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Ausbanc financió el acoso judicial de Manos Limpias contra el concejal Guillermo Zapata

La supuesta asociación de usuarios de banca pagó la multa al seudosindicato tras ser condenado por una "denuncia maliciosa" contra el concejal de Ahora Madrid por tuits que había mandado años antes

Pineda admitió al juez que Ausbanc también sufragó la fianza de Manos Limpias para querellarse contra el número dos de Podemos, Íñigo Errejón, por su beca universitaria

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Manos Limpias pide la detención de Mas por convocar elecciones plebiscitarias

Manos Limpias pide la detención de Mas por convocar elecciones plebiscitarias EFE

Parte del dinero que Ausbanc obtenía del chantaje a las entidades bancarias lo empleó para financiar una campaña que el seudosindicato Manos Limpias emprendió contra Podemos y Ahora Madrid a través de denuncias judiciales que luego sus representantes aireaban en los medios de comunicación. Todo está por escrito en los informes policiales del sumario Nelson, que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que propició la detención de los cerebros de la trama: Miguel Bernad, líder de Manos Limpias, encarcelado por los delitos de extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal y estafa, y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, al que además de los cargos anteriores se le imputa administración desleal y fraude de subvenciones y que sigue en prisión desde el pasado 18 de abril.

Las escuchas policiales incorporadas a la causa, a las que ha tenido acceso eldiario.es, evidencian que Ausbanc sufragó al menos dos procesos judiciales fallidos que Manos Limpias inició contra Podemos y Ahora Madrid. El primero de ellos, adelantado por el diario Público se dirigió contra el número dos de Podemos, Íñigo Errejón, tras destaparse una irregularidad administrativa en una beca que recibió de la Universidad de Málaga.

Ausbanc también corrió con los gastos de la condena judicial que le obligó a pagar las costas a Manos Limpias por iniciar "de manera maliciosa" un doble pleito en dos instancias judiciales contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata. A propósito de una serie de tuits sobre los límites del humor y que Zapata envió desde su cuenta personal cuatro años antes de llegar al Ayuntamiento, Manos Limpias le atribuyó cinco delitos distintos, incluido el de genocidio

El atestado policial del sumario que investiga los presuntos chantajes a entidades bancarias, concluye que "se confirma cómo Ausbanc financia al sindicato Manos Limpias haciéndose cargo del importe de la condena en costas impuesta al sindicato. Asimismo, ese pago se llevará a cabo de forma camuflada bajo la apariencia de prestación de servicios por parte de Manos Limpias a una empresa vinculada a Ausbanc".

A esa tesis llegan los investigadores tras intervenir una "importante llamada" telefónica el pasado 9 de febrero a las 14.05 horas entre el tesorero de Manos Limpias, Alfonso Solé, también imputado en la causa, y Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias. En la charla, concluye el informe de la policía, "el tesorero dice tener instrucciones de Luis Pineda para ver cómo resuelven un tema que hay pendiente de un procedimiento que tenía (Manos Limpias) que abonar un importe del que les resta todavía de una condena en costas (más que posible) que se trata de la condena impuesta por la Audiencia Nacional por haber realizado un 'ejercicio malicioso' acudiendo a la Audiencia Nacional y a un juzgado de Madrid en relación a una querella presentada por Manos Limpias contra los tuits del concejal".

La denuncia de Manos Limpias recopilaba una serie de chistes fruto de un debate sobre los límites del humor negro que Zapata había hecho años atrás sobre judíos y víctimas del terrorismo y atribuía al concejal de Ahora Madrid los delitos de xenofobia, racismo, contra la dignidad de las personas, injurias, amenazas y otro de genocidio. Coincidiendo con esta querella que adquirió gran dimensión mediática, representantes y abogados de Manos Limpias desfilaban por los platós pidiendo la dimisión del edil y responsabilidades a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. El procedimiento ha embarrancado en los juzgados donde se presentó. 

La financiación de Ausbanc también fue clave para que Manos Limpias mantuviese viva durante semanas en los tribunales la causa contra el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, por supuestas irregularidades durante la beca que le concedió la Universidad de Málaga para hacer un estudio sobre la vivienda pública en Andalucía y las políticas públicas relacionadas con ella. Los presuntos incumplimientos –Errejón no realizó los trabajos en el ámbito geográfico que reclamaba la Universidad– derivaron en una doble falta disciplinaria impuesta por la entidad académica.

Manos Limpias quiso ir más lejos y acusar a Errejón de estafa en los tribunales pero el dinero de la fianza –4.000 euros que impuso el juzgado número 13 de Málaga para mantener la querella– lo abonó Ausbanc. Así lo admitió durante su declaración ante el juez Santiago Pedraz, el líder de Ausbanc, Luis Pineda, el 18 de abril.

Pineda confesó que su organización había echado "una mano" a Manos Limpias con aportaciones "de 1.500 a 2.000 euros" para sufragar la querella contra Errejón. El caso naufragó en el Tribunal Supremo pero durante semanas sirvió para que los rivales de Podemos alimentasen un supuesto caso de corrupción que la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, llegó a bautizar como "beca black", en alusión a las tarjetas de crédito que escondieron los gastos personales de 81 altos cargos de Caja Madrid imputados por este escándalo. 

En su comparecencia ante el juez, Bernad declaró que el presidente de Ausbanc, Luis Pineda –su cómplice en los chantajes según la policía–, colaboraba como "asesor jurídico" de Manos Limpias. Según su testimonio, esa relación también se daba en sentido inverso, puesto que Manos Limpias cobró de Ausbanc 40.000 euros por un informe jurídico para analizar resoluciones de distintas instancias judiciales sobre casos de corrupción. Los investigadores sospechan que en realidad se estaban facturando los favores que se hacían ambas entidades formando una red que policía, juez y el fiscal califican de "organización criminal". 

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