufrimiento de los afectados.

En La Axarquía, buena parte de los afectados son británicos; los representantes que conforman la asociación que trata de evitar el derribo de esas viviendas, también. El colectivo cuenta con el respaldo del Reino Unido, que ha ejercido presión sobre la Junta de Andalucía para salvar miles de viviendas ilegales y resolver el “problema” de sus compatriotas, dueños de edificaciones irregulares en la costa andaluza.

La modificación de la ley urbanística contemplaba regularizar entre 20.000 y 25.000 casas ilegales, principalmente construcciones aisladas ubicadas en municipios de Almería y Málaga, donde se concentra el problema con los ciudadanos británicos que desconocían el origen ilegal de los terrenos cuando los compraron.

A los vascos les ha ocurrido lo mismo en Cantabria. "El que quería una casa en la playa venía aquí", explican desde ARCA, que ha llevado a los tribunales a todas esas urbanizaciones que han destrozado el paisaje de municipios como Argoños, Arnuero o Piélagos. Según Greenpeace, Cantabria es después de Valencia la comunidad autónoma con más construcciones artificiales en los primeros cien metros de costa. Durante los años del boom inmobiliario dimos la bienvenida al turismo vasco sin vacilaciones, sin condiciones y regalando al ladrillo lo que, supuestamente, protegía el reglamento.

En Andalucía o en Cantabria, víctimas somos todos. Sin embargo, mañana solo acudirán los propietarios de las viviendas ilegales a la protesta que ha convocado AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, para reclamar una solución al Gobierno y a los ayuntamientos. Una solución que nos convierte en afectados al resto, sea cual sea el desenlace final.

Los nuevos planes generales parece que se estén redactando con el único propósito de salvar lo ilegal. Las leyes que ha aprobado hasta ahora el Gobierno de Cantabria con el respaldo del Parlamento -la figura de las autorizaciones provisionales, por ejemplo- son mecanismos para ganar tiempo y evitar cumplir las sentencias. "Trampas legales" que, de momento, no han convencido a jueces y tribunales que exigen un calendario de ejecución a los ayuntamientos.

Los de Argoños y Escalante ya lo han remitido. Son 287 viviendas. Cumplir esas sentencias y derribar también nos convierte en víctimas porque habrá que indemnizar con dinero de todos (con cientos de millones) a los propietarios. Ese dinero no existe. No hay partida presupuestaria para asumir el coste.

No hacerlo sienta un precedente peligroso. Demostraría que las leyes no son garantía suficiente para proteger la costa y que se puede legalizar lo ilegal, simplemente firmando un documento.

Se trata de cambiar las reglas del juego para evitar un coste económico inasumible o de endeudarnos hasta ahogarnos para compensar las irregularidades cometidas hace veinte años. Ese es el dilema del turismo salvaje por el que muy pocos han respondido.

Los afectados tienen todo el derecho a defender lo que es suyo porque se les engañó. Pero desobedecer las sentencias de derribo o modificar los planeamientos urbanísticos ad hoc daría alas a los verdaderos culpables, a los que no respetan el territorio, para repetir la historia.

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