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La Fiscalía archiva la investigación por presunto trato de favor a defraudadores en Bizkaia

El inspector jubilado que destapó el 'caso Ibarra', José Delfino Suárez, aseguró que se beneficiaba a chatarrerías

La fiscal de Bizkaia, Carmén Adán, concluye que no hay ningún tipo de delito tras seis meses de pesquisas

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Carmen Adán, en el centro, junto con los otros fiscales vascos. EFE

La Fiscalía de Bizkaia ha dado carpetazo a una  investigación contra la Hacienda foral iniciada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción tras la denuncia de un inspector retirado, José Delfino Suárez, que sostenía que la Diputación beneficiaba deliberadamente a determinadas empresas que cometían fraude fiscal (especialmente vinculadas al sector de la chatarra) causando un importante quebranto económico para las arcas públicas, valorado por él mismo en millones de euros. “Nada de lo alegado ni de lo que pueda extraerse de declaraciones testificales o documentales a lo largo de estos meses acredita la existencia de delito”, replica la fiscal-jefe vizcaína, Carmen Adán, que inició las pesquisas en diciembre y las ha dado por concluidas en junio.

Suárez, ya jubilado, es el mismo denunciante que en 2003 alertó de las irregularidades conocidas como  ‘caso Ibarra’ y que años después, con el apoyo de la propia Adán, acabaron en condena firme de cárcel contra el alto funcionario de Hacienda José Ramón Ibarra precisamente por beneficiar a determinados contribuyentes morosos. Ahora sostenía que las revisiones especiales que su grupo realizaba en chatarrerías (un sector especialmente propenso a la evasión fiscal, según algunas fuentes) no se traducían en sanciones, sino que algunas empresas eran excluidas del plan de inspección y que otras veían minorado su castigo.

Según la Fiscalía, “no es tan claro” como refleja la denuncia el procedimiento de inclusión automática en el plan de inspección de las empresas analizadas, ya que han de valorarse otros criterios al margen del dictamen inicial de los funcionarios. De hecho, Adán subraya que el propio denunciante excluyó a una compañía previamente inspeccionada en un momento posterior. Insiste en que el delito de "prevaricación" exige que la resolución administrativa sea injusta “a sabiendas”. Añade que, excepto que haya “clamorosas omisiones”, no es competencia de la jurisdicción penal analizar si unos inspectores practican “más o menos diligencias” contra el fraude fiscal.

En declaraciones a elespanol.com, el denunciante lamenta (aunque respeta) el archivo de la causa y se ratifica punto por punto en sus acusaciones. Asegura que la Hacienda de Bizkaia mantiene “bajo protección” a determinadas chatarrerías y remarca que hay “millones” defraudados. Cuando se destapó el caso, la Hacienda foral, controlada por el PNV, criticó el daño innecesario a su imagen cuando la lucha contra la picaresca es una de sus prioridades.

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