El epígrafe relativo al autogobierno contenido en el pacto entre el PNV y el PSE expresa la parálisis de la política vasca en este ámbito en los últimos años. Insiste en planteamientos muy manidos que, muy probablemente, serán rentables para el PNV pero que difícilmente contribuirán a resolver los problemas del Estado autonómico, aportando mayor calidad, solidez y estabilidad al sistema político. Ciertamente, esta objeción puede ser fácilmente despreciada: ¿quién ha dicho que el PNV tenga algún interés en que el sistema político español resuelva sus problemas? El drama para quienes aquí vivimos es que si no lo logra corremos un serio peligro de volver a hundirnos. Y el País Vasco difícilmente se librará.
Los medios de comunicación han prestado especial atención a los compromisos sobre la elaboración de una propuesta de reforma del autogobierno, resaltando las referencias a la condición de Euskadi como nación y al derecho a decidir. Pero no hay nada significativo en ello. Se vuelve a acordar la creación de una Ponencia parlamentaria para elaborar la propuesta de reforma del Estatuto de autonomía. Una propuesta de reforma del Estatuto que se pretende que concite “el mayor consenso” y que se tramitará “respetando el ordenamiento jurídico”. Y se precisan algunas de las cuestiones que se debatirán en la misma, entre las que están las reseñadas; a las que se sumarán las que propongan los demás partidos, como corresponde a un órgano de este tipo. Pero esa misma Ponencia ha estado deambulando durante toda la pasada legislatura, sin resultado; ¿lo conseguirá ahora? ¿con qué grado de consenso?
En mi opinión, resultan más preocupantes dos aspectos del texto que, sin embargo, han pasado más desapercibidos en la opinión publicada. Por una parte, la insistencia en el victimismo, tan querido al nacionalismo vasco. No solo el Estado incumple el pacto estatutario, sino que, además, es necesaria una “reformulación que ponga en valor el autogobierno vasco y sus singularidades históricas, jurídico-institucionales y culturales propias”. ¿Cuáles son esas singularidades que no están acogidas -y garantizadas- en el Estatuto actual? ¿No es el euskera lengua oficial? ¿No están reconocidos los Territorios Históricos, titulares de la competencia de auto-organización institucional? ¿No disfrutamos del sistema de Concierto Económico, precisamente porque la Constitución reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales? Entonces, ¿de qué se trata?
En esta línea sigue siendo indispensable la aparición de una larga lista de competencias “pendientes” de transferir; hay que dar la sensación de que hay una gran parte del Estatuto que está sin cumplir, lo que no es cierto, en absoluto. No solo se trata de aspectos puntuales de una materia, sino que la mayor parte de las veces, la pretensión de las instituciones del País Vasco son muy discutibles. Se incluyen aeropuertos y puertos de interés general, cuando la Constitución reserva su competencia al Estado; o el servicio meteorológico, también reservado al Estado, a pesar de que el País Vasco ha desarrollado su propio servicio. El acuerdo establece el carácter prioritario de dos competencias: prisiones y la “gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. La primera no tendría que plantear problemas jurídicos; pero en la segunda habrá que precisar qué contenido puede tener la referencia estatutaria, porque la Constitución reserva al Estado, precisamente, la competencia exclusiva en “régimen económico de la Seguridad Social”, aunque “sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas”. ¿Es la “ejecución de los servicios” de la Seguridad Social lo que el PNV entiende por 'gestión del régimen económico de la Seguridad Social'? No es eso lo que parece deducirse de lo que suelen decir.
Con todo ello, el acuerdo parece situarnos en la casilla de salida... de mediados de los años 90. Pero sobre estos mimbres se construyó, en su día, la justificación del plan Ibarretxe.
Pero, por encima de todo, en este planteamiento se echa de menos un diagnóstico de los problemas del sistema autonómico -que, a mi juicio, son importantes- y los remedios necesarios para corregirlos, de forma general. El documento parece presuponer que la suerte del País Vasco es independiente de la que corra, en general, el sistema autonómico. En el mejor de los casos, será una solución transitoria; y el riesgo, la desestabilización del sistema autonómico, en su conjunto.
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