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Lassalle tendrá que hacer frente a una nueva ordenación de la TDT para atender al segundo dividendo digital
Lassalle llega a este nuevo departamento desde la secretaría de Estado de Cultura, puesto desde el que pivotó la aprobación de una nueva Ley de Propiedad Intelectual para luchar contra la piratería. Dos años después, Cultura hacía realidad esta legislación, cuya eficacia ha sido cuestionada desde diversos agentes --en su primer año en vigor, dio como resultado el bloqueo de cinco webs--.
En cuanto al nuevo dividendo digital, que contempla la posibilidad de una prórroga hasta 2022, conllevará un proceso de antenización en España, como el que tuvo que llevarse a cabo en 2015 durante el primer dividendo digital --por el que se liberó la banda de los 800 MHz para el desarrollo del 4G móvil--. La Unión Europea de Radiodifusión (UER), que agrupa a las televisiones europeas, ha mostrado su preocupación porque la medida supone volver a mudar canales de TDT.
Precisamente, esta misma semana representantes de RTVE, de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) y de EuropeanBroadcasting Union (EBU) han reclamado la salvaguarda de la TDT al menos hasta 2030, al tiempo que han pedido que la Unión Europea dé flexibilidad a España para que este segundo dividendo digital se prolongue hasta 2022.
Por otro lado, Lassalle deberá definir la posición y el papel de España en el proceso de construcción del mercado único digital en la Unión Europea que, hasta ahora, ha sido muy activo, tanto por el trabajo de la delegación española en el Parlamento Europeo como de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI).
Pese a la oposición de ciertos sectores, el exministro José Manuel Soria siempre defendió la creación de un mercado único digital en la Unión Europea que permitiera aprovechar todas las oportunidades que ofrece la era digital, y advertía de que la fragmentación actual comunitaria en este sector impide obtener todos los beneficios posibles.
Finalmente, Lassalle podría colocar también entre sus retos la actualización de la actual Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, que data del año 2002.
