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Aborto y objeción de conciencia, una tensión en busca de soluciones

La profesora de Bioética de la Universidade da Coruña Rosana Triviño explica por qué defiende que la objeción de conciencia no debería ser intocable en cuestión sanitaria si impide la prestación de un servicio legal.

“La ley tiene que permitir esa objeción con la creación de un listado, en el que cada persona dé sus razones, pero también garantizar que se presta este servicio”, dice en referencia a la interrupción voluntaria del embarazo.

Triviño presenta este jueves en Pamplona su publicación ‘El peso de la conciencia. La objeción en el ejercicio de las profesiones sanitarias’.

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Miles de personas se manifiestan en Madrid contra la ley del aborto

Una manifestación en Madrid contra los cambios en la Ley del Aborto / Foto: Efe.

¿La objeción de conciencia tiene límites? La pregunta genera controversia, porque ahonda en un tema vinculado a las creencias de cada persona, y no solo las religiosas, aunque a menudo se ha reducido a ellas. ¿Y qué pasa si la objeción de conciencia, aplicada en cuestiones sanitarias, choca con las necesidades de los y las pacientes? Esta es la pregunta que se plantea Rosana Triviño Caballero en el libro El peso de la conciencia. La objeción en el ejercicio de las profesiones sanitarias. Esta autora extremeña, que fue fisioterapeuta en atención primaria, después se licenció en Humanidades y se doctoró en Filosofía Política y Moral, investigó para el CSIC en este tema durante su tesis doctoral y ahora recoge los resultados en esta publicación (que salió a la luz en noviembre de 2014) que, es consciente, genera debate porque su conclusión es que debe haber “un hueco” en la objeción de conciencia que permita atender las necesidades de otras personas. Por ejemplo, al abordar la interrupción voluntaria del embarazo.

Triviño hablará este jueves sobre el tema en una charla organizada en la librería Katakrak de Pamplona (a partir de las 19:00 horas), junto a representantes del personal sanitario. Triviño entiende que acudir a la capital navarra con este tema genera interés precisamente por el debate surgido en torno al aborto, después de que, en septiembre de 2014, el Tribunal Constitucional avalara la ley navarra para la creación de un registro de objetores entre el personal médico, un paso clave (propuesto por el PSN en 2010, que salió adelante gracias al apoyo de la oposición y el voto en contra de UPN y CDN) para organizar los recursos sanitarios y así garantizar la realización de abortos en la sanidad pública. Hasta el momento, el sistema funciona en la Comunidad Foral tramitando, sin coste para la usuaria, este tipo de prácticas en la clínica privada de Ansoáin, abierta en 2011 y donde se practican entre 700 y 800 interrupciones al año.

Esa ley fue una respuesta a la polémica surgida en su día que, por movilizaciones y las dudas de profesionales sanitarios al practicar abortos, impedía (e impide) realizar estas prácticas directamente en el sistema sanitario público: “Navarra es un caso llamativo, porque hubo objeciones en bloque, después ha habido quien alega que sí haría esas interrupciones pero que el Gobierno lo impide… La realidad, por tanto, a menudo se desconoce”. “No es cierto que no se contemple la objeción de conciencia en temas que son moralmente controvertidos, en los que no todo el mundo está 100% de acuerdo, pero se puede encontrar un hueco”, explica. Y este pasa por que “la ley permita esa objeción, con un proceso, un listado, pero que la prestación esté también garantizada”.

Para la autora, la clave en este debate es la relación entre el personal sanitario y su conciencia y los códigos de los y las pacientes, que en este caso, en su opinión, están en una posición “más vulnerable”. Triviño, ahora profesora de Bioética en la Universidade da Coruña, reconoce de entrada su oposición a las pegas para realizar una interrupción voluntaria del embarazo, al tratarse de una práctica legal. Por ello, aboga, y este es el punto más sensible, por dar la vuelta a este debate, y no plantear tanto la exigencia entre las usuarias que deciden dar este paso como entre el personal que defiende ser objetor para no practicarlo: “Me parece importante que cada persona dé sus razones, que explique por qué se salta una norma legal y establecida, porque, al final, hay que tener claro que se trata de una excepción a la norma. Es algo que no puede ser incuestionable. Un servicio, por ejemplo, no puede objetar en bloque. Y tiene que saberse, no debe hacerse de forma oculta porque eso siempre es malo”.

¿Unas objeciones valen más que otras?

El debate de fondo son las presuntas objeciones falsas, convertidas en un argumento en este caso contra el aborto: “La objeción de conciencia parece haberse convertido en un refugio para mentalidades más conservadoras. Parece servir para rotos y descosidos”. Por ello, Triviño cree que desde la Administración debe velarse por que haya profesionales capaces de realizar estas interrupciones.

El tema es delicado porque se puede ver como una intromisión en el sentimiento religioso, más claro en debates como el del aborto, pero la objeción de conciencia también ha sido objeto de debate en cuestiones como las reticencias a las vacunas, la negativa a hacer el servicio militar o la razón alegado por profesionales sanitarios para seguir atendiendo a personas en situación administrativa irregular tras la llamada exclusión sanitaria. Así, la pregunta clave es dónde se pone la línea roja, ya que se puede dar más valor a unas objeciones de conciencia que a otras. Triviño, consciente de las críticas, defiende que su planteamiento final es cuestionar la rigidez de cada creencia, respetar las convicciones siempre que no sean discriminatorias, pero, sobre todo, “que no puede haber conciencias intocables mientras otras se lanzan por la ventana. Debemos tratar de entender al otro”.

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